El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que entregará aproximadamente 686.000 dólares "vinculados con la corrupción y el soborno" al gobierno peruano que fueron confiscados al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra investigado por corrupción en el caso Odebrecht.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense dijo que Toledo y su familia emplearon "aproximadamente $1.2 millones de pagos de sobornos" para comprarse una casa en Maryland en 2007. "Los bienes decomisados representan las ganancias de la venta de los inmuebles en Maryland, las cuales fueron además lavadas a través de un fideicomiso y una cuenta bancaria controlados por Toledo", se lee.
El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, destacó que este caso "es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el extranjero" y que el departamento está comprometido a hacer su parte para recuperar y repatriar dichas "ganancias de la corrupción donde sea apropiado”.
Toledo está acusado de aceptar aproximadamente 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una carretera entre Brasil y Perú y los fiscales peruanos lo demandaron por conspiración y lavado de dinero. Perú busca extraditarlo desde 2018 y, a raíz de esta solicitud, el exmandatario fue detenido en Estados Unidos en el 2019.
Un juez estadounidense aprobó su extradición, pero Toledo está intentando evitar ser extraditado a través de recursos y apelaciones.
Según el Departamento de Justicia, la Iniciativa de Recuperación de Bienes de la Cleptocracia está liderada por un equipo de fiscales de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes de la División de lo Penal, en colaboración con las agencias de control de la ley federa y se dedican a decomisar las ganancias de la corrupción de los funcionarios extranjeros por medio de decomisos penales y civiles y añaden que, en caso de que corresponda, se usan los bienes recuperados para beneficiar a las personas que fueron perjudicadas por estos actos.
