Desde Tucumán
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena del ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez. El ex magistrado había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal de Tucumán y recibió 16 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Pero los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, con algunas disidencias de Figueroa, resolvieron que debía dictarse un nuevo fallo. El fiscal Pablo Camuña señaló a PáginaI12 que “llama la atención el total desinterés de los jueces por valorar los testimonios de las casi dos docenas de víctimas que declararon en el juicio y que señalaron la forma en que Martínez, desde su magistratura, colaboró para mantener o agravar su situación, ignoró denuncias directas de torturas atroces o armó causas para intentar engañar a la CIDH. También los más de 600 habeas corpus rechazados”.
Martínez, quien fuera uno de los funcionarios judiciales más influyentes e intocables en Tucumán antes de su detención en abril de 2014, había sido condenado por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares en una vivienda de San Miguel de Tucumán y privación ilegítima de la libertad de otra persona, Miguel Romano, en mayo de 1976.
Luego del fallo del tribunal oral, la defensa del ex juez apeló a Casación. Entre otros argumentos, dijo que Martínez era “joven e inexperto” cuando cumplía sus funciones como juez en plena dictadura. La defensa pública se agravió de lo que consideró “un análisis parcial e incompleto del contexto histórico y normativo” del caso de Manlio Martínez, que derivó en su condena “sin tomar debidamente en cuenta que el ámbito de su autodeterminación funcional se hallaba severamente comprometido en virtud de las normas vigentes al momento de los hechos, su juventud e inexperiencia, el férreo control que ejercía la Cámara del fuero sobre su actuación, y las amenazas y ataques que habría sufrido Martínez por parte de los propios agentes de la dictadura, que incluyeron la colocación de una bomba en su domicilio”.
La Sala I de Casación decidió anular el punto de la condena referido al delito de asociación ilícita en contra de Martínez. Además, por mayoría se desestimó la imputación por abuso de autoridad y otras cuestiones relativas al homicidio de cinco personas.
La defensa de Martínez reseñó las leyes y decretos tenidos en cuenta por el ex juez al momento de dictar (u omitir según el caso) las resoluciones por las que resultó condenado. Y enfatizó que muchas de ellas habían sido emanadas de gobiernos constitucionales y que se encontraban vigentes desde antes del golpe de Estado de 1976.
Romano fue detenido por orden de Martínez y luego fue torturado en varios centros clandestinos de detención de Tucumán. Los familiares de Romano que declararon en el juicio dijeron que Martínez “no movió un dedo” para ayudar al detenido.
Los jueces que condenaron a Martínez fueron, Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón, quienes, por la resolución de Casación, deberán dictar un nuevo fallo. Los fiscales del juicio fueron Camuña, Diego Velasco y Agustín Chit. Martínez está en prisión domiciliaria desde 2014 y su defensa pidió su excarcelación a partir del fallo de Casación. Ante la oposición de los fiscales, el TOF decidió que era la propia Casación la que debía resolver.
