La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que devuelva a los y las docentes porteños los descuentos que realizó por los días de paro durante la segunda ola de la pandemia de covid - 19. La decisión de la jueza laboral Laura Cristina Castagnino responde a una demanda iniciada por el gremio docente Ademys, que entre abril y junio de 2021 impulsó las medidas de fuerza contra la decisión del Ministerio de Educación de mantener abiertas las aulas en medio de los picos de contagios. Además, la jueza impuso una multa de tres millones de pesos a la administración porteña por haber incurrido en una "práctica desleal" como "represalia por medidas legítimas de acción sindical".
"Disponer la nulidad e inmediata devolución de los descuentos efectuados por el GCBA a los/as trabajadores/as docentes que se adhirieron a las medidas de acción directa convocadas en el mes de abril, mayo y junio de 2021, en el marco del conflicto colectivo suscitado en torno a la presencialidad durante la denominada 'segunda ola'", escribió en su fallo Castagnino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°4. Durante ese período, los gremios docentes realizaron varias jornadas de huelga para pedir el pase a la modalidad virtual y rechazar la decisión del Ministerio de Educación porteño de no suspender las clases presenciales en pleno pico de contagios.
El foco del conflicto estuvo entre mediados de abril y principios de mayo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el cierre de las aulas y Horacio Rodríguez Larreta acudió hasta la Corte Suprema para evitar cumplir el DNU. A principios de junio, en tanto, los gremios docentes volvieron al paro en el retorno a la presencialidad luego del breve confinamiento de nueve días que finalmente decretó el GCBA a fines de mayo. Para ese entonces, la Justicia ya había dictado una cautelar en la que ordenaba a la administración porteña que dejara de descontar los días de paro y devolviera los montos adeudados, pero la resolución no fue acatada.
"En la demanda, Ademys explicó que las huelgas fueron convocadas para resguardar la vida y la salud de los/as docentes y sus familias, frente a la tozuda decisión del GCBA de mantener la presencialidad y exponer a miles de docentes al contagio masivo en un momento donde todavía no había vacunación efectiva para los y las trabajadores de la educación", explicó ahora el gremio porteño. "Como novedosa forma de ejercer el derecho de huelga, los/as docentes se abstuvieron de concurrir a clases presenciales para resguardar la salud y la vida, pero pusieron a disposición de la comunidad educativa clases remotas a partir de medios virtuales y dispositivos tecnológicos", recordaron.
En el mismo sentido, la jueza consideró que los paros de ese período tuvieron "la finalidad de resguardar la salud" y destacó que el propio cuerpo docente puso a disposición del GCBA "la fuerza de trabajo de modo remoto o virtual, a fin de garantizar la continuidad pedagógica". "El objeto de la medida de acción adoptada era una abstención de concurrir presencialmente, en razón de la emergencia, pero no una abstención de prestar funciones, lo que es posible a partir del avance tecnológico", subrayó. En la demanda, el gremio había argumentado también que, en el momento de los paros, gran parte de las escuelas porteñas "no contaban con las condiciones edilicias y de mantenimiento específicas para que los trabajadores puedan desarrollar funciones sin estar expuestos a un alto grado de riesgo".
Además de ordenar la devolución del monto por los días descontados, Castagnino también multó al GCBA por esa práctica. Según escribió la magistrada, el Ejecutivo porteño violó el artículo 53 de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Ese artículo establece que "adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical" forma parte de "prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores".
La jueza consideró que el GCBA infringió ese artículo "al proceder al descuento de haberes en circunstancias de emergencia sanitaria, incumpliendo las normas que imponían la obligación de velar por la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores afectados". Con el agravante de no haber acatado la cautelar previa, Castagnino impuso una multa de tres millones de pesos. Luego de que se conociera el fallo, Ademys aseguró que, "si bien es posible que el Gobierno apele esta resolución, constituye un paso fundamental y de fondo en la pelea y en el camino de lograr la devolución efectiva de los salarios descontados por los días de huelga".
