Desde Santiago

Este domingo los chilenos deberán decidir si aprobar o rechazar la propuesta de Nueva Constitución, elaborada durante un año, desde el 4 de julio de 2021 por una Convención Constituyente elegida por la ciudadanía. El proceso fue la salida institucional a la grave crisis provocada por el estallido social iniciado el 19 de octubre de 2019, que en una semana ya tenía más de un millón de personas protestando en las calles de Santiago que se sumaron a las del resto de todo Chile, con carabineros disparando perdigones a los ojos de los manifestantes o lanzando gases lacrimógenos indiscriminadamente y, como en las peores postales de la Dictadura, el aterrador regreso de soldados armados, tanques y helicópteros patrullando las calles. Todo esto, mientras varias estaciones de subte ardían, sin que hasta el día de hoy se sepan los responsables.

Un fenómeno de proporciones que comenzó con un grupo de estudiantes secundarios evadiendo los torniquetes del subte debido al alza de 30 pesos (menos de 5 pesos argentinos) pero que motivaría una frase que fue eslogan, mientras se sumaban adultos al gesto: “No son 30 pesos, son 30 años”. Una referencia a los 30 años en que la Concertación gobernó el país tras el retorno de la democracia, incluyendo al Partido Socialista y la Democracia Cristiana y que, según quienes protestaban, no hicieron mucho por cambiar el esquema neoliberal heredado de la Dictadura.

Justamente ese modelo es el que se juega en este referéndum que, por esos guiños de la historia, ocurre a 52 años del triunfo de Salvador Allende. Un cambio que si bien dista de ser tan radical como lo pinta la derecha, es una modernización y cambio de esquema a la forma de concebir un Estado aún bajo la terrorífica sombra autoritaria dejada por el general Augusto Pinochet y su principal intelectual, Jaime Guzmán. Mientras todas las noches los chilenos caceroleaban por horas y luego hacían sonar por las ventanas de casas y edificios “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara o “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera no sabía qué hacer. Según investigaciones periodísticas como “La revuelta” de Victor Herrero y Claudia Landaeta, las ideas nunca reconocidas públicamente de una renuncia, un autogolpe o el castigo militar a la “primera linea” como se llamaba a los encapuchados que se enfrentaban a la policía rondaron por la cabeza de los asesores de un estresado presidente.

Pero Piñera, astuto y con una sorprendente lucidez, pasó del convencimiento de estar en “una guerra” a ceder ante las presiones de los diferentes sectores del Congreso, entre ellos el comandado por el actual mandatario Gabriel Boric, para apoyar finalmente un Acuerdo por la Paz en noviembre por el que se llamaría a un plebiscito en octubre de 2020 donde casi un 80% de la ciudadanía decidió aprobar un proceso constitucional que reemplazaría la Carta Magna de 1980, escrita en plena dictadura de Pinohet que, aunque con modificaciones, rige hasta hoy en el país trasandino. Si bien algunos vieron el acuerdo como una forma de salvarse de la acusación constitucional debido al alto nivel de violencia —que dejó a centenares de jóvenes sin ojos— y la irresponsabilidad de la policía, se abrió una posibilidad inesperada de recuperar algo de la paz social que amenazó incluso a la elite cuando se registraron quizá las únicas protestas en ese sector alto de Santiago que mira a las montañas.

Este plebiscito también es especial porque vuelve, tras una década el voto obligatorio, habilitando a más de 15 millones de chilenos a sufragar. También se reasignaron los recintos de votación haciéndolos más cercanos al domicilio de los votantes. Algo que evitará escenas como las decenas de personas esperando locomoción pública en las elecciones presidenciales y que, ante la ausencia de transporte debieron movilizarse a pie, a veces caminando durante horas bajo el sol del verano. Sin duda, la jornada va ser de emociones intensas y no se descartan celebraciones en la Plaza Baquedano, rebautizada como “Dignidad” y que simbólicamente separa los sectores de clase media y baja de los ricos que se atrincheran cerca de la cordillera de Los Andes.

Incertidumbre

Bajo la típica calma de un fin de semana electoral y en vísperas de los 49 años del Golpe de 1973 el 11 de septiembre y las Fiestas Patrias del 18, lo que reina en Chille es, sobre todas las cosas, la incertidumbre. Mientras todas las encuestas señalan el triunfo del “Rechazo” —por un margen entre 5% y 10% de votos— la campaña de esta opción apenas logró juntar a 400 personas en su cierre en el Parque Metropolitano de Santiago. Por otro lado se suma la impresionante cantidad de noticias falsas y desinformación generada por esta opción —favorita de la derecha, empresarios y sectores de la Democracia Cristiana— que van desde el cambio de la bandera hasta la posibilidad que el estado expropie las casas, pasando por una improbable dictadura mapuche hasta el fin de la libertad religiosa. Incluso han surgido agrupaciones como los “Amarillos por Chile” que llaman a rechazar “con amor” y que serían una curiosidad, si no fuera porque sus integrantes —entre ellos figuras del mundo cultural y académico supuestamente “de izquierda”— han sido la agrupación ciudadana con más alto financiamiento, incluyendo empresarios de holding navieros o tiendas de retail.

