Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos de El Salvador advirtió sobre la "anulación" de los mecanismos de control ante los abusos de derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el marco del régimen de excepción que inició en marzo de este año el gobierno de Nayib Bukele.

Danilo Flores, coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador, mostró su preocupación por las fallas en la aplicación de esos mecanismos. "Vemos con suma preocupación el debilitamiento o anulación que está teniendo el sistema nacional de protección de los derechos humanos en el país", dijo Flores en una conferencia de prensa.

En referencia al Poder Judicia, Flores expresó que "prácticamente se ha anulado el sistema de mecanismo de control del poder y de los abusos de poder" e insistió en que la situación les preocupa. En esta línea llamo a que se investigue de manera independiente, imparcial y exhaustiva las distintas denuncias de violaciones atribuidas a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

En la misma línea, la directora de Investigaciones en Derechos Humanos de la organización Cristosal, Rina Montti, dijo que entre marzo e inicios de agosto de este año han recibido 3.186 denuncias de presuntas vulneraciones de los derechos humanos, a las que se suman 3.400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país en el mismo período.

De acuerdo con Montti, estas denuncias recibidas por las organizaciones demuestran "una clara necesidad de la población de algún tipo de asesoría legal" y, además, cuestionó el trasfondo de la medida impuesta por el gobierno para capturar a los "pandilleros". "Pereciera que el régimen de excepción no tenía como objetivo ulterior procesar, capturar, descubrir y presentar públicamente, con evidencia suficiente, a este grupo de personas que fueron los causantes", manifestó.

Muertes en cárceles

El sábado 27 de agosto se dio a conocer que el gobierno de El Salvador registró 73 muertes de personas en las cárceles, detenidas durante el régimen de excepción que comenzó a regir en marzo de este año, según reconocieron autoridades a medios locales.

Funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML) dijeron al periódico salvadoreño La Prensa Gráfica que "tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que se inició el régimen de excepción, el 27 de marzo".

Asimismo, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de información a las familias de los detenidos por parte del Estado. En este sentido, el medio subrayó que en varios de los casos los familiares desconocen la causa de muerte, mientras el Estado se limitó a entregarles los cuerpos sin comunicarles más información.

Esto "sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas", denunció La Prensa Gráfica. Hasta el momento, el gobierno no ha informado de forma oficial la cifra de fallecidos y los registros de organizaciones sociales apuntaban a más de 60 muertos.

Capturas

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó el pasado jueves que la cifra de los presuntos "pandilleros" capturados en el marco del régimen de excepción ascendió a 50.851. "Seguimos sacando a más terroristas de nuestras comunidades, cantones y caseríos. Más de 50 mil terroristas capturados en esta guerra contra pandillas", se lee en la cuenta de Twitter de la cartera.

Asimismo, la Policía Nacional Civil reportó el miércoles de la semana pasada que  finalizó sin homicidios en todo el país, acumulando un total de 18 días sin asesinatos en lo que va el mes de agosto. "Cero Homicidios. Seguimos. Guerra contra pandillas", publicó el presidente, Nayib Bukele, en sus redes sociales.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) envió a una delegación de defensores de los derechos humanos de Argentina, Bolivia y Brasil para verificar la situación de los presos recluidos en las cárceles del país. El propósito de las visitas, según la PDDH, fue para "constatar todos los avances, el proceso y las condiciones de todas las personas privadas de libertad".

La PDDH añadió que los visitantes se enfocaron en verificar "el derecho a la seguridad y la vida", y que se "garanticen aspectos básicos como salud, recreación y alimentación, que son derechos fundamentales para cumplir con las condiciones humanas adecuadas en el recinto carcelario".