Fue el juicio de lesa humanidad más grande que se hizo en la jurisdicción de Mar del Plata y fue el primero en el que se dictó sentencia a poco de decretada la cuarentena. Fue también una de las excusas que utilizó Juntos por el Cambio –en alianza con abogados de genocidas– para poner bajo asedio al juez Martín Bava, el magistrado que procesó a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Muchos de esos argumentos se cayeron con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de confirmar la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en abril de 2020 y, de esa forma, dejó firme la condena a prisión perpetua de 24 represores.

Entre abril de 2018 y abril de 2020 se celebró en Mar del Plata el juicio de la Subzona 15 en el que se examinó la responsabilidad de integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la policía en lo que sucedió con 272 víctimas. Por la unificación de distintas causas, durante el juicio se pudo ver cómo funcionaba el circuito represivo en Mar del Plata. Durante las audiencias, se analizó lo sucedido en al menos cinco espacios que funcionaron como campos de concentración: La Cueva (Base Aérea), la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), la sede de la Prefectura Naval y la comisaría de Miramar.

Fue la primera vez en el banquillo para 31 represores y la primera vez que un tribunal oral analizó lo sucedido con 97 víctimas. Además, se lo conoció como el juicio de los hijos por la cantidad de declaraciones que se escucharon por parte de hijos e hijas de detenidos-desaparecidos. Entre ellos, declaró Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Cecilia fue secuestrada en julio de 1977 en Mar del Plata, alojada en la Base Naval y llevada a dar a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí, el marino Jorge Vildoza se apropió de su bebé. Ella fue mantenida con vida hasta los primeros meses de la democracia. Su mamá logró grabar algunas comunicaciones que mantuvo con Cecilia. Cuando el caso se denunció, las llamadas cesaron.

Entre los condenados estuvieron los responsables de la subzona y del área 151 Virtom Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga (también condenado por la represión en La Tablada en 1989), Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suarez y Fortunato Valentín Rezzet. Ellos fueron seis de los 28 represores que recibieron la pena de prisión perpetua. Otros siete recibieron penas de entre siete y 25 años, mientras que otros cinco fueron absueltos. De todos ellos, ocho murieron desde abril de 2020 y dos fueron apartados por incapacidad sobreviniente. Por eso, Casación dejó firmes las perpetuas de 24 y las absoluciones de otros dos –que habían sido recurridas por la fiscalía representada por Juan Pablo Curi, Eugenia Montero y Julio Darmandrail–.

Sin embargo, la principal discusión estuvo atada a la conformación del TOF. El juicio arrancó con tres jueces, Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz. Casación designó a Bava –juez federal de Azul–como cuarto juez. Bava estuvo presente sólo en algunas audiencias pero recibía los videos para estar al día con lo que se discutía. Ruiz Paz anunció que se jubilaba cuando faltaban unos pocos días para que terminara el juicio. Ante esa situación, Bava empezó a actuar como juez titular sin que mediaran reclamos de las defensas, pero sí los hubo después de la sentencia. 

Incluso los abogados de los genocidas presentaron una denuncia penal contra los integrantes del tribunal, acusándolos de haber falseado las actas del juicio. La denuncia no tuvo impulso de la fiscalía, por lo que no se investigó. La Cámara Federal de Mar del Plata tiene un pedido para abrir una investigación sobre el tema. Uno de los impulsores fue Luis Cevasco, exjefe de los fiscales porteños y uno de los abogados que interviene en las denuncias del macrismo. Esa denuncia fue uno de los argumentos que usó JxC para intentar que el Consejo de la Magistratura investigara a Bava mientras resolvía la situación procesal de Macri.

Sin embargo, los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo entendieron que no hubo un perjuicio ni se violentaron derechos constitucionales de los imputados. Borinsky concretamente sobre la denuncia penal dijo que, por las constancias que hay en la causa, no hay agravio, lo que puede leerse como un claro espaldarazo hacia Bava y los otros dos jueces. Por el contrario, la camarista Ángela Ledesma les dio la razón a los impugnantes y sostuvo que se había violentado el principio de inmediación del juez con la prueba que se produce en el juicio y afirmó que Bava debió haber estado presente en todas las audiencias.