La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó una denuncia ante la Cámara del Crimen por la actuación de la Policía de la Ciudad en la noche del 9 de abril, cuando reprimió injustificadamente a los docentes que intentaban montar la “Escuela Pública Itinerante” frente al Congreso. Según informó el sitio fiscales.gob.ar, el titular de la Procuvin, Félix Crous, firmó la denuncia contra la policía porteña tras una investigación preliminar en la que estableció que no hubo “motivo alguno que haya justificado el uso de gas pimienta, los empujones, las patadas y los golpes propinados con los escudos y bastones”.
El domingo 9 de abril agentes de la fuerza de seguridad porteña arremetieron contra un grupo de docentes del gremio Ctera que estaban en plena instalación de la “Escuela Pública Itinerante” frente al Congreso para reclamar al Gobierno que convoque a la paritaria nacional del sector. A pesar de que se trató de una protesta pacífica y que ni siquiera se interrumpía el tránsito, la infantería de la fuerza porteña desalojó violentamente la Plaza de los Dos Congresos con la excusa de que los maestros no tenían la autorización municipal necesaria para levantar la estructura. El Gobierno de la Ciudad justificó al día siguiente la represión porque los docentes “hacían uso indebido del espacio público”, pero finalmente terminó autorizando la instalación, que se concretó el 12 de abril y se mantuvo hasta el 5 de mayo.
Crous remarcó en su denuncia contra la Policía de la Ciudad que no hubo ni un ataque a los bienes del Estado, ni afectación al libre tránsito o al personal policial allí apostado como posibles motivos para justificar la represión a los maestros. “La desconcentración o desalojo de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas -los propios manifestantes o terceros- ante peligros reales y, a la vez, si ellos se vieran verificados, debe necesariamente contemplar las medidas de desconcentración menos lesivas para quienes ejercer el derecho”, explica la presentación, que tomó en cuenta las declaraciones testimoniales de varios docentes y de los propios policías.
Uno de los testimonios es el del secretario de Relaciones Internacionales de Ctera, Eduardo Pereyra, quien sostuvo que cerca de las 18 el comisario Marcelo Galluzzi le comunicó telefónicamente que el Ministerio de Espacios Públicos había ordenado desarmar la estructura y decomisar los elementos. Una hora después, el comisario y otro funcionario policial reiteraron la orden personalmente y “al ser preguntados acerca de la existencia de alguna orden de desalojo, reiteraron que se trataba de una orden verbal que provenía de Presidencia, y que les daban dos minutos para retirarse del lugar”, explicita la denuncia de la Procuvin. Luego, cuando el gremialista se disponía a comunicar la situación a los demás representantes de Ctera, la columna policial avanzó contra los docentes.
En tanto, la denuncia también retoma la declaración de los policías involucrados en la represión, que relataron los hechos en una causa iniciada contra los dos manifestantes detenidos por supuesta “resistencia a la autoridad” y coincidieron en que se recibió una orden de desalojo. La directiva habría provenido de la Dirección General de Operaciones, que dispuso que los efectivos procedan al “barrido de los manifestantes”. Para la Procuvin, eso “permite advertir la connotación que para un funcionario policial puede tener esa palabra en el contexto de un operativo de contención ante una concentración masiva de personas”.
Crous remarcó que con la excusa de la falta de un permiso administrativo se dio un operativo que afectó “derechos esenciales a la vida democrática, como son el de reunión, expresión libre y petición a las autoridades”, además de “la integridad física de los manifestantes”. El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional propuso que se investigue la cadena de mandos de la fuerza porteña y a los funcionarios públicos que avalaron o emitieron la orden.
