Héctor Garro, ingeniero, fue titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz durante sólo seis meses: de octubre de 2005 a marzo de 2006. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola le pidieron tres años de prisión por administración fraudulenta. Durante los seis meses de su breve mandato se adjudicaron -dicen los fiscales-nueve licitaciones, pero ninguna de las nueve obras viales fue peritada, de manera que es imposible establecer si hubo un perjuicio para el Estado. Además, la construcción se desarrolló mucho después de que Garro se hubiera ido del cargo, de manera que no le pueden adjudicar ni atrasos ni sobreprecios ni irregularidades en las redeterminaciones. Este es el disparatado caso con el que este lunes se inician los alegatos de las defensas en la causa de la obra pública de Santa Cruz. El turno será del defensor de Garro, Mariano Fragueiro Frías, uno de los letrados más vehementes y más sólidos de los que participan del juicio desde hace tres años.

Por lo que se sabe, Fragueiro Frías tiene tres audiencias para exponer, pero no se tomará más que una. Todo hace pensar que será durísimo con Luciani y Mola porque así participó durante el juicio, sobre todo cuando estalló con una intervención caliente en noviembre de 2021. El letrado increpó a los fiscales porque los testigos que convocaron no aportaron nada de nada y directamente no conocían las rutas de las que se trataba el juicio. En el caso de su defendido, las cinco obras que el Tribunal mandó a peritar son todas posteriores a su gestión y aún así lo embargaron por 22.500 millones de pesos. Por supuesto que Garro no tiene ni el uno por mil de esa cifra.

Aquellas palabras de Fragueiro Frías fueron similares a las de los otros abogados de los imputados. Sucedía que pasaban las audiencias -duraron más de tres años- y ningún testigo respaldaba la acusación ni aportaba ningún elemento. A Cristina Kirchner no se la nombraba siquiera. Aquel día, el letrado enfureció porque los testigos propuestos eran el exministro de Economía, Roberto Lavagna, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y Beatriz Quiroga, aquella supuesta secretaria de Néstor Kirchner, que en algún momento habló de bolsos con dinero en la Casa Rosada y que fue desmentida por su propia pareja. Pero lo concreto es que ninguno podía aportar nada sobre las 51 rutas que se debatían en el juicio.

La prueba más clara de que las audiencias fueron una verdadera paliza para los fiscales -tal como lo relató Página/12 en 134 notas-, es que Luciani y Mola tuvieron que recurrir a supuestas pruebas traídas de otros expedientes. Esos elementos se introdujeron al final del juicio y nunca se trataron, lo que llevó a la denuncia que hizo CFK cuando no la dejaron hablar, al día siguiente del fin del alegato de los fiscales. 

En su intervención, la vicepresidenta exhibió el contenido del celular de José López, el exsecretario que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Los fiscales tomaron apenas dos mensajes relacionados con obras de Santa Cruz y escondieron cientos de mensajes de los demás empresarios de la construcción. 

Intentaron demostrar que había una trato preferencial con Lázaro Báez, pero la realidad es que esos mensajes fueron muy normales y lo que verdaderamente surgía del celular es que había una nítida preferencia con empresas vinculadas a Mauricio Macri. Lo que quedó flotando es que los nueve millones de dólares vinieron de coimas pagadas por la constructora Odebrecht y otras socias del macrismo.

Las audiencias presididas por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso continuarán los lunes, miércoles y viernes. Como se sabe, los dos primeros jueces fueron recusados y también los dos fiscales. Es probable que en los próximos días, el recurso planteado por el abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, llegue a la Casación donde también habrá recusaciones porque se trata de jueces que visitaban a Macri en Olivos y la Casa Rosada.