El gobierno de la provincia presentó el Plan de Salud Mental 2022-2025 ante la jueza de familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, en el marco de un amparo que habían presentado los asesores de Menores e Incapaces de esa ciudad, Gladys Reynoso y Cristian Babicz.
En la presentación ante las partes, el viernes pasado en una audiencia, estuvieron la fiscala a cargo del amparo, Marcela Fernández; el representante de la Fiscalía de Estado, Lucas Sacchetti, y el coordinador Asuntos Legales y Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Ricardo Carpio, quienes participaron de la audiencia mediante un soporte virtual.
Se informó que se aceptó el Plan presentado. Tras ello se dio por cumplida la sentencia dictada en el marco del amparo colectivo.
Los representantes del gobierno provincial incluyeron objetivos cuyo cumplimiento se prevé entre el primer semestre de 2022 y 2025, a realizarse en distintas etapas. Entre esos objetivos se cuentan la creación y puesta en funcionamiento de un servicio de Salud Mental con orientación al abordaje integral y comunitario con base en el Hospital San Vicente de Paul, y alcance al departamento Orán. Se procura además la promoción, prevención y asistencia (atención y rehabilitación psicosocial) para la población.
Las etapas incluyen, en primer lugar, el refuerzo del recurso humano en número y capacitación, previendo la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, con capacitación continua, obligatoria y extensiva a todo el personal del hospital. En este punto se pudo saber que los funcionarios indicaron que la búsqueda de especialistas es compleja pero ya se instrumentó la posibilidad de contar con profesionales para el sector.
En segundo término se señaló la restitución en condiciones adecuadas del edificio permanente al centro Tinku, e iniciar el proceso de readecuación como centro de Salud Mental y Adicciones. La tercera etapa involucra la habilitación de un espacio físico adecuado en el Hospital para brindar asistencia en Salud Mental y Adicciones. El cuarto punto establece la garantía en la provisión de medicamentos piscofarmacológicos. Y en quinto lugar se dejó establecido la existencia de cupos permanentes para la devolución de residencias de psiquiatría y de residencias interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) en el Hospital San Vicente de Paul.
Con la propuesta elevada, Carriquiry tuvo como cumplimentada la sentencia y ordenó poner en conocimiento de la Corte de Justicia de Salta con la elevación de las actuaciones.
Pormenores del acuerdo
Según explicó Reynoso a Salta/12, con este acuerdo se dejó de lado el pedido de astreintes (o multas), ante el incumplimiento a la sentencia de Carriquiry por parte del gobierno de la provincia.
Para el monitoreo del cumplimiento de las etapas, se espera que se ponga en funcionamiento el Órgano de Fiscalización que crea la Ley de Salud Mental y que recientemente fue aprobado por la Legislatura provincial.
Si bien el Plan fue presentado, la asesora de Menores e Incapaces recordó que la Fiscalía de Estado había apelado la sentencia de Carriquiry por lo que el expediente principal de la causa está radicado en la Corte de Justicia salteña, que ya fue puesta en conocimiento del acuerdo y por lo tanto, la conclusión de las actuaciones a cargo de la jueza oranense.
El Ragone, sin cambios
Integrantes de las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados recorrieron el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, ubicado en Salta capital, para verificar el estado de sus instalaciones, las condiciones de internación de los pacientes y en las que se desempeña el personal.
De la recorrida participaron los presidentes de ambas comisiones, Manuel Pailler y Bernardo Biella. Por el Senado lo hicieron también los legisladores, Carlos Ampuero y Dani Nolasco. La comitiva fue recibida por el gerente del del hospital, Fernando Acuña, y la gerenta de Reinserción Social, Natalia Acosta.
Pailler habló de su preocupación por la falta de profesionales psiquiatras en los departamentos Orán y San Martín para los tratamientos en salud mental.
El Hospital Miguel Ragone es el único centro público de atención a personas con problemas de salud mental en la provincia. Actualmente alberga a 86 pacientes. Las instalaciones presentan varios problemas estructurales, como falta de agua, deficiencias en las instalaciones eléctricas y vidrios rotos, entre otros.
Pailler recordó que la Ley Nacional Nº 26657 de Salud Mental, establece que el 10 por ciento del presupuesto de salud debe ser destinado al área de salud mental. En Salta la meta se incumple y solamente alcanza el 1 por ciento. Frente a ello, el legislador afirmó que la decisión de los legisladores es trabajar en la futura Ley de Presupuesto 2023 para ir aumentando ese porcentaje progresivamente.
Finalmente, dijo que se elevará un informe pormenorizado acerca del relevamiento a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para solicitar el efectivo cumplimiento de las obras prometidas al hospital, mayor celeridad en el equipamiento de los dispositivos intermedios y la provisión del recurso humano profesional a los nosocomios del interior de la provincia.
