Durante el fin de semana se conocieron diferentes hechos de abuso sexual en la infancia en donde tres niñas de entre 13 y 14 años fueron vulneradas y en dos de los casos requirieron internación en el hospital de niños Eva Perón. Si bien las causas están en plena investigación y en algunas los agresores fueron detenidos, las fallas del sistema fueron evidentes.
El primer caso que trascendió fue el de una nena que fue violada. Su padre fue quien la llevó de manera urgente al Hospital en donde quedó internada y se está recuperando de manera favorable de las lesiones que sufrió. Por este caso hay un adolescente sindicado como responsable.
El segundo caso que se conoció fue el de dos niñas, ambas hermanas de 13 y 14 años, que saltaron de una camioneta en movimiento mientras eran llevadas por un sujeto de 58 años que intentaba abusarlas. Una de ellas, por las lesiones que sufrió en la caída también requirió internación y contención por parte de los profesionales del Hospital de Niños. En esta causa, el agresor también fue detenido y el vehículo secuestrado.
En ambos casos se trató de delitos graves y prevenibles y donde el Estado juega un rol primordial.
Catamarca aún no tiene un protocolo eficiente para los casos de denuncias de abuso sexual. Si bien se intentó redactar desde el Poder Judicial en conjunto con otros organismos del Ejecutivo hasta el momento sólo consiste en revisación médica y toma de muestras y, en casos de víctimas menores de edad, atención psicológica en el Hospital de Niños.
Sin embargo, en el caso de tomas de muestras o exámenes médicos siempre existen revictimizaciones en donde deben volver para ser “examinados” nuevamente o el trato no es el adecuado, o los médicos capacitados no están de guardia y deben realizar esperas eternas sentados en una silla, según denunciaron en varias oportunidades a través de Catamarca/12 asociaciones que se organizan para pedirle a la Justicia que cumpla con su responsabilidad y las normas.
Esto se da en un marco en donde la Corte de Justicia, en su memoria anual, publicó que las denuncias por delitos contra la integridad sexual van aumentando año a año desde 2017. En el último periodo (2020 a 2021) el incremento fue del 20%.
En tanto, la Educación Sexual Integral en las Escuelas, pese a las leyes que obligan su aplicación en todas las escuelas de gestión pública, privada o municipal (Catamarca cuenta la adhesión a la Ley Nacional) sigue siendo una materia pendiente en la provincia. La norma, a través de sus ejes principales que deben ser brindados de manera trasversal, es decir en todas las materias, enseña a las infancias, entre otras herramientas fundamentales, a reconocer abusos y cuidar su cuerpo.
A su vez enseña que la sexualidad no es ni debe ser un tema tabú y da acceso a centenares de herramientas de capacitación y formación a través de cursos, páginas en internet, libros de distribución gratuita y otros materiales que ayudan a los docentes a aplicar la norma de acuerdo a las edades de los estudiantes. Sin embargo su acatamiento es dispar y las encuestas siguen señalando que tantos niños, niñas como adolescentes reclaman su aplicación.
Por otra parte, el consumo problemático de sustancias estupefacientes de niños, niñas y adolescentes, es un flagelo que también va en aumento y para el cual no existe una política de contención eficiente. El ejemplo claro de esta falla, lo representan las niñas que escaparon del sujeto de 58 años quien las había cargado en la camioneta.
Este diario pudo saber que se trata de menores de edad con consumo problemático que son expulsadas del sistema desde hace un año. Su progenitora intentó que fueran contenidas por el Estado, quien está obligado por la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a hacerlo, pero las niñas son sólo rehabilitadas en casos extremos en el Hospital del Niños y regresan a la misma situación de vulneración sin mayores cambios o intervenciones por parte de ninguno de los tres Poderes del Estado.
Existen diferentes iniciativas en la legislatura provincial que buscan prevenir o incorporar protocolos de actuación prevención de abusos sexuales en las infancias, que aún no tienen sanción definitiva.
En tanto, progenitores que denunciaron abusos sexuales a sus hijos esperan desde hace años que las fiscalías de instrucción penal den curso a sus causas y así poder obtener condenas para los agresores. Algunos padres se organizaron y promueven marchas de pedidos de justicia, pero sin respuesta. Lo mismo sucede con los padres de niños y adolescentes que tienen consumo problemático de sustancias.
