El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Roberto Gallardo, afirmó que el gobierno porteño le retiró la custodia policial que tenía desde hace más de una década, el mismo día en que firmó la sentencia que suspendía el uso del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. Gallardo, quien enfrenta un pedido de recusación por parte del Ejecutivo porteño tras emitir un fallo que prohibe a la Policía local intervenir en la custodia de la vicepresidenta, sugirió que la decisión de remover al personal de seguridad es una de las presiones que recibe de parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta: “Firmé la sentencia y a las cuatro horas no tenía más custodia”, dijo.
“La estrategia del gobierno porteño frente a temas que le resultan incomodos es desplazar jueces”, sostuvo el magistrado en diálogo con AM 750. Y denunció que el Ejecutivo porteño utiliza distintos métodos de persecución para amedrentar a los funcionarios judiciales ante fallos contrarios a sus políticas. Y detalló algunos de los litigios donde observó esa situación: escaleras mecánicas en las líneas de subterráneos, negociados en Costa Salguero, funcionamiento de las aplicaciones de delivery en la calle, tratamiento de cadáveres en hospitales públicos. En esos casos, dijo, sufrió denuncias penales (“para que yo tenga que estar desfilando por tribunales defendiendo mis decisiones”) o frente al Consejo de la Magistratura para evaluar su competencia como juez.
El retiro de la custodia policial el mismo día en que Gallardo firmó la sentencia que obligaba al Gobierno de la Ciudad a dar un paso atrás en el control de datos biométricos es, para el magistrado, una más de estas presiones. “Legalmente, el gobierno puede entender que yo no necesito custodia y sacarla. Y fue lo que hizo, sin ningún tipo de fundamentación”, sostuvo. Asimismo, señaló que, luego de comunicar lo sucedido al Consejo de la Magistratura de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal envió un efectivo al juzgado.
Por otra parte, Gallardo reiteró las razones que motivaron su decisión respecto a la competencia de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, y rechazó la resistencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad a acatar el fallo. Señaló que, si bien “en términos judiciales, la causa está en un proceso de reasignación que dirime la Cámara de Apelaciones”, mientras ésta no se pronuncie en contra “la medida está vigente y el jefe de gobierno tiene que cumplirla”. En este sentido, solicitó a la administración de Rodríguez Larreta que "tenga la disciplina institucional para cumplir con el decisorio".
