El gremio docente mendocino presentó un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los descuentos salariales realizados por el gobernador Rodolfo Suárez a aquellos que adhirieron a las jornadas de paro de los últimos meses
El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) afirmó este lunes que presentaron una denuncia ante el tribunal internacional por el descuento de los cinco días de paro que hizo el Gobierno provincial. El sindicalista y secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Roberto Baradel, acompañó en el procesó a Carina Sedano y Gustavo Correa, titulares del gremio docente mendocino.
A través de un comunicado, el gremio docente ratificó que “cualquier tipo de descuento en los haberes de los trabajadores”, incluido el Ítem Aula, “es considerado un acto de persecución y castigo del Gobierno de Mendoza contra aquellos que adhieren a las medidas legítimas de acción sindical, en este caso la huelga”.
Y añadieron que con la aplicación de los descuentos, el Ejecutivo provincial incurrió en el delito de ´retención indebida´ según el Artículo 173 inciso 7 del Código Penal de la Nación”.
El gobernador Rodolfo Suárez, por su parte, manifestó en este sentido que le causaba "mucho dolor" tener que hacer los descuentos, "pero tenemos que hacerlo porque así lo marca la ley”, justificó.
Desde el SUTE indicaron que el ejercicio del derecho de huelga es un derecho fundamental y esencial con jerarquía superior a las leyes’, tal como se menciona en la Constitución Nacional. Por lo tanto, la falta del trabajador está plenamente justificada”, añadieron.
Y aclararon que, tras efectuar los reclamos judiciales y administrativos correspondientes, si el Gobierno provincial igualmente avanza con los “descuentos ilegales”, exigirán que el total del dinero “no quede en las arcas del gobierno”, sino que sea aplicado de “manera concreta y efectiva a las necesidades urgentes de nuestras escuelas”.
El documento presentado ante la OIT tiene las firmas de Sonia Alesso (Secretaria General de CTERA) y Roberto Baradel por la CTA Nacional. Una de las posibilidades es que haya una audiencia entre partes, pero no hay plazos formales para obtener una resolución.
