La fuerte disputa política entre oficialismo y oposición tras la ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la cuestionada causa Vialidad, que recrudeció con la represión de la Policía de la Ciudad contra militantes frente a la casa de la vicepresidenta, frenó la actividad parlamentaria. Aunque la convocatoria no había llegado a ser oficializada, las autoridades de la Cámara de Diputados tenían previsto sesionar este miércoles con un temario consensuado con las principales bancadas legislativas, pero el tenso escenario derivó en que fuera pospuesta aun sin fecha. En el Frente de Todos quieren evitar que la confrontación política y la interna de Juntos por el Cambio --que dirime si profundizar o no la represión en las calles contra los manifestantes kirchneristas-- termine por dinamitar en el recinto los precarios acuerdos alcanzados y ponga en riesgo proyectos urgentes del Gobierno, como la prórroga de una serie de impuestos nacionales que vencen a fin de año y el consenso fiscal que avalan los gobernadores de todos los signos políticos. Por ahora, la agenda legislativa en las comisiones de la Cámara baja y el Senado se mantiene.

Sesionar esta semana en Diputados, era una de las metas que se había propuesto el oficialismo. Para eso trabajaban la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez, con el propósito de alcanzar una agenda acordada con el resto de la oposición que no hiciera trastabillar la convocatoria.

Pero los vientos políticos que generó la acusación del fiscal Diego Luciani contra CFK (doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) desataron una confrontación con acusaciones cruzadas y hasta el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández que impulsó el interbloque de diputados de JxC --sin posibilidades de que prospere--, complicaron el panorama legislativo. La situación se agravó con la decisión del gobierno porteño de vallar el sábado la casa de la vicepresidenta y de reprimir a los manifestantes que repudiaron esa intervención, en medio del clima cada vez más beligerante.

El Frente de Todos aspiraba a concretar la sesión esta semana, antes de que comience el debate sobre el Presupuesto 2023, que el ministro de Economía, Sergio Massa, debe presentar formalmente el 15 de septiembre. Otro desafío para el oficialismo, tras el bloqueo opositor que dejó sin presupuesto al gobierno para este año.

Entre los temas que la bancada oficialista impulsaba para esta semana figuraban el Consenso Fiscal que avalaron las provincias y la prórroga de impuestos nacionales que vencen a fin de año. Dos proyectos a los que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que votará en contra. La sesión también iba a incluir la renovación de la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la creación de las universidades nacionales del Delta, de Pilar y Saladillo, mientras estaba en duda la inclusión de la ley de Enfermería, que ya tenía dictámenes diferentes de oficialismo y oposición.

Desde Juntos por el Cambio dejaron trascender que la suspensión se debía a que el oficialismo no tenía asegurados los votos para que prosperaran los proyectos impositivos. En realidad, el propio debate había dejado expuesta la grieta dentro de la principal bancada opositora: los senadores radicales que responden a sus gobernadores se diferenciaron de sus socios políticos y votaron en la Cámara alta a favor del Consenso Fiscal, que habilita a las provincias a modificar sus propios impuestos.

Lo mismo sucedería en Diputados, donde los legisladores jujeños, mendocinos y correntinos de la UCR no se plegaron a las críticas de sus compañeros de bancada cuando el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del Consenso Fiscal para llevarlo al recinto. Algo similar se replicaría dentro de Juntos por el Cambio con la prórroga hasta 2027 de los impuestos a las Ganancias; sobre los Bienes Personales; sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria (conocido como impuesto al cheque); el adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; del régimen de monotributo; y el de capital de las cooperativas; así como la prórroga de las asignaciones específicas del IVA (como la porción destinada a sostener el sistema previsional). La mayoría de estos impuestos son coparticipables y reparten su recaudación con las provincias: por eso los gobernadores están interesados en que continúen vigentes.

Sin embargo la dura disputa política le puso, por ahora, freno al debate en diputados.