El concejal José Gauffín (JxC) volvió a defender su iniciativa ayer, en la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, luego del que el Ejecutivo Municipal vetara la ordenanza que creaba el Código de Protección Acústica a aplicarse en este centro urbano. 

En varias oportunidades en su extensa intervención el edil recordó que la norma fue discutida con representantes de la Municipalidad y que “todos los funcionarios estuvieron a favor del proyecto porque entienden que los ruidos molestos son un problema para la ciudad de Salta".

"El veto municipal responde a un lobby o grupo de presión para hacer caer la iniciativa, porque podrían haber hecho sus objeciones antes y no lo hicieron, o sea que pusieron de lado lo que es más importante, que es la convivencia ciudadana", denunció.

A pesar de su defensa, el veto no tuvo el rechazo de los 2/3 del Cuerpo Deliberativo, por lo que la ordenanza quedó sin efecto por lo menos hasta finalice este periodo legislativo. 

Tratamiento consensuado 

La ordenanza que establecía promover en todo el ejido municipal un Código de Protección Acústica, fue aprobada el 15 de junio, con el objetivo primordial, según su autor, de "trabajar sobre la contaminación sonora de la ciudad a fin de buscar una convivencia más sana".

Antes del tratamiento en el recinto legislativo, se analizó la iniciativa en sendas reuniones ampliadas con funcionarios municipales, y con actores de la sociedad involucrados como el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) y la Asociación de Ingenieros en Recursos Naturales y Medioambiente.

Además, el proyecto pasó por diferentes comisiones del Concejo, lo que motivó el acompañamiento unánime a la hora de la votación en aquella sesión de mediados de junio.

Posteriormente, representantes de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, la Cámara de Bolicheros y del espacio denominado Comerciantes Unidos de Salta, se reunieron con funcionarios municipales pidiendo el veto de la legislación, ya que consideran que sería de muy difícil aplicación para el sector.

El municipio hizo lugar al pedido de los empresarios, y en pleno receso legislativo, publicó el veto de la ordenanza en cuestión en el boletín oficial. 

Firma digital

Por otro lado, ayer se aprobó un proyecto de resolución, de autoría de la edila Emilia Orozco, que dispone encomendar al presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, la firma y concreción de un convenio marco de colaboración con la Secretaría de Modernización de la provincia para implementar la firma digital en todas las dependencias municipales.

Para la autora, es imperioso avanzar en "la importancia del acceso a la información y a la transparencia con la digitalización como herramienta, no tan solo con nosotros, sino con los ciudadanos, además de que es un proyecto que va en beneficio del medio ambiente, ya que no habrá transporte de papel en los distintos expedientes, y eso hace a la calidad institucional".

Discapacidad

En el período de manifestaciones, el concejal Guillermo Kripper se refirió al reclamo que vienen realizando las prestadoras de discapacidad de la provincia ante las deudas que mantienen las obras sociales nacionales y otros sectores específicos que rigen la actividad. 

El edil cargó las tintas contra legisladores nacionales por Salta, de quienes dijo que "todos" esperan que "toquen una puerta y pidan por la gente de Salta que reclama por este problema tan sensible". Sin mencionarlo, se refirió a Juan Carlos Romero y luego cargó contra Sergio Leavy, por entender que ambos mostraron más preocupación, en distinto sentido, por la situación de Cristina Fernández de Kirchner, "cuando acá hay un problema grave que afecta a personas que trabajan en discapacidad".

La concejala Agustina Álvarez salió al cruce de esta afirmación recordando que los diputados nacionales de JXC pidieron al Ejecutivo Nacional que "explique el motivo de estas demoras en los pagos. Una cosa es indignarse y otra cosa es desinformar a la gente", concluyó. 

Sin embargo, el Ministerio de Economía de la Nación ya descartó un recorte presupuestario en el área de Discapacidad y aseguró que las jurisdicciones locales son las responsables del pago a las prestadoras de salud. Y el delegado de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de Salta, Alberto Escribas, aseguró que los pagos a los prestadores que cobran mediante las obras sociales se regularizarán en la primera quincena de septiembre.