"Hay que luchar", aseveró Francisca Teresa Toledo. Acababa de escuchar la sentencia que declara que el asesinato de su marido, Fidel Yazlle, fue cometido en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que aplicaron los personeros de la última dictadura cívico militar. 

Cuarenta años tuvo que esperar Teresa para escuchar esas palabras que reconocieron oficialmente su persistencia, eso de la lucha. Lo celebró con abrazos, y con palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron en ese camino, entre quienes destacó a la fiscalía federal, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y a la psicóloga Natalia Baumann, del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. 

Yazlle fue asesinado la noche del 11 de febrero de 1977, en el pueblo de Coronel Juan Solá (también conocido por el nombre de su estación de trenes, Morillo), en el norte salteño. Policías integrantes de la Guardia del Monte lo subieron a una camioneta, lo mataron a tiros y arrojaron su cuerpo a las vías del tren, cerca de la estación Pluma de Pato, para que fuera arrollado por el tren. 

Desde entonces Teresa emprendió una batalla denunciando que su marido había sido asesinado por integrantes de la Policía de Salta, luego de que denunciara por hechos de corrupción al comisario Adolfo Zenón Ávila y el interventor municipal Humberto Lazarte

Después de idas y venidas, logró que la causa se tramitara en la justicia federal para que en este juicio se decidiera si había sido un crimen de lesa humanidad o era un delito común. 

Ayer, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz y la jueza Marta Liliana López, le dio la razón  y condenó a prisión perpetua a Andrés del Valle Soraire, que fue jefe de la Guardia del Monte, una sección de la Policía de Salta que también funcionaba como grupo de tareas durante la última dictadura. 

El otrora poderoso jefe policial escuchó el veredicto desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria. "No, nada", respondió cuando el presidente del tribunal, Juárez Almaraz, le preguntó si tenía algo para decir antes de que pasaran a deliberar. Antes su abogado, el defensor oficial Federico Petrina, había dicho que no estaba en condiciones de hablar. 

"Formo parte de la comunidad salteña y argentina, y siento una satisfacción tremenda, no solo por mi marido, que ha sido asesinado tremendamente en una forma macabra, y como muchas personas de la comunidad salteña y del país, por eso estoy luchando, porque me he involucrado en el conocimiento de todos los casos y me molesta que hasta ahora la justicia no haya ahondado para saber de los desaparecidos, dónde están", dijo Teresa una vez finalizada la lectura de la sentencia. Sus hijos lloraban, ella se mostró calmada. 

"Gracias a Dios mi marido ha sido encontrado, aunque sea de una manera terrible, acribillado a balazos y destruido su cuerpo, como hacían en muchos otros casos", agradeció. Añadió que, sin embargo, se siente "con la obligación moral y social, afectiva" de seguir reclamando justicia "por todas las víctimas que han sido criminalizadas perversamente por grupos armados de la dictadura". 

"El mismo estado les daba las armas" a estos grupos armados y "les daba la libertad para que hagan cualquier cosa", afirmó. Y concluyó: "Entonces nosotros, tanto por los familiares como por la comunidad, tenemos que estar luchando arduamente para que estas cosas no se produzcan nunca más. Nunca más". 

Un poco de justicia 

La delegada en Salta de la Secretaría de DDHH de la Nación, María Martínez Morales Miy, también celebró la sentencia dictada por el TOF1 de Salta. "Esto un poco de justicia, de paz, de amor, que sentimos todos los familiares", afirmó. Dijo que desde la Secretaría se sienten "orgullosas de acompañar este proceso". 

Asimismo, destacó "la fuerza tremenda de la familia", que consideró "fundamental". Y resaltó la importancia de que "todas y todos los que estamos comprometidos con la memoria, la verdad y la justicia no bajemos los brazos, sigamos en esta lucha", a pesar de que a veces resulte "amargo, ver que los asesinos están muy grandes ya, han pasado su vida, mientras que estamos hablando de víctimas que tenían 16, 20, 24 años, que han quedado ahí inmortalizados". 

Aun con estos reparos, la funcionaria destacó que Argentina "sigue siendo un país que tiene como bandera la lucha por los derechos humanos y es nuestro orgullo". También resaltó que al tribunal, "que no nos desilusiona" y dictó esta condena, un fallo que en el contexto actual adquiere mayor relevancia: "es muy importante para la sociedad también, es como un poco reconciliador con la lucha, con lo que uno piensa, con los propios ideales".

La impunidad biológica que denuncian los organismos de derechos humanos también operó en este caso. Solo dos de los sospechosos del crimen de Yazlle llegaron a juicio, Soraire y Mario Víctor Palermo, que era inspector general y estaba a cargo de la Unidad Regional Norte de Orán e intervino en la "investigación" del homicidio. Pero Palermo falleció a fines de julio pasado y no llegó a escuchar la sentencia.