Cómo operan los grupos antiderechos, encubiertos y financiados por secretarías de culto

“Tu bebé está así”, en el chat de Whatsapp se carga una foto de un bebé dentro de un útero. Desde el otro lado le responden: “¿Cómo? Si mi última menstruación fue hace dos semanas” (emoticon de carita pensando) “Linda, el aborto es muy pero muy dificil estás de poco o mucho siempre es un bebito! A los 20 días en una ecografía ya se le siente el corazón!” (emoticon de carita triste).

La maternidad Estela de Carlotto es de fácil acceso para distintos territorios del Oeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en el límite entre San Miguel y Moreno, por eso tiene una gran demanda de pedidos de interrupciones voluntarias del embarazo desde diferentes municipios aledaños. Con el protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) antes de la ley y con la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) luego de la ley, desde ese espacio vienen realizando un trabajo de articulación y formación de equipos interdisciplinarios para atender la enorme demanda del territorio. A la Carlotto -así se suele llamar a la institución- llegan personas de Luján, Ezeiza, Zona Sur e incluso de otras provincias que tienen familiares en Moreno.

Específicamente en San Miguel, a raíz de una sucesión de despidos de profesionales- en el ámbito de la salud reproductiva y no reproductiva --y de lo que aparece como una decisión política--, acceder a una IVE o ILE resulta prácticamente imposible en ese municipio. Así, muchas de las personas que necesitan informarse o acceder a un aborto seguro acuden a los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo y a la Carlotto: “En este momento en San Miguel no hay ningún equipo al que se pueda derivar a personas gestantes ni en salas ni en el Hospital” dice Jesica Rojas, licenciada en trabajo social, y parte del equipo interdisciplinario de interrupción legal del embarazo de la Carlotto, quienes vienen trabajando hace muchos años con el protocolo tanto nacional como provincial antes de la aprobación de la Ley 27.610.

 “El problema es que nos encontramos con mujeres que nos cuentan qué recorrido vienen haciendo y lo difícil que les resulta recibir información de las opciones que tienen en relación a la IVE, algunas nos han contado que han accedido a salas primarias de atención de la salud y recibido información distorsionada o fueron expulsadas”, cuenta Jesica. El recorrido puede ser aún peor que una expulsión: “No solo les niegan la información si no que al quedarse con sus datos, luego las contactan desde algún teléfono, en general es por whatsapp”. Las12 pudo acceder a algunas de esas comunicaciones, la frases que se repiten son:  “¡Ojalá lo tengas! Te vamos a ayudar, Con pañales, ropita, cuna o cochecito” “el bebito no tiene la culpa” o “rezo para que lo pienses”.

“Después de esas conversaciones, les envían flyers, material audiovisual, invitaciones a talleres e información respecto a los abortos con imágenes que resultan impresionantes para las personas gestantes y que no hacen mas que generar mayor angustia”, explica Jesica. El objetivo es convencerlas de que continúen con los embarazos, prometen recursos como pañales, leche y ropa. Las invitaciones a los talleres tienen que ver con que las mujeres puedan aprender algún tipo de manualidad y eso signifique alguna salida laboral que les permita sostener a sus “futuros bebés”. Jesica considera que la lógica es llevarlo siempre al plano de lo material: “Piensan que las personas gestantes solo toman la decisión de interrumpir un embarazo porque no cuentan con recursos económicos”. 

Los contactos son cotidianos y tienen un tinte persecutorio, esta cronista accedió a chats en los que no hay respuestas de las destinatarias y sí una conversación unilateral desde las líneas desde las cuales se comunican con las personas que se acercaron al centro de salud en busca de información sobre cómo realizarse una IVE. Cuando del otro lado responden, una de las estrategias es la dilatación del tiempo, el objetivo es que pasen los días y aquella persona que había comenzado un camino buscando una interrupción voluntaria del embarazo comience a dudar y sentir miedo porque siguen pasando las semanas de gestación.

Jesica no puede dar cuenta de cuáles son los métodos pero cree que hay complicidades dentro de la gestión pública: “Cuando nos llegan estos testimonios, siempre fue porque accedieron a un centro de salud barrial o a un CIC (Centros Integradores Comunitarios) y dejaron sus datos allí con la promesa de ser contactadas por algún equipo que les de la información para interrumpir sus embarazos, en realidad después son contactadas por estas personas antiderechos”.

Si bien no se sabe quién está del otro lado, el mensaje es muy directo y evidente. La táctica funciona: alguien que acude a un centro de salud tal vez con la decisión tomada o tal vez en busca de información, es expulsada o no se le brinda la información que estaba buscando. Luego se la vuelve a contactar, intentando persuadir para que no haya acceso a la IVE o ILE, en ese interín se ponen en juego las emociones, la sensibilidad y el miedo. El cóctel es terrorífico y el punto de llegada tiene dos bifurcaciones: o pueden contactar nuevamente con un equipo para retomar el proceso en donde comenzaron o deciden continuar con el embarazo. Justamente es un plan y una estrategia probada, que apela al miedo y a las inseguridades que se despliegan para oponerle culpa y mandatos al derecho a decidir.

