“Te llena saber que después de 40 y pico de años diciendo nuestra verdad finalmente nos escucharon”, dice con emoción Julieta González, una mujer trans que el martes fue reconocida como presa política por el gobierno bonaerense después de haber estado detenida en el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Banfield”.

Julieta vivió toda su vida en Tigre. Una noche fue secuestrada mientras estaba con otras dos compañeras ejerciendo el trabajo sexual en la Avenida del Libertador, a la altura del Club Atlético San Isidro (CASI). No recuerda si fue en 1977 o en 1978 porque entonces las violencias eran muchas, cotidianas y asfixiantes. Pero sí recuerda cómo –con sus 20 años a cuestas– fue llevada desde la Brigada de Martínez al lugar que conocía como el “Área Metropolitana” de Banfield.

“Nos trataban como si fuéramos un extraterrestre. Te miraban de arriba a abajo. Como si fueras un marciano”, cuenta. Primero las llevaron a buscar un calabozo donde meterlas. “Vi una persona en una celda, sentada en el piso. Toda flaquita y con el pelo largo enredado. Cuando abren la puerta, mira hacia donde estábamos y después vuelve a agachar la cabeza”.

Como ese lugar estaba ocupado, las empujaron a buscar otro calabozo. Las instalaron en uno que tenía una letrina. “Nos trajeron dos colchones que estaban llenos de sangre –como con coágulos de sangre– y pelos. Ahí comenzó el martirio”, relata. Para las mujeres trans que estaban alojadas ahí dentro lo común eran los abusos sexuales y los cachetazos ante cualquier mínima resistencia.

A ellas también las usaban como mano de obra esclava en el centro clandestino: tenían que cocinar en unas ollas grandes, limpiar, lustrar botas e incluso picar cascotes. “Párense como hombres”, les gritaban. Si osaban responder, lo que venían eran los golpes.

Las tareas de limpieza incluían lavar los autos que se usaban para secuestrar. Era común que se encontraran ropas rotas y ensangrentadas, pero hay un recuerdo de un Falcon amarillo que, más de 40 años después, aún la estremece. El auto estaba lleno de sangre en los asientos y en el baúl. “A veces me miro las manos y pienso que están manchadas con sangre porque nos hacían lavar esos coches”, cuenta.

Durante el día, el Pozo de Banfield funcionaba casi como una dependencia policial más –con sus violencias y arbitrariedades– pero los movimientos se escuchaban particularmente de noche. A Julieta y a sus compañeras les habían prohibido subir hacia los pisos superiores. Un día escucharon que, desde arriba, les preguntaban dónde estaban. “En el Área Metropolitana de Banfield”, se animaron a responder ellas.

El sonido de los motores de los autos son todavía un recuerdo vívido para ella, que hacen que durante las noches esté atenta al menor ruido. Hay otro sonido que no puede olvidar. Los gritos de una mujer y después el llanto de un bebé en el Pozo de Banfield, un lugar usado como una maternidad clandestina dentro de lo que se conoce como el Circuito Camps. “¿Quién será ese bebé? A mí me gustaría decirle: ‘Yo estuve en tu nacimiento. Yo te escuché llorar’. Ojalá Dios haya iluminado a esa criatura”, dice.

Algo parecido a la justicia

Julieta, de 65 años, estuvo el martes en La Plata para recibir el certificado que la reconoce como una presa política y la hace beneficiaria de una pensión graciable a partir de la ley 14042. La acompañó su mamá de 90 años. “Qué emoción ver que hoy te reconocen cuando tantas veces vi que te humillaban”, le dijo.

En medio de los abrazos y las fotos, se acercó un hombre joven para saludarla. “Los presento. Él es el juez Ernesto Kreplak”, les dijo una funcionaria que participaba del acto. Kreplak es el juez que procesó a los represores que tuvieron bajo su órbita al Pozo de Banfield por lo que padecieron Julieta y otras siete personas trans que fueron llevadas a ese lugar. En su resolución de abril de este año, el juez reconoció que estas personas fueron víctimas de una violencia diferencial en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La investigación sobre lo sucedido con Julieta se hizo conjuntamente con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, con el especial impulso de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quien venía trabajando desde hace unos años en casos que nunca habían tenido respuesta judicial. Contó con la ayuda del Archivo de la Memoria Trans, que acercó a otras personas que habían estado secuestradas y nunca habían contado su historia en los tribunales –vistos como un escenario más asociado a la violencia y al maltrato que como una instancia de justicia y reparación–.

“Se escucharon sus testimonios y se generaron distintas imputaciones. Eso habilitó que se las considerara presas políticas en manos del terrorismo de Estado. En ese momento fue cuando se intensificaron las violencias, lo que incluyó haber estado en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esa persecución se dio en el marco del modelo que quería imponer la dictadura en lo que hace también a lo sexo-genérico: haber transgredido la cis-heteronormatividad iba a ser castigado con mayor saña entonces”, explica Oberlin, que resalta que siguen escuchando testimonios y que quienes quieran acercarse para contar sus historias van a ser recibidas.

Algo parecido a la reparación

El martes, el gobierno provincial no solo reconoció –en el marco del día del detenido-desaparecido– a Julieta sino también a Carla Fabiana Gutiérrez, una mujer trans que se exilió en Europa. Ella fue secuestrada en el verano de 1976-1977, cuando tenía catorce años y sometida a todo tipo de abusos y humillaciones. No pudo viajar pero mandó un video desde Italia, donde vive.

“Fue un acto con características distintas por todo lo que representa este grupo tan vulnerado y se percibió esa sensación de reparación y justicia”, afirma Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense. “Si en el imaginario de la dictadura no entraban las disidencias políticas, gremiales o estudiantiles, tampoco entraban las disidencias sexuales”, añade.

A Julieta todavía le cuesta creer que el reconocimiento sea cierto. Será posiblemente otro hito en su historia, como lo fue recibir en 2012 el documento con el nombre que ella había elegido como propio a los catorce años. “El gobierno de Cristina no solo me dio mi identidad, sino que me devolvió la dignidad”, dice. “La vida también recompensa”.

Hace un tiempo, Julieta volvió una vez al Pozo de Banfield con un equipo de periodistas de Brasil. Sintió la conmoción de estar nuevamente cerca de esas paredes llenas de humedad. Sintió la presencia de quienes no pudieron salir de ese infierno. En las últimas horas recibió una invitación para ir al sitio de memoria que allí funciona, sacarse una foto y que su historia se cuente allí. “Es la historia y tiene que saberse para que no pase nunca más. Ojalá que la reparación sea para todas las chicas mayores de 60 que pasaron por este proceso”, pide.