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Los cuadernos supuestamente originales de Oscar Centeno están en una caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7 custodiados por personal de la Policía Federal desde octubre de 2019. Los jueces los guardan ahí con un celo tal que le volvieron a negar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acceder a ellos para poder concretar el peritaje que ordenó en mayo. En una resolución ambigua, le dicen que todo el material fue digitalizado con fotografías de alta calidad, que tampoco le enviaron o habilitaron a consultar.
Como sea, este escenario prolonga un hecho evidente: desde que comenzó este caso en agosto de 2018 jamás se concretó un análisis pericial oficial de los cuadernos que, al fin y al cabo, fueron la base de toda esta causa con la que se obtuvo el arrepentimiento de empresarios y exfuncionarios de segunda línea, bajo amenaza de ir a la cárcel en pleno apogeo de la multiplicación de prisiones preventivas.
Martínez de Giorgi ordenó ese peritaje a raíz de un pedido del empresario Armando Losón, de Albanesi SA, quien le presentó un análisis caligráfico hecho en forma privada por el estudio Latour, de donde surgía que en los cuadernos numerados 4, 7 y 8 había por lo menos 1600 alteraciones del texto original, 1373 de ellas sobre-escritos, 195 correcciones con liquid paper y 55 enmiendas. También concluyó que podía haber dos caligrafías de personas distintas que se advierten en ciertas correcciones sobre los textos. Estos peritos privados trabajaron sobre copias digitales, pero Loson reclamó el análisis de los originales y el juez estuvo de acuerdo en que era necesario estudiarlos. El caso de este empreario tramita en forma independiente y no fue elevado a juicio oral, porque es uno de los que plantean que lo que pagaron fueron aportes para la política.
Ante el TOF 7, varios de los imputados en la causa de los cuadernos pidieron ver los originales. Uno de ellos fue el propio Centeno. El argumento del tribunal para decirles que no fue que al haber 45 personas acusadas no les parece razonable que se manipulen los escritos. Sostienen que ya hay copias digitales y fotos de alta definición para consultar y analizar, y que para los jueces es lo mismo que ver los originales. A Martínez de Giorgi todavía no le habilitaron ni eso. Le dieron a entender que no pueden distinguir esos cuadernos que él pide. Por ende, el magistrado volvió a mandar un oficio donde les dice que son los cuadernos donde hay escritos con fechas de 2013 y 2015 y con enmiendas muy notorias.
En los comienzos de la causa, el chofer dijo que tenía los cuadernos en su casa. En el allanamiento no aparecieron. Después volvió a declarar y dijo que recordó que los había quemado en la parrilla. En octubre de 2019, cuando faltaban cuatro días para las elecciones presidenciales, una persona que no se identificó le entregó seis de los ocho "originales" que parece que no habían sido alcanzados por el fuego al periodista de La Nación Diego Cabot.
El tribunal del caso cuadernos está integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Este último es uno de los jueces designados a dedo, por el mecanismo de traslado, por Mauricio Macri. Venía de un tribunal de San Martín. Presentó una demanda, igual que los camaristas de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte Suprema se pronunció sobre ellos, al decir que los traslados no pueden ser definitivos, pero el planteo de Castelli sigue pendiente.
¿Qué argumentó Martínez de Giorgi para ordenar el peritaje oficial? Dijo que era necesario determinar “si los textos" de los cuadernos "pertenecen o no a un mismo puño escritura”; “si se aprecian sobre-escritos, testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación”; “de encontrarse sobre-escritos que modifiquen el texto original”, pidió que “se estudien las alteraciones individualizando y cuantificando las mismas”. Además señaló la necesidad de precisar el contenido de las anotaciones originales donde había enmiendas: por ejemplo se enmendó el nombre "Marcelo" para que dijera "Armando" (por Loson) y donde decía "Alem 850" pusieron "Alem 855", que es el edificio donde estaba la empresa de Loson, Albanesi SA, al igual que Odebrecht y Oil Combustibles, entre otras.
Otra de las grandes dudas es si se podrá determinar cuándo fueron escritos los cuadernos: las fechas que figuran en los escritos abarcan desde marzo de 2005 hasta 2015, pero hay dudas de que hayan sido escritos en ese momento.
