Analía Ríos y Laura Varela denunciaron por discriminación y violencia institucional al intendente del departamento Paclín, Catamarca, Eduardo Menecier y aseguran que no son escuchadas desde el año 2020.
En diálogo con Catamarca/12, Ríos explicó la historia de tres años de lucha que llevan como ex empleadas del Concejo Deliberante de Paclín. Aseguró que tanto ella como Varela, fueron designadas por resolución del antiguo presidente de la institución, Hugo Sabio en 2020 cuando asumía como intendente Menecier.
“En la misma resolución estábamos Laura, dos varones y yo, sin embargo ellos comenzaron a cobrar a los dos meses y nosotras nunca cobramos. Nuestro contrato concluyó en diciembre de 2021 y nunca nos pagaron”, explicó.
En ese contexto, en junio de 2020, cuando comprendieron que no se trataba de un problema administrativo como supusieron al principio iniciaron reclamos en el municipio pero no fueron escuchadas. Así, llegaron hasta la Dirección de Inspección Laboral, y se celebró una audiencia a la cual el Jefe comunal de Paclín no asistió: “Nos ignoró porque no le importa, porque él es un protegido por su partido que es el PJ”, dijo Ríos.
La causa llegó con un recurso de amparo hasta la Corte de Justicia local, sin embargo a mediados de agosto de este año, resolvieron a favor de Menecier asegurando que el Concejo Deliberante no tiene potestad para nombrar personal. “Cuando recibimos esa resolución entendimos que no nos sentíamos discriminadas sino que nos estaban fehacientemente discriminando. Esto lo digo porque los dos varones que fueron designados junto con nosotras desde el Concejo, sí cobraron sus sueldos, pero a nostras nos dijeron que no”, refirió.
La mujer, señaló que en este marco, realizaron una denuncia ante el INADI pero que Menecier, cuando fue citado “tampoco se presentó”. “La impotencia y lo feo que se siente que te ignoren de ésta forma, es sentir que no sos nadie, era la segunda vez que no iba a una audiencia”, detalló.
Al no asistir una de las partes, la denuncia ante el INADI sigue su curso hasta esperar una resolución. Mientras tanto, las mujeres presentarán otra denuncia ante la Corte de Justicia por la discriminación que entiende que ellas sufrieron.
“No sólo seguimos luchando porque nos discriminan como mujeres, sino porque los papeles demuestran que estamos en las mismas condiciones. Ya no es lo económico, es por dignidad. Se aprovecha de la inocencia y el no te metas de los pueblos chicos. Sabemos que como funcionario de gobierno que también fue, Menecier ha tratado a otras mujeres de la misma manera, y nos gustaría poder escuchar esos testimonios y que nos ayuden. Lamentablemente en Paclín por cada casa hay tres becados y es muy difícil que así nos acompañen”, concluyó.
Comunicado
Luego de reunirse con Varela y Ríos y conocer su situación, las mujeres radicales expresaron su preocupación “por la situación de dos correligionarias que trabajaron en el Concejo Deliberante de Paclin y que no percibieron sus haberes en el tiempo que prestaron servicios, haciéndolo, si, dos compañeros varones que se encontraban en la misma condición”.
“Esta situación de expresa discriminación por género, lo ubica al intendente Eduardo Menecier como el gran responsable, ya que presupuestariamente el Concejo Deliberante depende del municipio. Días pasados estuvimos escuchándolas y conociendo los pormenores de este atropello que vulnera los derechos básicos y elementales de toda persona”, detallan.
“Lamentamos el proceder de la senadora Virginia del Arco, actual presidenta de la comisión de Genero y Equidad de la Cámara de Senadores y ex directora de la residencia para víctimas de violencia de género “Warmi”, quien tiene un camino realizado en la lucha por los derechos de las mujeres y que no haya intermediado para que Ríos y Varela no se encuentren en esta situación de vulnerabilidad, ya que la mencionada funcionaria era Secretaria de Gobierno cuando permanentemente iban al municipio para intentar un diálogo con el intendente, situación que nunca pasó, nunca las recibió”.
En tanto, señalan: “Manifestamos nuestro repudio a lo expresado por la Corte de Justicia, por no reconocer los derechos laborales de dos empleadas, lesionando y vulnerando aún más su situación, dando un mensaje a la ciudadanía en general de que no hay justicia cuando quienes reclaman son de un signo político diferente al que pertenecen en su mayoría”.