La extensa negociación con el FMI trazó en 2,5 por ciento del PBI la meta de déficit fiscal para 2022. En su elaboración, el acuerdo apuntaba a lograr una reducción del déficit vía contracción de subsidios y aumento de tarifas energéticas. Se esperaba lograr con esa política una baja de medio punto de déficit pero ese objetivo, que parecía viable, se vio afectado por dos factores: por un lado, el aumento del precio de la energía por el conflicto Rusia-Ucrania, y por el otro, la dificultad que acarreó la implementación de la segmentación de tarifas.

Desde la salida de Martín Guzmán, tanto la breve gestión de Silvina Batakis como sobretodo la actual de Sergio Massa se platearon una mayor y mejor coordinación de las áreas de gobierno para lograr un uso más eficiente de recursos. Tras confirmarse el esquema y plazos para la segmentación de tarifas, días atrás se avanzó en un reordenamiento de partidas presupuestarias. Vale la pena recordar que tras el rechazo legislativo al proyecto de presupuesto 2022, el Presidente Alberto Fernández debió prorrogar el presupuesto 2021, y es sobre esa situación que se produce la actual resignación.

La renovada estrategia se planteó en tres frentes: por un lado ordenar la ejecución presupuestaria con una mayor centralidad del Ministerio de Economía. En segundo lugar, acercarse a cumplir con la meta de déficit prevista para este año; finalmente, incidir vía reducción del gasto en un descenso inflacionario.

Ajuste

El gran interrogante que se planteó es si se estaba frente a un ajuste del gasto. Si bien la respuesta inicial pareciera evidente, merece la pena detenerse a analizar con atención los movimientos de partidas dispuestos.

La suma de todos los recortes que surgen del reajuste presupuestario hecho por Massa respecto al presupuesto que se encontraba vigente totaliza 226.591 millones de pesos. Pero por otro lado, se observa una reasignación de partidas que totalizan un aumento de 98.591 millones de pesos. Por ese motivo, el ajuste presupuestario neto termina siendo de 128 mil millones de pesos. 

Desde ese punto, se puede observar que la mayor baja del gasto se realiza dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo, totalizando un ajuste de 70 mil millones de pesos, lo que representa un 55 por ciento del total recortado.

A su vez, dentro de Desarrollo Productivo, 62.200 millones de pesos de recorte se explican por el Programa de Financiamiento de la Producción, lo que representa un 89 por ciento del total de ajuste dentro del Ministerio. Se trata de una reducción presupuestaria del 39,4 por ciento para el año en curso en relación a la ejecución presupuestaria 2021. 

Las demás partidas con cambios son: Gestión Productiva, que contrae su presupuesto un 79,9 por ciento (6.300 millones de pesos) y Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y el Desarrollo de los Emprendedores con un 41,1por ciento (1.500 millones de pesos).

El Programa de Planificación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat tiene el segundo mayor recorte con 50 mil millones de pesos, un 22,7 por ciento menos respecto a la ejecución 2021. Al igual que se observa con Desarrollo Productivo, en el caso de Desarrollo Territorial no hay partidas que aumenten el total del presupuesto del Ministerio.

Primera reflexión: la suma de recortes reales de estos dos ministerios, equivalente a 120 mil millones de pesos, permite explicar el 93,7 por ciento del ajuste neto total.

Achique y reasignación

Dentro del Ministerio de Educación, varias partidas sufrieron recortes por un total de 58.071 millones de pesos, pero a diferencia de los casos previos, a raíz de la reasignación, otras partidas se vieron favorecidas con incremento de recursos por un total de 8.071 millones de pesos, dejando un neto de recorte de 50 mil millones de pesos.

El Programa Conectar Igualdad, con una reducción presupuestaria de 34.463 millones de pesos, es la tercera partida más afectada. Sin embargo, el programa había recibido un aumento de partida significativo respecto a la ejecución presupuestaria 2021, pasando de 20.930 millones de pesos a 90.221 en el presupuesto prorrogado por el ejecutivo durante la gestión Guzmán. Si se compara el presupuesto actual tras la reasignación hecha por Massa contra el ejecutado en 2021, el programa sigue contando con una mejora sustancial del 166,4 por ciento.