Las preguntas que quedan flotando es ¿cuáles son las complicidades y los armados que permiten la existencia de estas líneas? ¿Por qué los grupos antiderechos contestan y presionan cuando las personas van a la Salud Pública en busca de que se cumpla su derecho a interrumpir un embarazo?

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publicaron un informe epidemiológico donde se ofrecen evidencias de todas las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo de mujeres con residencia en el Municipio de San Miguel que fueron a otros lugares: “El municipio de San Miguel no cuenta con prácticas registradas de IVE/ILE, dada la ausencia de establecimientos que lo garanticen dentro del mismo. En el año 2020 se notificaron 82 situaciones con municipio de residencia en San Miguel, resueltas en otros municipios. En el año 2021 hubo 398 prácticas de IVE/ILE en personas con domicilio en San Miguel que se resolvieron en otros municipios”, dice el informe.

El equipo interdisciplinario de la Maternidad Estela de Carlotto tiene tres consejerías: una en la cual se reciben a las personas con capacidad de gestar, se evalúa la edad gestacional y la posibilidad de realizar una IVE de forma ambulatoria o con internación, otra pos aborto y una tercera vinculada a los métodos anticonceptivos. Los grupos antiderechos se han acercado a la maternidad a repartir panfletos e incluso han logrado entrar a las salas de espera. 

Inés Belaustegui, es Trabajadora Social de la maternidad y explica que muchas veces a las personas gestantes que se encuentran con este discurso se les pone en juego una mirada religiosa y moral a la hora de continuar o no con el embarazo: “A pesar de eso, no ven otra opción que no sea interrumpir el embarazo como un camino que esté ligado a su bienestar y a la decisión autónoma. Nos hemos encontrado con personas que nos dicen `yo no estoy de acuerdo con el aborto pero no puedo hacer otra cosa o nunca pensé que iba a poder hacer esto, pero realmente hoy no puedo`, lo que sucede es que estos grupos operan con las ayudas económicas y con la exposición de fotos y videos de los fetos que no siempre coinciden con ese momento de la gestación” explica Inés.

Históricamente,  San Miguel fue sede de la Consejería Guadalupe, conocida por su militancia antiderechos dentro del Hospital Larcade, particularmente durante la gestión de Alejandro Pittaro, Jefe del Programa Materno Infantil del Primer Nivel de Atención hasta 2018. En palabras del propio Pittaro, la consejería estaba en un hospital municipal  “para evitar las muertes de bebés”. Hoy no hay datos de donde funciona pero en el territorio saben que continúan trabajando como consejería antiderechos.

Otro dato para sumar al mapa territorial del Municipio: en aquel lejano 2018, echaron a trabajadoras del Hospital por “no estar alineadas con la postura (antiderechos) del Municipio”, según palabras del entonces subsecretario de Salud de San Miguel, Diego Lambert.

Celestes antes y después de la Ley

“Durante el 2018, a través de la Secretaria de Culto y Relaciones Intereligiosas, se repartieron cientos y cientos de pañuelos celestes en el centro de la ciudad, y en el 2019 se hizo un festival que se llamó Vida Fest con recursos y estructura municipal y apoyo del gobierno local. En 2020, de la misma forma que nosotras nos fortalecimos y pudimos acentuar algunas estructuras en vistas de la aprobación de la ley, los antiderechos también se fortalecieron pero de otra manera y a través de la pandemia” explica Natalia Tangona, activista por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y parte de la mesa de Marcos Paz por el derecho al aborto. 

Según ella la emergencia sanitaria les permitió llegar a la población a través de programas de apoyo social y asistencia en el territorio llevados a cabo por iglesias evangélicas “cosas que debería haber garantizado el Estado desde Ministerios como el Desarrollo, Educación o Cultura y no desde la Secretaría de Culto y Relaciones Interreligiosas. 

Natalia agrega: “Hoy no se ven desplegados con sus pañuelos celestes y sus misas públicas a favor de la vida, pero los tenemos desplegados dentro del Estado y en articulación con el Estado a través de convenios de cooperación. La famosa línea de atención a mujeres en situación de embarazo vulnerable es una herramienta muy eficaz, es una red nacional a través de la cual despliegan consejerías antiderechos, que cuentan con estadísticas propias de cómo impiden que se lleven a cabo las obstrucciones de los procesos de IVE. Son embarazos forzados que conquistan. Y todos los municipios tienen algún punto de contacto con esa línea. Si no es a través de las iglesias evangélicas es a través de la misma iglesia católica de cada pueblo o de asociaciones civiles que tienen fines muy nobles como combatir la desnutrición o llevar atención médica en lugares alejados . No es que se replegaron, sus métodos son muy efectivos y están muy fortalecidos” concluye.

