Más de nueve meses pasaron desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció que finalmente no habilitaría la construcción de un edificio de ocho pisos proyectado dentro de la Plaza Malaver y que anexaría ese lote al espacio verde del barrio de Villa Ortúzar. Esa última promesa, sin embargo, todavía no se concretó y los vecinos y vecinas -que el año pasado a fuerza de protestas y festivales evitaron la construcción del edificio- reclaman ahora al GCBA que "resuelva la situación como sea". "Nos prometieron anexar el lote a la plaza y no queremos pensar que fue por la campaña electoral", advirtieron a Página/12 integrantes de la organización Somos la Malaver. 

A mediados de noviembre de 2021, cuando el GCBA anunció que daría marcha atrás con la habilitación del edificio, vecinos y vecinas celebraron con cautela. "Es una buena noticia pero no tenemos los detalles, por eso seguimos en alerta", sostenían en aquel momento vecines de Somos la Malaver. Durante dos meses, la organización había encabezado la lucha para evitar un absurdo: la construcción de un edificio de ocho pisos en una plaza. La principal sospecha radicaba en que el mecanismo elegido por el Gobierno porteño para frenar la construcción era el de los convenios urbanísticos, cuestionados por las organizaciones barriales y la oposición como la herramienta del GCBA para otorgar a las desarrolladoras inmobiliarias excepciones de construcción a lo establecido por el Código Urbanístico (CUR). 

A través de uno de esos convenios, prometió la Secretaría de Desarrollo Urbano en noviembre, el lote que iba a ser destinado al edificio quedaría disponible para anexar a la plaza en el marco de una especie de triangulación inmobiliaria. La desarrolladora Brody compraría el terreno a Ykonos, la empresa que adquirió el terreno en un principio, y luego lo cedería a la Ciudad como parte de la contraprestación de un convenio, además de hacerse cargo de la construcción del espacio verde. A cambio, el GCBA, a través de su mayoría en la Legislatura, habilitaría una excepción al CUR para que la desarrolladora eleve la altura de una torre que proyecta en Avenida del Libertador. Sin embargo, hasta el momento vecinos y vecinas no tuvieron novedades. 

"Tuvimos un par de reuniones con funcionarios del GCBA. Nos dijeron que iban a tener dificultades para aprobar el proyecto en la Legislatura, ahí nos dimos cuenta de que esto es parte de un entramado más complejo que tiene que ver con que no tienen los votos de los legisladores. Hay bloques que no van a votar un convenio que, aunque tenga esta ventaja, después te mete 11 pisos más en Libertador", señaló a Página/12 Paula, integrante de Somos la Malaver. La vecina recordó que este tipo de proyectos "se votan en paquetes, con la plaza pero con otras cosas que no son tan claras".

Es que el escenario legislativo se puso más difícil para el oficialismo porteño tras las elecciones legislativas del año pasado. A fines de 2021, en la última sesión antes del recambio de bancas, Vamos Juntos logró aprobar los últimos diez convenios urbanísticos puestos en consideración hasta el momento, en la misma jornada en que aprobó la rezonificación de Costa Salguero y la habilitación para que el Grupo IRSA avance con su barrio de lujo en Costanera Sur. Esa sesión, sin embargo, presentó un detalle particular: la Coalición Cívica (CC) votó en contra de los diez convenios en una posición que mantendría ahora. Sin las cuatro bancas de la CC, a diferencia de lo que sucedía el año pasado, en 2022 el PRO no llega a los 31 votos necesarios para aprobar los convenios, ni siquiera con apoyo de otros bloques aliados.

Ante esta situación, Somos la Malaver exige al GCBA "que resuelva la situación como sea". "Nos prometieron algo y no queremos pensar que fue por las elecciones", sostiene Paula, en referencia a que el anuncio de la Secretaría de Desarrollo Urbano llegó durante la segunda semana de noviembre de 2021, justo en la previa de las legislativas. 

Ahora, vecinos y vecinas mantienen la propuesta que ya sostenían el año pasado: que sea el propio Estado porteño el que compre el lote y se haga cargo de anexarlo a la plaza. "El terreno sale alrededor de 300 mil dólares, con todas las propiedades que vende el Estado podría comprarlo tranquilamente", indicó la vecina de Ortúzar sobre el lugar que quedó abandonado desde que, en septiembre del año pasado, la desarrolladora demolió una tradicional casa de la década del '30.

La Plaza Antonio Malaver tiene una historia particular. La creó la Municipalidad de Buenos Aires en la década del '40, al fusionar dos canchas de fútbol. En ese momento no se compraron los lotes de dos esquinas, por lo que allí todavía hay casas bajas. En una de esas esquinas estaba la vivienda tradicional que fue demolida, con un terreno de aproximadamente 190 metros cuadrados. "Para anexarlo a la plaza no hay que hacer nada, tirar unas vallas y nada más, hasta lo podríamos hacer nosotros. No cuesta más dinero que el de comprar el terreno", concluyó Paula.