El Gobierno nacional, con el patrocinio letrado del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro, solicitó la excusación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, en el marco de la causa que se dirime en el máximo tribunal en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de la CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

La presentación, en la que además se pide la recusación en caso de no mediar la excusación, se basa en un hecho registrado el pasado 15 de agosto en un hotel porteño - e informado por este diario-, cuando en el marco de un festejo de cumpleaños al que asistieron altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´ Alessandro, y Silvio Robles, el director general de la vocalía de Rosatti arribaron juntos y compartieron dicho evento. 

Según expone el documento, presentado por el Estado Nacional ante la CSJN en las últimas horas, la situación descripta, que revela la afinidad entre el ministro de Seguridad porteño y un funcionario de extrema cercanía al ministro de la Corte, "podría afectar el debido proceso, en particular la garantía del juez imparcial".

En ese sentido, agrega: "Se solicita que  Horacio Rosatti, de acuerdo a los máximos estándares internacionales en interpretación de imparcialidad judicial, proceda a excusarse en este expediente como en todo aquel en que su decisión pueda ser mínimamente sospechada".

Por otra parte, los letrados patrocinantes del Estado, indican que la situación deja en claro que Rosatti "se encuentra bajo grave sospecha", como así también "su imparcialidad como magistrado de esta causa, lo que tiene una obvia y enorme relevacia institucional".

Subsidiariamente, y en el hipotético caso que Rosatti no se excuse de la causa que tramita la Corte, el Estado Nacional solicitó que la presentación "se considere como planteo formal de recusación" contra el magistrado, por verse afectada "la imparcialidad que debe rodear a los magistrados como intérpretes de la ley".

La disputa entre Nación y Ciudad

En esta causa se discuten los privilegios que Mauricio Macri le otorgó a la ciudad apenas asumió la presidencia, cuando le aumentó por decreto la coparticipación del 1,4 al 3,75 por ciento con la excusa del traspaso de la Policía. Lo cierto es que el decreto de Macri en favor de Rodríguez Larreta era demasiado exagerado para cubrir los costos de la policía porteña, y que el excedente se utilizó para otros gastos que no tenían nada que ver con ese destino.

Tal es así que, el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que venció en mayo.

Desde entonces, la Corte hizo varias reuniones entre Nación y CABA, pero sin resultados. Sin embargo, rumores y la evidencia de férreas amistades entre el macrismo y el poder judicial permiten suponer que el fallo será favorable a Rodríguez Larreta.

El federalismo no se negocia

Mientras avanzaba la causa, en el mes de mayo, los gobernadores de 17 provincias emitieron un documento conjunto, titulado "El federalismo no se negocia", en el que expresaron su preocupación por el fallo del máximo tribunal sobre los fondos con los que Macri favoreció a la CABA. En el escrito, manifestaron que que Rodríguez Larreta reclama “recursos que no le corresponden” y advirtieron que resistirán una decisión judicial que consideren adversa.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresaba el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, señalaron.

Asimismo, aseguraron que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.

En el documento, los gobernadores denunciaron, además, que reciben “los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”, que pagan el combustible más caro y que tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad.

Y reclamaron: “Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos".

El documento llevaba la firma de Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).