La abogada Diana Vargas presentó este martes ante el Ministerio Público de Paraguay una denuncia penal contra el defensor del pueblo, Miguel Godoy, por el cobro indebido a quienes se declararon objetores de conciencia para no cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. 

En su argumento, la letrada indicó que el defensor habría exigido el pago de derechos o tarifas por aranceles que no son legales a ciudadanos que, teniendo la obligación de prestar el Servicio Militar Obligatorio, se negaron por cuestiones religiosas o éticas. De acuerdo a Vargas, solo quienes se declararon objetores de conciencia antes de 2010 están obligados a pagar una contribución a cambio, ya que en junio de ese año se reformó la norma y ese pago ya no es exigible.

“El defensor del pueblo ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10 que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente”, aseguró Vargas en la denuncia, informaron medios locales.

Asimismo, la abogada indicó que Godoy “se habría aprovechado del desconocimiento y desesperación de los ciudadanos” que debían presentar un certificado de objetor para poder acceder a un puesto de trabajo. En cuanto a esto, añadió que el defensor se dedicó a recaudar fondos de dos maneras diferentes con el correr del tiempo. La primera, durante la pandemia, fue en las colonias menonitas (rama pacifista del movimiento cristiano), y la segunda, este año, a través de un comunicado que envió a empresas informando que sus empleados debían presentar un carnet objetor en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio y pagar una contribución.

“Una empleada doméstica”

En paralelo con la denuncia de la letrada, Godoy también fue acusado de asignar labores de empleada doméstica a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

En diciembre de 2020 la funcionaria Yessica Álvarez envió una serie de mensajes a través del grupo de Whatsapp de la entidad para informar que se encontraba en la búsqueda de una empleada doméstica para Godoy. Durante el intercambio de mensajes, Álvarez añadió que en caso de no conseguir una trabajadora, “una de las chicas” (de la Defensoría) tendría que ir con ella para “ayudar a limpiar la casa del Dr (doctor)” y que todas se turnarían.

Además, Godoy fue acusado de supuestos maltratos, de despidos arbitrarios, de hacer trabajar a los empleados sin cobros extra, de realizar descuentos de sueldo de manera injustificada, de pagar menos del salario mínimo legal vigente y de beneficiar a algunos empleados con recategorizaciones y nombramientos sin tener la antigüedad requerida.