El gobierno nacional se comprometió a otorgar un refuerzo de ingresos para quienes están en situación de extrema vulnerabilidad. Lo financiará con una parte de lo que recaude con el “dolar soja”, el incentivo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para que el complejo sojero acelere la liquidación de sus exportaciones. El pago del bono todavía no tiene fecha ni monto, pero su promesa quedó formalizada en el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para esas exportaciones. El DNU dice que será un pago extraordinario y de alcance nacional.

Esta es la primera respuesta de la gestión económica de Massa a los reclamos de los movimientos sociales para que implemente una medida distributiva destinada a la población bajo la línea de indigencia, que no alcanza a cubrir sus necesidades de alimentación.

El pedido de un bono de emergencia está en la agenda de reclamos de todos los movimientos, pero desde la firma del acuerdo con el FMI, en marzo, fue el Frente Patria Grande —que encabeza Juan Grabois— el que hizo del tema su principal reclamo al Gobierno, impulsando una campaña por la creación de un salario básico universal.

En los meses que definieron la salida del Ministerio de Economía de Martín Guzmán y la asunción de Massa, como parte del proceso de reacomodamiento interno del Frente de Todos, la propuesta consiguió el apoyo de La Cámpora. También el de Cristina Kirchner, aunque reformulada como un ingreso para un subconjunto menor dentro de la indigencia.

Desde el espacio de Grabois aseguran que la vicepresidenta intervino ante Massa para implementar el bono, que el ministro anunció a la pasada, sin darle mayor relevancia. Agregan que desde el día anterior al atentado, Cristina Kirchner les había confirmado que iba a haber una medida distributiva para los más vulnerables y que el compromiso es que llegue a varios millones de personas. Este acuerdo fue una de las razones por las que el Frente Patria Grande resolvió, finalmente, no retirar a sus diputados de la bancada del Frente de Todos. 

"Ella fue quien intercedió para que esto suceda, directamente planteando hacia dentro del Gobierno la necesidad de que los anuncios incluyeran el reclamo que veníamos haciendo", dijo sobre el punto el diputado Federico Fagioli.

Con todo, el decreto deja sin definir varias cuestiones centrales. La principal es que no fija qué proporción de lo recaudado por el dolar soja se va a destinar a la población indigente, ni el monto del ingreso ni la cantidad de personas que va a cubrir.

El texto publicado en el Boletín Oficial adelanta que el porcentaje de la recaudación destinado al bono será fijado por el Ministerio de Economía, es decir que aún no está definido. En la conferencia de prensa del domingo, Massa aclaró que no debe afectar la meta de déficit fiscal acordada con el FMI y adelantó que se tomará una parte de lo recaudado pero una vez que se superen los 5 mil millones de dólares.

Tras la confirmación de la medida, la diputada Natalia Zaracho señaló que “es algo que venimos reclamando hace tiempo” y “un paso importante hacia cumplir nuestro contrato con el pueblo de empezar por los últimos y las últimas”.

Por su parte, Dina Sánchez, referenta del Frente Popular Darío Santillán, agregó que esperan “respuestas más claras en las próximas horas” y remarcó que la propuesta de los movimientos es “un salario básico universal para que nadie sea indigente en Argentina y para que comer no sea un privilegio, esa es la urgencia”. En la lectura que hace el sector, la medida anunciada por Massa tiene gusto a poco pero es un avance, en el sentido de dar aire para continuar instalando la necesidad de un piso de ingresos universal. En ese sentido, en el Congreso está ingresado el proyecto de ley de Juliana Di Tullio, que apunta a que la medida distributiva sea permanente, en el sentido de constituirse en un derecho para los trabajadores que están en la informalidad y no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria.

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