Diversos dirigentes políticos y agrarios sostienen, enfáticamente, que el latifundio en la Argentina, no existe, que es una cosa del pasado. Estos se nutren de argumentos que proveen economistas y politólogos de derecha. Los cuales ignoran olímpicamente los resultados censales, que la Argentina, obligatoriamente, realiza cada 10 años. El último censo (2018) marca una brutal concentración de la propiedad de la tierra, solo “11.646 explotaciones disponen de 31.658.219 hectáreas”. y se perdió el 40% de la población rural”. Hay páginas y páginas de datos que certifican en forma indubitable la obscena concentración de la propiedad rural. Los números que provee el censo deberían ser una biblia inapelable sobre el tema, mas no lo son.

La derecha se apropió del mito del “chacarero laborioso” y dentro de él escondió al latifundio. Merced al “todos somos el campo”, tremendos terratenientes pasan por abnegados labriegos, a los que el Estado, según ellos, esquilma en forma inclemente. Una construcción mediática que les dio excelentes resultados.

Una noticia reciente pone en zozobra todo el relato negacionista. Es la venta de un latifundio, aunque…nadie dice que es un latifundio. “La familia ( Bartolome) dueña del mayor semillero de soja ( Don Mario)…pagó una cifra millonaria por la compra de 60.000 hectáreas”. La transacción giro alrededor de los 200 millones de dólares, y se lo compró a la australiana Kahlbetzer. Agregó: no fue la única transacción en tierras de estas dimensiones en hectáreas. Adecoagro le compró a Pecom Agropecuaria( Perez Companc) 74.000 hectáreas. Y esto que vendría a ser: ¿un minifundio?

Hasta aquí noticia pura, impactante, al menos para mí y nos interpela desde distintos ángulos, no solo por la magnitud de las hectáreas en cuestión. Empecemos por la imposibilidad (tan cacareada durante este tiempo) de incorporar tecnología a la soja a causa de las retenciones. La familia Bartolome es la dueña del Grupo Don Mario, líder nacional en materia de semillas de soja: Es una empresa que: “nos define la innovación (...) nace en el desarrollo de tecnología de vanguardia aplicado al mejoramiento genético de soja, trigo y maíz.” Ahora, cómo se explica el asombroso crecimiento patrimonial de esta empresa sojera, ¿si el del campo es un negocio tan “finito”?, y además las retenciones “impiden” a estos “pobres” labradores la incorporación de tecnología, y encima en el colmo del infortunio, todo se hace en el marco de un Estado voraz, que queda con todo. Todo hace ruido.

¿Que semejante cantidad de tierras pase de manos australianas a argentinas trae algún beneficio fiscal o social adicional para el país? . La verdad que, ninguno. El latifundio es malo per se, no importa su nacionalidad. La tierra, no se la pueden llevar/arrancar como a una industria. Está en la Argentina y de acá no se puede mover, además no paga impuestos específicos o diferenciados por nacionalidad o tamaño. Solo el inmobiliario rural que es mínimo. Nuestra oligarquía terrateniente es tan cipaya que da lo mismo la nacionalidad del propietario.

Ahora bien, 60.000 hectáreas. ¿es un latifundio o no ?. dos argumentos centrales sostienen los neoliberales para negar la existencia del latifundio, ambos absolutamente falsos. A) que la herencia lo divide. Esto con solo ver las cifras censales del crecimiento de la media en hectáreas de las explotaciones agropecuarias se desmiente por sí solo. Paso de 520 Hectáreas (2002) a 627,5 (2018), altísima. Es un argumento tan banal que no merece mayores demostraciones, excepto para reinstalar el impuesto a la herencia que sacó Martínez de Hoz. B) que no hay concentración porque hay miles de explotaciones. Y en este argumento si vale la pena detenerse. ¿A partir de qué cantidad de hectáreas se lo puede considerar un latifundio? Con que se compara o mide, para determinar si es mucha o poca la tierra de una explotación. La Unidad Económico es una vara de medida muy útil para referenciar el tamaño de las explotaciones rurales. Veamos: en Santa Fe existe, por Ley 9319/83 y la define así: “es la superficie mínima de conformación adecuada, que asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado proceso de reinversión que permita su evolución favorable. Esta es la unidad de medida por excelencia, como dice la Dra. Luciana Soumoulou, una experta en este tema. En la pampa húmeda, la Unidad Económica ronda las 75 hectáreas. Esta varía según la zona y los cultivos que se realicen. A partir de 5 unidades económicas puede ya considerarse latifundio.

En Santa Fe, la aplicación de la Unidad Económica viene siendo sistemáticamente atacada, se suspendió transitoriamente su aplicación, para facilitar la concentración de la tierra. En otros (buenos) tiempos este valioso instrumento jurídico de ordenamiento territorial se complementaba con el Banco Nación, había una línea de crédito especial, para condóminos. La idea de este mecanismo combinado (Unidad económica y línea de crédito) fue preservar la chacra mixta como unidad productiva. El objetivo no era otro que generar arraigo, merced a una racional ocupación geopolítica del territorio. Ya nada queda de esas políticas.

Ahora, una sociedad como la nuestra debe discutir seriamente si una persona por el solo hecho de tener dinero puede apropiarse de semejante cantidad de territorio del que dependemos todos/as. Porque de la tierra, es decir del suelo, que no son cosas distintas sino sinónimos, dependemos los 47 millones. De ahí sale el 97% de los alimentos que consumimos, corre el agua que tomamos y se produce el aire que respiramos. Tierra, hay la que hay, es un bien finito. No se puede fabricar más. Por eso hay que cuidarla y urbanizar en forma urgente este debate, sacarlo del ghetto rural. Es un debate que involucra al conjunto de la población no solo a la minoría propietaria de la tierra-suelo. La invisibilización del latifundio es el gran triunfo cultural y político de la oligarquía terrateniente argentina, y su denuncia y combate el gran “debe” del campo nacional y popular. Salud y cosechas.