“Las normas son muy claras. La seguridad de la señora Vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños a cargo de la policía local”, advirtió este lunes el juez Andrés Gallardo al ordenar en una resolución al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que a través de su Ministerio de Seguridad, “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidante de la Nación”. 

Señala que “la policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio” de Cristina Fernández de Kirchner “en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal”. Gallardo convocó también a una audiencia este miércoles a la que deberán concurrir las y los denunciantes y los ministros de seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y de la Nación, Aníbal Fernández.

La denuncia por el espionaje

El gobierno porteño debe acatar la orden de Gallardo, y aunque apele no se suspende la decisión judicial, según allegados al expediente. En el fuero federal se abrió otra causa, que quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, impulsada por integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia (Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés) contra Rodríguez Larreta y D’Alessandro por tareas de espionaje del personal policial que filmaba y tomaba imágenes de los manifestantes que iban a dar apoyo a CFK en forma pacífica. 

El escrito exhibe las fotos de los policías “apostados con cámaras en determinados balcones de viviendas de vecinos de los edificios aledaños” y personal de civil merodeando la vivienda. Una suerte de contra denuncia absurda fue presentada por Patricia Bullrich y otros referentes del PRO contra la propia CFK, Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el dirigente Luis D’Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini por incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad y violación de los deberes, que le tocó al juzgado 6, que subroga Daniel Rafecas. 

La custodia de Cristina Kirchner

Mientras tanto, el ministro Fernández anunció en su cuenta de Twitter “la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la Policía Federal”.

El juez Gallardo explicó que las fuerzas federales son las que ejercen “la dirección y el comando único” en los operativos de control vinculados a CFK, lo que no quita que puedan pedir colaboración a las fuerzas locales. Y alertó: “Cualquier otra solución sería, en términos de desempeño policial preventivo, un verdadero dislate y podría llevar a situaciones de desmadre social y violencia, inconmensurables, en tanto, con un supuesto mismo objetivo, las fuerzas locales y federales, sin un comando unificado podrían tomar decisiones antagónicas y peligrosamente contradictorias”. 

Se deduce que la decisión del gobierno porteño de vallar la cuadra de la casa de la vicepresidenta (cuando se multiplicaban las movilizaciones de apoyo) y llenar el lugar de policías, camiones hidrantes, uso de gases lacrimógenos y otras acciones represivas, no puede entenderse sin una decisión e intención política.

Las denuncias por el vallado

El mismo sábado 27 a raíz del vallado y la gran presencia policias se presentaron amparos ante el fuero contencioso administrativo porteño. El primero fue del dirigente Juan Grabois, quien luego le pasó la posta a la legisladora del Frente de Todos (FDT) Ofelia Fernández; hubo otros de la legisladora Claudia Neira y su colega Claudio Ferreño (FDT) y de los diputados Mariano Recalde y Paula Penacca, entre otros. El juez en funciones el fin de semana, Osvaldo Otheguy decidió no encausar los pedidos de habilitación de turno porque consideró que no había “un asunto urgente”. El lunes ya se juntaron todas las causas en el juzgado de Gallardo, donde fue asignada la primera denuncia.

Los planteos coincidían en señalar la violación de los derechos a la libre circulación, a la libertad de expresión y a manifestarse en la vía pública, pedían remover los vallados y otros obstáculos, limitar el accionar arbitrario e ilegítimo de la policía porteña, evitar detenciones; algunos plantearon la identificación de los agentes que participaron, la prohibición del uso de agentes encubiertos, la portación de armas de fuego y la remisión de todos los registros filmográficos de los agentes. 

Una ampliación de denuncia de Ofelia Fernández hace hincapié en que el operativo, además del uso de tonfas y gases frente a una movilización sin violencia, incluyó las actividades de inteligencia ilegal, por evidentes razones políticas, algo prohibido por la ley de inteligencia. Recordó que la protesta es un derecho que, al revés de lo ocurrido, debe gozar de la protección de la vida y la integridad física de quienes participan. Contra eso, señala, fueron agredidos el periodista Ezequiel Guazzora y los diputados nacionales Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Máximo Kirchner, entre otros.

