El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, denunció esta semana a nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los acusó de actuar sistemáticamente contra los intereses del Estado y a favor a los grandes empresarios del país. En particular, encubriendo a aquellos vinculados al expresidente Mauricio Macri. En el escrito asegura que los magistrados actúan de manera sistemática para impedir que los organismos de control puedan llevar a cabo sus investigaciones.
“La Inspección de Justicia —el organismo encargado de fiscalizar la existencia y funcionamiento de las personas jurídicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y, para algunas cosas, de carácter federal— denuncia que la Cámara Comercial —el Comodoro Py del empresariado, donde se juegan los intereses más grandes judiciales económicamente hablando— revoca absolutamente todas las medidas que la IGJ toma en contra del funcionalmente de muchas empresas, curiosamente, siempre del mismo lado”, explicó, sintéticamente, por AM750.
La presentación dice que, con su accionar, los jueces terminan defendiendo y proveyendo casi un servicio de asesoría, entre otros, a Macri, a Juliana Awada, al accionista del Grupo Clarín José Aranda, al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y a un pariente del exjefe de Gabinete Marcos Peña de nombre Alejandro Jaime Braun Peña, adelantó la semana pasada Página/12.
Así lo ejemplifica Nissen: “Descubrimos, ni bien asumimos, un contrato muy particular entre la Ciudad y una empresa para provisión de barbijos cuando recién empezaba el tema del covid y nos evitaron investigarlo. Dijeron que no teníamos facultades. Nos impidieron investigar a Lewis, el dueño del campo de Lago Escondido, el amigo de Macri, cuando un grupo de personas intentó ingresar y un ejército privado casi mata a alguien. Así sucesivamente, con casos escandalosos”.
“Siempre caían las causas en los mismos jueces. Siempre es la misma magistrada, Julia Villanueva. Y cuando no le toca a ella aparece Pabla Damián Heredia, que aparece firmando para el lado de los empresarios. Es un mecanismo de protección a ellos mismos. Porque cualquier cambio que se quiera hacer los tiene en el centro a ellos mismos”, agregó a la denuncia el titular de la IGJ.
Ahora la denuncia deberá ser investigada por el juez Alejandro Ferro y el fiscal Andrés Madrea e incluye delitos tales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, prevaricato. Los nueve magistrados apuntados por el titular de la IGJ son los camaristas Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla.
