El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció este martes que presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conservar la prisión preventiva obligatoria en el país, tema que está en debate en el máximo tribunal.
"Puede ser que sí sea presión (a los ministros) porque tocamos el tema (de la prisión preventiva oficiosa), porque ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Imagínense ustedes, independientemente que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder", aseguró el mandatario en su conferencia matutina.
AMLO se refirió así al análisis que se sigue en la SCJN sobre un proyecto que busca eliminar la prisión preventiva que mete de manera automática a la cárcel a acusados de ciertos delitos graves. Cuatro ministros se han manifestado en contra, uno a favor y los seis restantes fijarán su postura este martes.
El mandatario aseguró que no es facultad de la SCJN eliminar la prisión preventiva obligatoria, ya que es un tema constitucional, por lo que corresponde al Poder Legislativo.
Además, afirmó que la decisión de la Corte afecta la competencia del Ministerio Público y el derecho de las víctimas pues, acusó, se liberará a "los que tienen dinero y a los que tienen influencia".
Incluso, dijo que "hasta es un riesgo" para los jueces "porque es plata o plomo", ante las posibles amenazas de los acusados. "Es mucho riesgo, han asesinado policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan (a los delincuentes), los jueces los liberan y ajustician, hay venganza", aseguró AMLO.
La prisión preventiva obligatoria en México, llamada también "prisión preventiva oficiosa" o "automática", es una medida provisional impuesta por un juez, que consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad y la debe dictar un juez, cuando a la persona se le vincule a proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución mexicana. Entre esos delitos figuran el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, corrupción.
Al presentar su proyecto ante la SCJN, el ministro Luis María Aguilar explicó que busca resolver que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y una medida que genera numerosos efectos dañinos para el sistema penal y para la sociedad.
Aclaró que no se propone desaparecer dicha medida cautelar, sino que la misma pueda ser dictada por el juez cuando esté debidamente justificada por la Fiscalía.
"No se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que solo se dicte por el juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones. La insistencia es: la prisión preventiva seguirá, pero de manera justificada", señaló.