Si bien la provincia de Buenos Aires es la que más equipos ha desarrollado en los últimos dos años para cumplir con la Ley 27610, y en donde se realizaron la mayor cantidad de IVE  junto a la gestión de misoprostol y mifepristona -medicamentos escenciales para abortos no quirúrgicos, que son la mayoría- de manera muy efectiva, lxs trabajadorxs de la salud en el territorio de Marcos Paz coinciden en una dinámica que se sostiene: el poderío real en el territorio y en los barrios lo tiene el conservadurismo. “El problema está dentro del Estado Municipal, hay una Secretaria de Culto y Relaciones Intereligiosas cuyo secretario, Matias Martinez, es el pastor que dirige a todas las iglesias evangélicas de Marcos Paz y lo que hace desde su espacio es realizar actividades camufladas con grupos provida”, explica Tangona.

Durante el 2019 y 2020 los equipos de salud sexual reproductiva y no reproductiva en Marcos Paz prepararon el terreno para que cuando se promulgara la ley los dispositivos ya estuvieran armados. Había mucho trabajo hecho y una gran experiencia previa: “En 2020 nos volcamos a las redes para difundir el teléfono del Ministerio de Salud de la Nación y canalizar a través de ese medio las solicitudes de interrupción, en dos o tres meses se incrementó más del 100% la demanda. Frente a esto, el Estado Municipal tuvo que dar respuesta, así conseguimos el fortalecimiento de aquella primera iniciativa con el armado de un equipo médico que garantizara las interrupciones".

Pero durante ese proceso de llegar con herramientas a la promulgación de la ley de IVE,  hubo muchas trabas a sortear para garantizar el derecho al aborto. Y siempre tenían que ver con la Secretaría de Culto. "Hoy ya no, porque a los antiderechos los conformaron con la Ley de los 1000 días, entonces están recibiendo financiamiento del Estado Municipal a través de la promoción de la ley”, Natalia se refiere a la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley 1000 días, tiene como objetivos proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.

Hace un tiempo la Secretaria de Salud, firmó un convenio con una asociación civil que se llama Nutriendo Esperanza que es parte de Unidad Provida. Para Natalia, a través de alimentos y cuidados, los antiderechos se están enquistando cada vez más: “Obvio que esto no se dice abiertamente pero nosotras lo vemos en el territorio, hace unas semanas se estaban juntando donaciones de ropa por las bajas temperaturas, y cuando te acercabas para dejar tu donación, había un banner con la línea de atención a embarazos vulnerables. Están ahí pero ya no tienen los pañuelos celestes a la vista”.

“Te elegí mi mami”

Natalia Santabaya y Gabriel Cejas trabajan en el Centro de Salud Dr. Springolo de Palomar. En febrero de 2022 realizaron un informe relatando la experiencia de la ruta crítica en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con un caso específico, el de Laura, quien llegó al Centro de Salud después de haber transitado diversos obstáculos en la búsqueda de realizarse una IVE: “Al momento de la entrevista con nuestro equipo, Laura trae consigo un paquete papel madera, en cuya leyenda -escrita a mano- se lee “te elegí mi mami”. Se lo habían entregado en la Asociación Civil "La Merced Vida". Al observar el contenido de dicho paquete, nos encontramos con escarpines tejidos y folleteria cuyas imágenes son fetos y bebés; además, información falsa/errónea respecto al uso del Misoprostol. Afirma que, en dicho lugar, le han solicitado todos sus datos personales y contactos de su familia. En la entrevista que tuvo allí, le mostraron un video con imágenes de los `riesgos y complicaciones` del aborto y de las fases evolutivas del embrión/feto”.

Laura es policía e hija de la pastora de una iglesia evangélica, nadie de su entorno estaba al tanto de su embarazo. Desde el equipo interdisciplinario le brindaron información sobre sus derechos, la contuvieron, le explicaron el tratamiento ambulatorio del Misoprostol y acordaron una cita pos aborto. En el relato, el equipo destaca que luego de realizar el tratamiento Laura se comunicó varias veces con el equipo para asistir a la guardia: “Desconfía, quiere que le practiquen un raspado, manifiesta que quiere terminar con el problema. Es atendida por su obra social en donde le indican volver al Centro de Salud, solicita un turno y finalmente no asiste. Después del contacto telefónico afirma que la situación ya se había resuelto”.

En el informe destacan que “a partir de identificar la ruta crítica que atraviesan las personas con capacidad de gestar, al momento de solicitar un aborto, se reconoce  la importancia del trabajo interdisciplinario, desde una perspectiva integral de salud. Es así que más allá de brindar asistencia biomédica que permita la resolución de la interrupción, es fundamental acompañar las vivencias que transitan las personas de manera amable y contenedora”.

A dos años de aprobada la ley, la disputa en el territorio sigue siendo campo minado. El trabajo de equipos afianzados para facilitar los abortos desde mucho antes de la ley es sin dudas una de las fortalezas que tiene el sistema de salud pública para achicar los intersticios en donde se cuelan los grupos antiderechos, muchas veces avalados por el mismo Estado.