Algo similar ocurre con las partidas para Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, para Infraestructura y Equipamiento y para Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. Los recortes recientes por 14.700, 5.170, y 3.667 millones de pesos respectivamente, se hacen en áreas cuyos presupuestos habían mejorado respecto a la ejecución 2021, y por ende el resultado termina por retrotraer una parte de esa mejora dejando como saldo incrementos del 32,9 por ciento (Jardines), 45,7 por ciento (Infraestructura y Equipamientos) y 20,2 por ciento (Gestión Educativa), que de todas maneras están bien por debajo de la inflación.

Complementariamente, el Ministerio de Educación vio incrementado su presupuesto para los programas de Mejoramiento de la Calidad Educativa (7 mil millones, 396,4 por ciento más que en 2021) y Desarrollo de la Educación Superior (980 millones, 67,3 por ciento sobre lo ejecutado el año anterior).

El ajuste presupuestario dentro del Ministerio de Obras Públicas es de 18.760 millones de pesos, explicado fundamentalmente por el programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, el de Recursos Hídricos y el de Asistencia Financiera a Empresas Publicas. En todos esos casos la variación resulta leve respecto a la ejecución 2021: aumentos de 1 por ciento y 3,5 por ciento para los primeros, y reducción de 4,8 por ciento para Asistencia Financiera a Empresas Públicas. Como contrapartida, el programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo recibió un incremento presupuestario de 1.239 millones de pesos (46,4 por ciento sobre lo ejecutado en 2021).

El presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad tuvo un recorte de 1.173 millones de pesos, pero se observa una reasignación de partidas que favorecen el programa de Construcción de Autopistas y Autovías (su presupuesto se había reducido este año en un 7,2 por ciento respecto a 2021 y ahora se igualó) y el de Construcción de Rutas Seguras, que mejora un 81 por ciento contra 2021. Por su parte, el presupuesto para repavimentación de rutas nacionales se redujo en 3.102 millones de pesos, lo que significa de todos modos una suba nominal del 37,4 por ciento contra el 2021.

Dentro del Ministerio de Salud, el recorte más significativo se da en el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Son 10.049 millones de pesos, reduciendo su presupuesto en 5,8 por ciento por debajo de la ejecución 2021. 

Para el Ministerio de Transporte se observa una reducción de partidas por 6.968 millones de pesos en Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte, retrotrayendo el presupuesto a niveles algo superiores a los ejecutados en 2021.

Como contrapartida, se reforzó el presupuesto en Obligaciones a Cargo del Tesoro con un incremento de 82 mil millones de pesos en el programa “Otras Asistencias Financieras”. Se trata de un aumento del 809 por ciento respecto a 2021 y un 23 por ciento más respecto a lo presupuestado en 2022. Al profundizar este programa, se observa que subprogramas de servicios económicos, asistencia social, asistencia en defensa y seguridad son las principales receptoras de estas mejorías de partidas.

Déficit y FMI

Si bien es cierto que el balance es negativo en 128 mil millones y se trata efectivamente de un recorte de presupuesto, lo que se puede notar es que es más significativa la readecuación presupuestaria. Si se toma como referencia el presupuesto vigente al momento de la asunción de Massa, la reducción total del presupuesto es del 0,8 por ciento. 

Respecto del impacto en el cumplimiento de la meta acordada con el FMI, el recorte representa una reducción de 0,2 puntos del déficit fiscal sobre el PBI. Si bien esto mejora un poco las perspectivas de acercarse a la meta de 2,5 por ciento, aún no está claro si será suficiente. 

Por último, si bien el ajuste puede ser interpretado como una buena señal en la búsqueda de incidir en la baja de la inflación, éste no debería quedar aislado del trabajo de la política económica otras variables que impactan en la suba de precios, como la dificultad para acumular reservas, el rol de los formadores de precios y los condicionantes exógenos.

 

* Politólogo y Analista Económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)