Producción: Natalí Risso

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La bandera del equilibrio

Por Bruno Bonfanti (*)

La necesidad de consolidar las cuentas públicas reduciendo la presión sobre la emisión y el endeudamiento constituye una de las claves para comenzar a estabilizar la economía en los tiempos que corren. En tal sentido, la designación de Sergio Massa como ministro de Economía junto con las medidas anunciadas dejan entrever que la política finalmente se alineó detrás de tal objetivo, aunque probablemente más por necesidad que por convicción.

Concretamente, más allá del cumplimiento de la meta acordada con el FMI, la decisión de no solicitar Adelantos Transitorios en lo que resta de 2022 implica que el margen para los desvíos expansivos es incluso más acotado que antes. Comenzar a mostrar resultados contundentes será crucial para sostener el rollover y no cortar el financiamiento en pesos (principal sostén del programa financiero del Gobierno).

Mirando hacia atrás, el primer semestre estuvo marcado por una política fiscal más expansiva que la esbozada originalmente en el programa con el FMI, donde la dinámica creciente del gasto opacó el buen desempeño de los ingresos. De hecho, el Gasto Primario alcanzó el cuarto valor más elevado en términos reales de los últimos 30 años.

Consciente de los desafíos a afrontar y ante la necesidad de calmar la elevada volatilidad de los mercados financieros, Batakis apuntó a quebrar esa tendencia expansiva en julio y dio así los primeros pasos hacia un proceso de consolidación de las cuentas públicas. En números, el rojo primario se achicó un 55 por ciento interanual en términos reales con un Gasto Primario que mostró una caída real por primera vez en 10 meses.

Siguiendo en la misma línea, la segunda mitad del año estará signada necesariamente por una mayor austeridad fiscal: el gasto deberá continuar con su trayectoria de reducción en términos reales si el gobierno pretende cumplir con la meta acordada y anclar las expectativas. Sin embargo, los desafíos no serán únicamente económicos. Pese a que la inflación será la gran aliada del gobierno en materia fiscal para lo que resta de 2022, el nuevo ministro también deberá administrar los pedidos de recomposición de ingresos en un contexto social sumamente frágil, lo que explica los recientes anuncios del bono a jubilados y el refuerzo de las asignaciones. Consecuentemente, la encrucijada pasará por armar el complejo rompecabezas fiscal en los próximos meses, dado que lo que no se recorte en una partida deberá compensarse en otra.

En este contexto, se comprende la reciente medida de reducir los gastos de capital presupuestados para 2022. Si bien la magnitud del recorte es relativamente baja, lo relevante es que el gobierno busca dar una señal fiscal contundente al mercado haciendo lo opuesto a lo que se esperaba frente una inflación ascendente. Concretamente, el presupuesto vigente se planificó en un contexto en el cual las proyecciones del mercado arrojaban una inflación en 2022 en torno a un 76 por ciento. Dado que actualmente inflación proyectada para el año tiene un piso del 90 por ciento, era esperable que las partidas muestren un ajuste nominal al alza para mantener el nivel del gasto en términos reales. Por el contrario, las autoridades decidieron hacer por primera vez un recorte nominal, lo que implica un mayor ajuste del gasto en términos reales para lo que resta del año.

No obstante, izar la bandera del equilibrio fiscal no será suficiente para estabilizar la situación macroeconómica actual. El gobierno deberá acompañar el ajuste con otras medidas que ayuden a descomprimir las presiones cambiarias para evitar un salto devaluatorio, un evento que sin dudas tendría un impacto sumamente negativo en la economía. Entonces, parafraseando una expresión que típicamente se utiliza para hacer referencia a la actual vicepresidenta: con el ajuste sólo no alcanza, pero sin el ajuste no se puede. Lamentablemente, ningún camino estará libre de costos y el gobierno debería elegir la opción que le permita sobrellevar la situación actual asumiendo el menor impacto negativo posible.

(*) Economista de Ecolatina.

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Impacto en la educación

Por Francisco Rodríguez (*)

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo dispuso la disminución de más de 55 mil millones de pesos en programas clave en materia educativa. La medida vulnera la intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes. Esta decisión y las sistemáticas prácticas de subejecución son ilegales.

Conectar Igualdad

El programa Conectar Igualdad sufrió una disminución de 35 mil millones de pesos en las últimas dos semanas. La decisión administrativa del pasado 22 de agosto, que reasigna 30 mil millones, se suma a los casi 5 mil millones que habían sido quitados la semana anterior. De esta manera, los fondos pasaron de poco más de 90 mil millones a 55 mil millones, lo que equivale a una disminución de 38,3 por ciento.

Este recorte dificultará el acceso a dispositivos por parte de estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2020 cerca de un 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que asistían a escuelas de gestión estatal no poseían una computadora disponible en el hogar para uso educativo que les permitiera cumplir con las tareas escolares de forma adecuada. En contraste, este porcentaje era del 20 por ciento en acceso a computadoras entre quienes asistían a escuelas de gestión privada.

Para solucionar esta brecha digital, a inicios del ciclo lectivo 2022, el Ministerio de Educación se había comprometido a distribuir 1.5 millones de computadoras, pero solamente se alcanzará a 660 mil. Lo que significa que este año se entregarán 840.000 computadoras menos que la meta que se había trazado.

La infraestructura escolar

El programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes sufrió una disminución de 15 mil millones de pesos, que sumado al recorte de 1600 millones de junio significan una reducción de 36 por ciento de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa del nivel inicial en todo el país frente al dispar acceso a este nivel. La Ley 27.045 estableció el deber estatal de universalizar el acceso a la educación desde los 3 años, pero solamente el 55 por ciento de las escuelas de nivel inicial cuenta con estas salas.

El recorte se da en un grave contexto de práctica sistemática de subejecución del presupuesto. Considerando los últimos 5 años, solamente se utilizaron el 45,7 por ciento de los fondos disponibles. Esto tiene como consecuencia la construcción de menos aulas para niñas y niños de entre 3 y 5 años. En ese mismo período, se proyectaron construir 7.343 y solamente se hicieron 927.

Lo mismo ocurre con el programa de Infraestructura y Equipamiento, encargado de ampliaciones y construcciones de los restantes niveles. En este caso, la reducción es de 5000 millones lo que impacta en una menor proyección y construcción de aulas. De las 4715 aulas proyectadas a construirse en los últimos 5 años, solamente se hicieron 715.

Recortar recursos destinados a las infancias es ilegal

La decisión administrativa 826/2022 no es sólo cuestionable por sus impactos en la educación, sino que vulnera también la normativa que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley 26.061 obliga a asegurar una asignación privilegiada de los recursos (art. 5) y su intangibilidad (art. 72). Esto último significa que no puedan ser reutilizados a otros fines o inutilizados. Por ello, redirigir estos recursos para el pago de obligaciones a cargo del tesoro nacional o subejecutarlos es ilegal.

Aun en situaciones de crisis económica, el sistema legal obliga a que se prioricen y ejecuten los recursos destinados a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto se refuerza si se considera que el 51,8 por ciento de ellas y ellos viven en situación de pobreza y que, en estos años, han atravesado las consecuencias negativas de la pandemia en la educación.

Por lo grave de esta situación, es necesario que el Estado Nacional cumpla con sus obligaciones legales en favor de este grupo, revierta la decisión y priorice realmente a las infancias.

(*) Abogado y coordinador del programa derechos Sociales de la Niñez de ACIJ. Informe completo: Recorte fiscal: el impacto de la reducción presupuestaria en los derechos sociales.