El Ministerio de Desarrollo Social comenzó las auditorías del plan Potenciar Trabajo. Los beneficiarios del programa deben responder un cuestionario de 40 ítems sobre qué tipo de contraprestación realizan, si estudian o trabajan, en qué lugar, con qué herramientas, si lo hacen organizados en un movimiento social, con un municipio, una iglesia o de manera individual. Aunque inicialmente se anunció en un tono de amenaza hacia las organizaciones sociales (“vamos a ser implacables con quienes deformen los objetivos del programa”, había dicho en los momentos de mayor confrontación el ministro Juan Zabaleta) y hubo incluso un reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que los intendentes y gobernadores recuperaran el monopolio del manejo de los planes, finalmente las auditorías están siendo presentadas como un relevamiento, con preguntas en las que se ve la influencia del Movimiento Evita --que tiene a su cargo la Secretaría de Economía Social-- y su modo de pensar la economía popular. El cuestionario refleja las negociaciones en el interior del Frente de Todos, y la pregunta que queda planteada es para qué será utilizado: en qué medida para corregir el programa Potenciar y en qué medida para cortarles recursos a las organizaciones opositoras o achicar gastos en el marco del ajuste impulsado por el Ministerio de Economía.

Los primeros relevamientos se hicieron en la localidad de Ituzaingó, a cooperativas de reciclado, con estudiantes de la Universidad de Hurlingham.

“El objetivo es ver cómo mejoramos el programa. La gran mayoría de la gente que cobra un Potenciar está trabajando, estamos convencidos de que es así porque nadie vive con los 22 mil pesos del plan. En la Argentina hay una falsa discusión instalada sobre los planes sociales. Desde el Estado lo que tenemos que hacer es pensar políticas públicas que mejoren las condiciones del sector”, dijo Alejandro Gramajo, subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local desde el lugar del operativo, la cooperativa La muchachita de los Toldos.

Críticas y acuerdos

Las organizaciones piqueteras de la izquierda son las más críticas de las auditorías. Para Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, se trata de “una puesta en escena”. “Esto es un reempadronamiento parecido a los que ya hicieron otras veces, incluso durante el año pasado. Vemos que es una puesta en escena, una cosa que hacen para la tribuna porque preguntan cosas que el Estado ya sabe, por ejemplo si el que cobra un Potenciar Trabajo recibe otro tipo de asignación. Hoy está todo informatizado y esos son datos que el ministerio conoce cada vez que carga en el sistema a una persona”. Al mismo tiempo, Belliboni habló de una intención de favorecer a los intendentes. “Van a pasarles una parte de los planes”, anticipó.

También cuestionó las auditorías Silvia Saravia, referenta de Libres del Sur y coordinadora nacional de Barrios de Pie. “No queda claro para qué las están haciendo”, sostuvo. “Si fuera para mejorar el programa, deberían preguntar si les llegaron las herramientas y los materiales para trabajar, cuáles son las dificultades que encuentran. Para nosotros es un programa valioso, pero falta acompañamiento del Estado”.

“Nuestra presunción es que con las auditorías quieren dar de baja 400 mil beneficiarios. Eso es lo que han dicho desde el propio Gobierno”, concluyó.

Desde la UTEP, Gildo Onorato dijo en cambio que están “predispuestos a las auditorías” aunque remarcó que se deben hacer “al conjunto de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales”, es decir también a las intendencias, gobernaciones y ONGs. “La otra exigencia es que se haga en los lugares de trabajo para ver la realidad concreta de la economía popular, porque queremos mostrar las carencias y los déficits de las políticas públicas. Queremos que se vea nuestro trabajo y la falta de ejecución de compromisos asumidos por el ministerio de Zabaleta. Desde que eso se fue acordando, decidimos poner el mayor esfuerzo en que el proceso se pueda hacer”.

El cuestionario

El cuestionario pregunta a los beneficiarios si “conocen a qué Unidad de Gestión (UG) y/u organización pertenecen”, qué días de la semana trabajan o qué tipo de estudios cursan y "en qué actividad consideran que tiene mayores posibilidades de desarrollo y trabajo". También cuál es el interés por terminar los estudios o capacitarse, y cuáles son las razones por las que, eventualmente, la persona no está interesada en estudiar.

Por otra parte, incluye ítems sobre los integrantes del grupo familiar y la asistencia que recibe del Estado. Otro aspecto del relevamiento inquiere sobre el interés en tener un trabajo en blanco, y bajo qué condiciones.

Contestarlo es obligatorio; quien no lo haga, cobrará el 50 por ciento del Potenciar, que es la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. En septiembre su monto será de 25.600 pesos, a cambio de una contraprestación de 20 horas de tareas semanales.