Este jueves, militantes del Frente Patria Grande realizaron una denuncia tras encontrar el sábado pasado un estuche con dos cargadores con 32 balas de plomo en medio de la represión que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo en la puerta de la casa de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Según los testigos, el material se le cayó a un efectivo luego de forcejear contra un grupo de manifestantes. Luego de percatarse de que no eran balas de goma, sino de plomo, decidieron llevárselas a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, quien luego exhibió las pruebas a través de un video publicado en sus redes sociales.
En diálogo con AM750, el abogado que acompañó a los militantes del Frente Patria Grande a realizar la denuncia, Nicolás Rechanik, sostuvo que en primer lugar hay una violación a la Ley de Seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que en el artículo 99 prohíbe expresamente "la portación de armas de carácter letal en manifestaciones para policías que puedan estar en contacto con manifestantes".
Por otro lado, remarcó que hay un "delito" en no haber denunciado el extravío de ese material. "A nosotros nos interesa el riesgo que implicó esa situación no solo para los manifestantes, sino también para la Vicepresidenta", argumentó.
"Me parece que ahí hay tres temas centrales que hay que investigar y que es la Justicia la que determinará, pero realmente es una situación bastante delicada", subrayó.
El letrado señaló que la denuncia quedó radicada en la UFI-RENAR, una unidad fiscal especializada en delitos relacionados con armas, que será la encargada de determinar a dónde será remitida.
"Es preocupante desde todo punto de vista la impericia y la negligencia, y será la Justicia la encargada de determinar si esto fue un hecho aislado o fue una orden que se dio para ir con este tipo de material a esta movilización", concluyó.
