Los amenazó con su arma más poderosa, la que la trajo hasta acá: su lengua viperina. La diputada provincial Amalia Granata dijo que si sus colegas de la Cámara baja santafesina insisten en expulsarla del cuerpo hablará públicamente de sus “amantes” y “chanchurrios (sic)”. Tampoco olvidó a sus “esposas” e “hijos”. Con lo cual si no la expulsan muchos sospecharán que las amenazas tuvieron su efecto.
Recorrer la cuenta de Twitter de la legisladora provida desde el minuto siguiente al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la nación Cristina Kirchner es encontrarse con una larga cadena de ofensivos desaciertos que en el fondo le niegan por el odio a una víctima, la posibilidad de serlo. Desde la banalización del grave hecho (“es una pantomima”) al pedido de liberación del atacante Fernando Andrés Sabag Montiel. “Suelten al perejil”, tuiteó la mediática.
Lamentablemente, el caso Granata puso a Santa Fe en el mapa nacional en estos días aciagos para todo el país. Y, por supuesto, posibilitó que el intento de magnicidio sea tratado en los programas de chimentos del mundo del espectáculo de donde proviene la diputada santafesina, con lo que esos escenarios implican.
Pero no fue sólo la diputada Granata la que se negó a firmar la declaración de repudio de la Cámara de Diputados de Santa Fe por el intento de asesinato de la vicepresidenta. El diputado Nicolás Mayoraz, presidente del bloque Vida y Familia que integran sus colegas Natalia Armas Belavi y Juan Argarañaz; tampoco lo hicieron.
Hay otro tema subyacente que tiene que ver con la condición de mujer de Cristina Kirchner. ¿Las identidades políticas están por encima del compromiso feminista para muchas legisladoras santafesinas? Porque lo de Granata más allá de violar la Constitución Provincial y ser motivo para su expulsión, constituye también un agravio al rol de las mujeres en la política. Y ese podría ser un argumento suficiente también para decidir el voto por la separación del cuerpo.
Los que compararon esta situación con la del senador Armando Traferri no saben de lo que hablan. Traferri es cuestionado por supuestos vínculos con una red de juego clandestino y hay fiscales que quieren imputarlo. Sus excesivos fueros lo protegen y es un escándalo y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia provincial y quizás viaje también al máximo tribunal nacional para que se expida. Pero no es causal de expulsión. Aunque sí la corporación podría decidir retirarle los fueros para que comparezca ante la justicia.
La situación que planteó Granata se relaciona con la inconducta de un diputado. Por eso, aunque es mucho más grave, se encuadra más en el caso del diputado Juan Emilio Ameri que fue expulsado de su banca nacional por participar de una sesión remota mientras abrazaba y besaba los pechos de una mujer.
Pero Granata es sólo una circunstancia y la pregunta en todo caso debe ser por los motivos que llevaron a unos 150 mil santafesinos y santafesinas a votar por ella en 2019. Un elemento, sin duda, es su identificación con las políticas antiaborto pero su perfil empalma claramente con el de los famosos o conocidos en campaña y el desencanto con la política tradicional. Claro que no todos los "famosos" que pasan a la política actúan igual. Los hay muy prudentes y estudiosos que en un corto tiempo se especializan en determinadas agendas y terminan por aportar ideas y proyectos útiles para la sociedad. Pero esto no pasa habitualmente y la ciudadanía en conjunto es la que paga costosísimas curvas de aprendizajes. Los más avivados se quedan en silencio en un rincón y esperan el próximo turno electoral para volver a mostrar su sonrisa vacía. Son los más despreciables pero inadvertidos.
Y así como las capas de odio se van acumulando hasta lograr que de la indignación hacia una persona pública se pase peligrosamente al acto; las numerosas capas de desaciertos, frustraciones y desencanto llevan a explicar la opción electoral por determinados personajes. Como la política no resuelve, se la castiga.
El "cisne negro" que constituyó el intento de magnicidio aún no tiene mesura en la política nacional y menos en la provincial. Sin embargo deriva de un breve proceso que encuentra su quiebre no mucho más atrás que el día del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa "Vialidad" donde pronunció aquellas palabras que aún retumban en los oídos de los argentinos: "Doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos" para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Muchos creyeron oír en esa sentencia previa el final de una líder política de proporciones históricas. Nadie previó que esas mismas palabras iban a despertar y galvanizar a un peronismo que estaba extraviado en sus laberintos internos y que volverían a dotar de espesor político a la propia titular del Senado. Quizá esto es lo que interpretó en su odio profundo el tirador de Recoleta, que agotado el lawfare el único camino que quedaba era el magnicidio.
Si ya era difícil para todos en esta incipiente campaña electoral en vistas del año próximo, caminar los barrios con la inflación acelerada, los salarios en caída y la inseguridad multiplicada, mucho más complejo será hacerlo ahora en medio de la incertidumbre, la consternación y el miedo que se gatillaron esa amarga noche porteña en cercanías de la casa de Cristina Kirchner.
