En agosto pasado 6 mujeres quedaron detenidas por robar en varios locales comerciales de la capital riojana y algunos departamentos del interior y, de acuerdo a la información brindada por la Policía en una conferencia de prensa, habían robado también en las provincias de San Juan y Mendoza.

Las abogadas Ivana Cattaneo y Élida Barrera, que tomaron el caso de las mujeres que siguen detenidas a la espera de que se resuelvan sus excarcelaciones; denunciaron que fueron sometidas a torturas en una de las comisarías de la Capital: "Hubo violencia institucional, sexual y psicológica", aseguraron.

Explicaron a La Rioja/12 que al tomar conocimiento de la situación  presentaron un Hábeas Corpus ante la jueza de Instrucción María Eugenia Torres, quien a la brevedad declaró su incompetencia porque le corresponde al Juzgado de Instrucción a cargo de Gustavo Díaz. Torres envió el médico forense a constatar el estado de las mujeres. En este sentido, resaltaron el accionar de la Justicia. 

“Han sido detenidas y en la comisaria han padecido lo que las convenciones internacionales prevén como tortura y violencia de género”, afirmó Cattaneo. “Hemos visto los golpes que tenían. Se las ha golpeado con palos y golpes de puños. La policía no está para eso sino para salvaguardar los derechos y cuidarnos a todos”, aseguró la letrada y explicó que las mujeres fueron trasladadas a Asuntos Juveniles, lugar en el que “fueron bien tratadas y ahí hay denuncias por golpes y abusos”. Barrera ratificó que están “algunas están emocionalmente dañadas y hay otras chicas que fueron golpeadas en sede policial”. “Están imputadas por hurto simple un delito excarcelable y tiene una pena inferior a 6 años”, expresó respecto de la situación judicial sobre las mujeres que ya se presentaron a indagatoria.

“Si hay alguna presión por parte de la comisaría para que no hablen, desde ya le decimos que vamos hacer las denuncias penales correspondientes”, advirtió Cattaneo y aseguró que hubo “violencia institucional, sexual y psicológica”, por lo que presentaron una denuncia ante el Juzgado de Violencia de Género a cargo de Jésica Díaz Marano.

Según las letradas intervino también  la Secretaría de Derechos Humanos que realizó informes.  Tanto la Policía de la Provincia como la Secretaría de Derechos Humanos están bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia.

“Todas las mujeres somos iguales, así como la señora que vive en un country tiene derecho a ingresar y ser inmediatamente puesta a disposición de la Justicia. Estas mujeres también tenían los mismos derechos, porque, si bien pertenecen a otro grupo social, que no cuenta con dinero ni posición social, merecen el mismo trato por parte de la policía de la provincia”, concluyeron.