Durante 2016 las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no solo mejoraron su facturación sino que apenas el 19 por ciento de los siniestros registrados llegaron al fuero laboral y, por si fuera poco, estos representan solo el 1 por ciento de los trabajadores registrados. A esas conclusiones llegó una investigación realizada por el centro de estudios Atenea. Por lo tanto, según demuestra el informe, la denuncia del presidente Mauricio Macri referida a la existencia de “mafias laborales” que hacen colapsar los tribunales está más relacionada con la reinstalación de la flexibilización laboral que con la defensa de los derechos del trabajador.

Durante los últimos días, el Presidente atacó en varias oportunidades a lo que él definió como la mafia que se beneficia con los juicios laborales. El 12 de junio dijo en la Casa Rosada que era imprescindible “enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales” porque destruyen la generación de empleo y señaló a Héctor Recalde, abogado laboralista y diputado del Frente para la Victoria, como el cabecilla de esas pandillas enquistadas en estudios jurídicos y juzgados laborales. Pocos días después, luego de tomarle juramento al canciller Jorge Faurie, retomó su prédica al responder las críticas que había recibido: “Algunos dijeron que estaba defendiendo a las empresas –sostuvo–, no es así, estoy defendiendo a los trabajadores, que por culpa de estas mafias colapsan los fueros de Justicia Laboral.” Ayer, Macri volvió a la carga con el mismo discurso (ver aparte).

Sin embargo, el estudio realizado por Atenea lo desmiente. Por un lado, el trabajo detalla que la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) reconoció que las compañías de seguro recibieron durante el año pasado unas 127.503 demandas. Si bien la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) –el organismo que las controla– registró unas 10 mil demandas menos, señalan “el alza extraordinaria de juicios de fines del año pasado, en donde los trabajadores iniciaron sus reclamos previendo la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo”, algo que finalmente se concretó en febrero pasado.

Hasta ahora la SRT no publicó la cantidad de accidentes laborales ocurridos durante 2016 pero los especialistas del centro de estudios Atenea, que conduce Damián Ledesma, indican que “de haberse mantenido el promedio de accidentes de 2013, 2014 y 2015 (unos 664.986) y tomando en cuenta la cantidad de juicios publicados por la UART, se concluye que solo el 19 por ciento de los accidentes de trabajo llegan a juicio”. Es más, si se considera el universo de trabajadores registrados en las ART, casi 10 millones, “las demandas presentadas representan sólo el 1 por ciento de los trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo”. En rigor, el supuesto colapso de los tribunales laborales no es tal.

Incluso, afirma el estudio que durante el pasado año “un conjunto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, representativas del total del sector, obtuvieron un resultado positivo que asciende a los 9500 millones, con una alza interanual del 41 por ciento”. Todos estos datos fueron recabados por Atenea de los estados contables que publica justamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se trata de “once compañías que concentran el 83 por ciento de los trabajadores cubiertos del sistema. Los números muestran que, lejos de quebrar, estas empresas han consolidado su posición económica y financiera”.

A comienzos de este año el gobierno de Cambiemos avanzó sobre la Ley de Riesgos de Trabajo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 54/17), que retocaba aspectos vitales de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y se centraron en la reinstalación de artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ante ello, la administración remitió un proyecto de ley mediante convocatoria a sesiones extraordinarias donde se terminó convirtiendo en ley. Para Atenea, “el nuevo régimen fue el primer triunfo legislativo de la flexibilización laboral”.

La afirmación se sostiene en la imposición de la obligatoriedad, por parte del trabajador que sufrió un accidente laboral, de realizar el trámite ante las comisiones médicas. Entonces, la trampa, si se quiere, está en que la norma prevé que si el trabajador accede al trámite administrativo de las comisiones médicas y aún así recurre al reclamo judicial “no podrá cobrar la suma que eventualmente se le reconozca en sede administrativa” por lo que, a diferencia de lo que sucedía antes, “ya no podrá tomar la indemnización como pago a cuenta, forzando el desaliento del reclamo”. Si bien la norma prevé que el trabajador acuda con un abogado a realizar el trámite, las comisiones médicas sustituyen a los jueces naturales, y siguen constituidas por médicos (y no por expertos en derecho). El estudio sostiene que la necesidad de reformar esta ley es lo que provocó que “el Poder Ejecutivo instalara la consigna del colapso del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, provocado por la supuesta ‘industria (mafiosa) del juicio’”.

Ahora bien y según lo que prevé la Constitución Nacional, las provincias deben adherirse a esta reforma legislativa. Esto provocó que exista lo que Atenea definió como “la carencia de comisiones médicas” en el territorio argentino, lo que provoca no pocos inconvenientes a la hora hacer operativa la ley, “obligando a los trabajadores a trasladarse varios kilómetros para iniciar un reclamo”.

Pero, además, hay otro tipo de complicaciones para el funcionamiento pleno de la norma. Por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal busca aplicar esta ley. Según el estudio de Atenea, el Frente Renovador presentó un proyecto de adhesión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, el Senado local lo rechazó a instancias del Frente para la Victoria, que contó con el respaldo de las centrales obreras y los colegios de abogados. “Es decir que en provincia de Buenos Aires, actualmente, el trabajador tiene libre acceso a la Justicia”, afirmó el estudio. 

En Córdoba, en tanto, al rechazo a la ley nacional le agregaron además un nuevo formato, al determinar que el procedimiento previo ante las comisiones médicas “será obligatorio en tanto efectivamente se creen estas comisiones en cada jurisdicción” y, a la vez, habilita la posibilidad de que el trabajador “cobre el crédito reconocido en trámite administrativo y pueda ir a juicio tomándose como pago a cuenta” que la norma nacional hoy prohíbe.