Un total de 11 millones de personas debieron recibir ayuda alimentaria del Estado durante 2020, en el marco de la pandemia por coronavirus. Niñas, niños, niñxs y adolescentes representaron el colectivo más vulnerado, por la falta de políticas públicas durante los años del gobierno macrista, que abordaran en forma integral el problema del hambre y la malnutrición. A las pruebas remite la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en 2018-2019, con datos antropométricos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, que se dividían entre situaciones de déficit extremas y exceso de peso, respecto del estado nutricional y antropométrico de la población.

Se sabe, las evidencias científicas dan cuenta de que el exceso de peso en NNyA condiciona la aparición de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a edades cada vez más tempranas. Los resultados de la encuesta también arrojaron una prevalencia de talla baja, reflejo de malnutrición crónica, en menores de 5 años, de casi el 8 %, mientras que en la franja de 5 a 17 años fue de 3,7 %. 

Los patrones alimentarios en la Argentina, según investigaciones del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), empeoraron en las últimas décadas: el consumo de frutas y verduras es muy bajo, el de sodio y azúcar duplica el límite máximo recomendado, y el de bebidas azucaradas es de los más altos del mundo.

“El problema de la alimentación en nuestro país, sobre todo en lo que refiere a las niñas, niños y adolescentes, constituye un asunto complejo para el que vale la pena redoblar esfuerzos desde el campo educativo. Se trata de un fenómeno sanitario, pero también económico, social y cultural que condiciona el acceso y el libre ejercicio de los derechos humanos”, fundamenta el proyecto de ley de Educación para la soberanía alimentaria, que presentó la diputada nacional por el Frente de Todxs, Florencia Lampreabe. Busca establecer el derecho a la educación para la soberanía alimentaria como una política nacional, y lo incorpora en las propuestas educativas para garantizar conocimientos actualizados.

La iniciativa fomenta el acceso equitativo e igualitario al derecho a una alimentación adecuada para todo el país, promueve modelos de producción social y ambiental adecuados, propicia el consumo responsable e informado, desalienta los hábitos alimentarios que constituyan un riesgo para la salud y promueve la igualdad de trato y oportunidades, el respeto por las diversidades culturales, corporales, de géneros y territoriales, los entornos libres de violencias y la no discriminación.

“La escuela es una institución que puede contribuir abordando la Educación Alimentaria, tanto en el aula como en el patio y el comedor escolar, al contribuir con entornos escolares saludables, promoviendo comportamientos alimentarios que permitan mejorar la salud de la población”, sostiene la legisladora. “Este proyecto apunta a rediseñar el modo en el que se aborda a la nutrición en los espacios educativos, tanto formales como no formales, desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria.”