El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, presentó este martes ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro buscará la "paz total", que incluye la suspensión de órdenes de captura para los negociadores y voceros de los grupos armados ilegales.

El proyecto autoriza a los representantes del gobierno a adelantar diálogos y firmar acuerdos con los grupos armados ilegales para su permitir su reincorporación a la legalidad, a la vez que dispone la suspensión de las órdenes de captura para quienes sean los representantes o voceros de los grupos armados que participen en esos procesos. 

En la misma línea, la habilita al gobierno a disponer una ubicación temporal para los miembros de los grupos armados en zonas en las que "quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura", incluso aquellas con fines de extradición. Tanto esta como otras disposiciones previstas en el proyecto de ley serán sometidas a la supervisión y contralor de organismos internacionales, tal como sucedió durante las negociaciones previas al acuerdo alcanzado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

El texto no establece ningún límite a las propuestas o acuerdos que puede manejar el gobierno, por el contrario, indica que "los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que, para el efecto y de común acuerdo, designen las partes". Del mismo modo, no se prevén plazos para las negociaciones, salvo por el hecho de que algunas disposiciones -como las zonas especiales- tendrán una validez de cuatro años a partir de la aprobación de la ley. 

Tampoco hay limitaciones en qué grupos armados ilegales podrían buscar participar de estos diálogos, ya que se utiliza una definición amplia: "aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas".

Acuerdos parciales y política de Estado

El gobierno y los grupos armados ilegales podrán alcanzar acuerdos parciales "cuando lo estimen conveniente", que también "deberán ser cumplidos de buena fe". Todo lo que esté dentro de los acuerdos, sean parciales o totales, así como en los protocolos que se pacten entre las partes "que tenga como propósito la consecución y la consolidación de la paz, constituye una política pública de Estado", por lo cual la autoridad deberá "garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento".

El proyecto de ley indica que el Estado "garantizará la seguridad humana para la construcción de la paz total" y que todas las autoridades se verán comprometidas en el cumplimiento de los pactos. En esta línea, se creará el "gabinete de paz" que involucrará a todos los ministerios con las políticas. A su vez, los diferentes niveles de gobierno deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz.

Servicio para la paz y fondo único 

La propuesta también crea el servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio. Será de 12 meses, tendrá una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar, e implicará tareas dirigidas a la implementación de la paz, como la alfabetización digital en zonas rurales, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

Además, propone crear un fondo especial que financiará el desarrollo de las mesas de diálogo. En este fondo se unificarían los cuatro que ya existen, incluido el Fondo Colombia en Paz, resultado del acuerdo alcanzado con las FARC que, supuestamente, tenía como único objetivo financiar los programas de implementación derivados del acuerdo.

Este nuevo fondo unificado será gestionado por el presidente y el gabinete de paz, bajo la orientación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, indica la iniciativa. 

Primeros pasos con el ELN

Desde la campaña electoral Petro se compromete a buscar para Colombia lo que denomina la "paz total", que incluye a todos los grupos ilegales, y recibió señales de acercamiento por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo, que se denomina a sí mismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Ya se dieron los primeros pasos con el ELN, que ya había iniciado conversaciones en 2017 con el gobierno de Juan Manuel Santos, suspendidas un año después por el ahora expresidente Iván Duque. Hace tres semanas una delegación gubernamental viajó a Cuba, donde se habían empezado esas conversaciones, y acordó los pasos preliminares con el ELN para restablecer formalmente el diálogo de paz.

La semana pasada, por orden de Petro, la Fiscalía General de Colombia suspendió por tres meses todas las órdenes de captura que se hayan dictado contra los negociadores del ELN desde la suspensión del diálogo en 2018, en una medida dirigida a retomar las conversaciones.