La Policía de la Ciudad como policía política

En las modulaciones policiales, se conoció con el correr de las horas, era fácil advertir el papel de policía política que asumió la de Rodríguez Larreta:

  • “El gobernador de la provincia (Axel Kicillof) es un manifestante más en este momento. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante a tomar posición por detrás del personal policial”, decía un agente.
  • “Está (Andrés “Cuervo”) Larroque, no tiene fueros ni inmunidad diplomática”, se regodeaba otro en alusión al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.


O sea, el mensaje era que podían reprimirlos libremente o incluso detenerlos. Máximo Kirchner fue agredido e insultado por la propia policía y en las modulaciones, aparece otro mensaje donde alguien dice que “ya no es presidente de la cámara de Diputados”, para colmo con información errónea porque nunca tuvo ese lugar, fue jefe del bloque del PJ.

La orden del juez

El juez Gallardo analizó todas las leyes y resoluciones vigentes, incluso algunas del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich y concluyó que: “no hace falta inventar nada, sino aplicar adecuadamente la ley. Desde la Constitución hacia abajo, dar entidad a lo que las normas disponen. Las normas son muy claras. La seguridad de la señora Vice Presidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños, a cargo de la policía local”. 

El asunto sería más sencillo de resolver, dijo el magistrado si el gobierno local y el federal “fueran del mismo signo político o si al menos existiera, signos opuestos mediante, un nivel de diálogo y acuerdo operativo básico que permita garantía de todos y cada uno de los derechos constitucionales menoscabados. Solo se trata de armonizar las necesidades de unos y otros para impedir que los hechos deriven en situaciones violentas de las que luego haya que lamentarse. Pero, infelizmente, el tema se ha judicializado porque no parecerían existir diálogos fértiles sino imputaciones altisonantes que nos pondrían frente a un peligroso cauce de escaladas simétricas. La democracia no debe sucumbir frente a las tentaciones de la violencia represiva alentada por aquellos sectores que promueven la prevalencia de la facticidad por sobre la legalidad…”.

La resolución señala que las movilizaciones “que dieron origen a la represión por parte de las fuerzas locales” tienen como fin expresar ideas en relación a Cristina Fernández de Kirchner. “No importa si son a favor o en contra, sino lo que cuenta es que son expresiones por o para ella y que impactan en su esfera personal, familiar y social”, sostuvo. Para ella corresponde la custodia federal, que puede variar en dimensión según los sucesos. 

“Para ser bien gráficos y evitar interpretaciones tendenciosas de lo que se va a resolver. Si se produjese un arrebato en el territorio en cuestión lindante con el domicilio de la señora Kirchner o un robo en el kiosco de enfrente de su casa, obviamente esas situaciones corresponden a la policía local (sin perjuicio de que el proceder frente al delito atañe a cualquier efectivo cercano al hecho por imperativo legal). No sea cosa que se pretenda decir ahora que los vecinos de la Vice presidenta quedarán sin protección policial y se los atemorice con esa opción…".

En Comodoro Py

La jueza Capuchetti enviaría este martes el expediente al fiscal Carlos Rívolo para que analice si impulsa una investigación por la denuncia sobre espionaje ilegal, a la que se sumó una ampliación por la presencia de dos volquetes con cascotes cerca de la vivienda de CFK. 

Los diputados de la Comisión Bicameral de Inteligencia recuerdan allí que la Ley 25520 prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales comunitarias, cooperativas, asistenciales culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. 

La inteligencia ilegal, es sabido, ha sido una marca ya desde el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir a opositores (y a los propios). Es ostensible que Larreta apuesta a ponerse todavía más a la derecha. 

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