Aparecieron en la puerta del Centro Municipal de Distrito Sur, en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y hasta cerca de los frentes del hospital de Niños Zona Norte y del policlínico Pami II en Arroyito. Estaban impresos en papel, y otros tambièn escritos a mano sobre una tela plástica. Los textos hacen alusión a nombres conocidos de bandas de narcomenudeo locales, y por los mismos las sospechas se dirigen a un grupo subsidiario del clan Los Monos que opera en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Es que las audiencias imputativas formalizadas esta mismo semana a varios de sus integrantes apoyan la presunción.

 

“Fiscal Socca, Matías Edery, hacen meter presos y hacen causa a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme le apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estadías en pabellones comunes”, expone uno de los volantes arrojados frente a la sede de la AIC. En este caso, algunos testimonios mencionan a dos mujeres en una moto como quienes arrojaron los papeles impresos. Dos mujeres que se desplazaban en moto fueron filmadas mientras dejaban los panfletos en la puerta de la sede de la AIC. Ya hay medidas en curso para identificarlas, ya que se pudieron ver sus rostros, aseguran fuentes del caso.

Otro mensaje, manuscrito, fue dejado en el Centro Municipal de Distrito Sur, sobre el que además arrojaron piedras que hicieron astillas algunos vidrios. El texto reza: “Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente de que Fran Riquelme te apunta. Y el otro fiscal, Matías Edery, para hacer meter presos y hacer causas a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estar en pabellones comunes”.

Los nombres propios son significativos. Francisco –o Fran– Riquelme está detenido y se lo vincula al también preso Esteban Alvarado. Investigadores que conocen las bandas rosarinas deslizan que hay acuerdos forjados en la cárcel entre los anteriores y otros grupos: Los Funes y el que dirige René Ungaro. Completa el entramado otro dato: todos tienen enfrentamientos con Los Monos por territorio para el narcomenudeo y otros delitos conexos.

Una hipótesis de los pesquisas es que el detonante de la andanada de amenazas, que no es la primera, fueron las imputativas que encabezó uno de los fiscales estampados en los carteles, el de la Unidad de Balaceras Pablo Socca. Entre el martes y miércoles último, fue él quien pidió las imputaciones a 26 integrantes de una banda liderada por Mauro Gerez y dirigida desde prisión por Andy Benítez y Julián Aguirre, que fue allanada la semana pasada.

La sospecha es que el grupo de Gerez es una suerte de franquicia del clan Cantero, y que de ahí surgió la idea de los panfletos acusando a Socca de trabajar para la “competencia” de los negocios ilegales en el noroeste rosarino. La jueza Silvia Castelli resolvió que 23 de los arrestados queden en prisión preventiva y a tres les concedió la libertad, pero con restricciones. La causa investiga una saga de balaceras y extorsiones perpetradas en barrio Ludueña.

Los primeros carteles, precisamente, fueron arrojados en el Centro de Justicia Penal poco después de finalizada la segunda jornada de las audiencias imputativas.

En el hospital de Niños Zona Norte se halló otro papel, que en este caso, decía: “Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente inocente y meter preso que Fran Riquelme y Jonita Riquelme te apuntan. Y el otro, Matías Edery, hacen meter presos y hacen causas a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme les apuntan para arreglar condenas, abreviados y estadía en pabellones comunes”.

Por su parte el Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió un comunicado en el que expresa repudio a las intimidaciones sufridas por los fiscales Socca y Edery. “El MPA repudia enérgicamente las amenazas dirigidas en las últimas horas al fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras, Pablo Socca, y al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery, ambos de la Fiscalía Regional 2”, señala el texto y resalta que “la libertad de actuación de los y las fiscales es un requisito indispensable para que puedan llevar a cabo la persecución penal pública de manera objetiva y autónoma, tal como lo establece la ley”. “Este tipo de hechos intimidatorios de ninguna manera modificarán los términos ni alterarán el rumbo de las investigaciones en curso”, concluye.