En contraste la opción “Apruebo” logró llenar con más de 500 mil personas el centro de Santiago en su cierre de campaña, tratando de educar a la población para que no se deje engañar por las mentiras del “Rechazo”. El propio gobierno de Boric, evidente impulsor del proceso, que por mandato de la contraloría debe mantener neutralidad, ha repartido copias gratuitas del nuevo texto constitucional (que en librerías es best seller hace meses) e incluso el propio presidente ha debido firmar ejemplares, lo que ha motivado acusaciones de intervencionismo que no han pasado a mayores.

Sin embargo, está muy fresca en la memoria del votante y convenientemente potenciada por los medios masivos que en Chile, la mayoría perteneciente a la derecha, del desorden del proceso constituyente. Algo que comenzó desde el primer día con protestas afuera del ex Congreso Nacional (donde se realizaron las sesiones) ubicado en Santiago Centro y con constituyentes interrumpiendo el himno nacional; el fraude del convencional Rodrigo “Pelado” Vade, un personaje surgido de las protestas y que finalmente reconoció no sufrir el cáncer que lo motivaba supuestamente a protestar al no tener dinero para el tratamiento, o jornadas de votación para elegir a los presidentes que se extendían por días. De hecho la convención nunca tuvo una estrategia de comunicaciones muy clara, obligando a cada convencional a tener su propia web o redes sociales, lo cual generaba confusión en los votantes.

“Confío en la Sabiduría del pueblo de Chile”

Boric está en su Punta Arenas natal en el extremo sur del país donde votará a primera hora para luego viajar a Santiago a esperar los resultados. En un contacto con los medios ha señalado que espera “que sean los chilenos y chilenas quienes por primera vez decidan democráticamente respecto del contenido y forma de una nueva Constitución, sin duda, pase lo que pase el domingo, es un hecho que a va a transcender. Confío en la sabiduría del pueblo de Chile”.

Pase lo que pase, el discurso que emitirá al atardecer, una vez conocido los resultados en un proceso que suele ser altamente eficiente en el país, será uno de los hitos de su mandato iniciado en marzo de este año. Por un lado, deberá recalcar la “unidad” en un contexto polarizado y con una inminente agudización de la crisis económica que golpea globalmente. Y por otro deberá entregar claves de hacia dónde va su diseño de gobierno. Es casi seguro que la próxima semana habrá un ajuste de gabinete, retardado sólo por el plebiscito, ya que algunas carteras como el Ministerio del Interior o la Segpres, liderada por Giorgio Jackson y que es el enlace entre el gobierno y el congreso, no han funcionado de buena manera.

Sin embargo, este no es el momento y Boric prefiere centrarse en el referéndum: “Estoy orgulloso del proceso democrático que hemos vivido, por cómo hemos logrado canalizar nuestras diferencias a través de las instituciones y llamo a todos los chilenos y chilenas a ser protagonistas de esta historia (…) Ustedes deciden qué es lo que va a pasar el domingo y de aquí para adelante, cómo vamos a ir construyendo nuestra historia en común. Es un hito que va a quedar en los registros de la historia y nos están mirando desde todo el mundo”.

Hasta nunca, Pinochet

La Constitución de 1980 sentó las bases donde se instaló la economía neoliberal chilena gracias a las políticas económicas de los “Chicago Boys”, profesionales evangelizados por Milton Friedman desde mediados de los años cincuenta y cuyos experimentos privatizadores y desmanteladores del Estado fueron funcionales a Pinochet, quien pudo expandir su poder con el beneplácito de la elite empresarial. Así, instituciones como las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) fueron impulsados por estos economistas bajo la siguiente lógica: el dinero que se ahorra obligatoriamente para la vejez puede ser administrado y operado internacionalmente por privados, quedándose con las ganancias y transfiriéndoles las pérdidas al cotizante. Algo que el Dictador no permitió en las fuerzas armadas y carabineros que son los únicos cuya jubilación no juega en ese sistema hasta el dìa de hoy.

La Nueva Constitución vendría a cambiar las reglas, garantizando a los chilenos el acceso a los derechos fundamentales como educación, salud y calidad de vida, reconociendo a mujeres, pueblos originarios, niños y adultos mayores (que en el texto de 1980 ni siquiera eran mencionados). También se establecen nuevas reglas para el cuidado del medio ambiente, la no discriminación, un sistema económico que impida los monopolios que rigen actualmente y el fin de instituciones como el Senado o el Tribunal Constitucional que, según los argumentos que se impusieron en la Convención entorpecían el proceso legislativo.

Esto último no cayó muy bien a la clase política y durante meses ha habido negociaciones privada para, en caso de ganar el apruebo se puedan “revisar” algunas medidas. La derecha por otro lado, se ha comprometido públicamente, aunque sin especificar bien la forma en que está dispuesta a iniciar un nuevo proceso constituyente. Una idea que el propio presidente Boric dijo apoyar, ante la sorpresa de los convencionales de izquierda que fueron mayoría en el proceso dejando a la derecha con apenas 27 de los 115 constituyentes. Una estrategia brillante, para algunos, ya que el electorado chileno cansado de un proceso que se arrastra desde “El estallido” y en plena pandemia, ya no estarían dispuestos a repetir. Aunque otros creen que es totalmente posible volver a armar una convención constituyente, aprovechando las enseñanzas dejadas y evitando los errores, sobre todo los comunicacionales.

Es decir, la única certeza de estos comicios es que pase lo que pase, la Constitución de 1980, esa perpetrada por la Dictadura de Pinochet y tan alegremente apoyada por las élites del país, ya está virtualmente muerta.