Los diputados del FpV-PJ ampliaron la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el presidente Mauricio Macri y el gobierno nacional por la ofensiva contra la justicia laboral y la división republicana de poderes del Estado. “Persiguen a jueces y abogados para intimidar a los trabajadores que reclaman por sus derechos como una forma de flexibilización laboral”, sostuvo el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde en la rueda de prensa en la Cámara baja, donde estuvo acompañado por representantes de trabajadores despedidos de la región de Zárate-Campana donde en los últimos 18 meses se perdieron 5 mil puestos de trabajo y a los que las empresas le ofrecen el 50 por ciento de las indemnizaciones que les corresponden por ley. La denuncia también lleva las rúbricas de jueces y camaristas laborales, colegios de abogados de todo el país, sectores Pymes, la CGT, la CTA y múltiples organizaciones sindicales.

La ampliación recopila y suma a la denuncia original ante la OIT otros “actos y expresiones de interferencia indebida al Poder Judicial” por parte del gobierno de Macri. Allí se incluye las declaraciones del propio Presidente sobre una supuesta “mafia de los juicios laborales” en la que mencionó a Recalde como el jefe de la organización criminal, además de la propuesta –aprobada por la mayoría oficialista– del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, de analizar los posteos en Facebook del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert, que la denuncia define como una “grave violación de la intimidad y su esfera de privacidad”.

“La sola injerencia indebida del Gobierno de la República Argentina en el Poder Judicial –en particular en la Justicia del Trabajo–, sus represalias a los jueces a través del pedido de su remoción mediante el mecanismo de juicio político y los efectos disciplinadores de tales pedido sobre el resto de los jueces, son ya de por sí merecedores de reproche por parte de la OIT”, dice la denuncia presentada por Recalde y el diputado y dirigente de la UOM Zárate-Campana, Abel Furlán, durante la asamblea anual de la OIT. Para los diputados, las actitudes del Gobierno adquieren mayor gravedad porque “están dirigidas a vulnerar derechos expresamente garantizados por diversos convenios de la OIT”. 

Los legisladores recuerdan el pedido de remoción a los camaristas que fallaron a favor de que el gremio bancario había firmado con las patronales del sector y que el Gobierno se negaba a homologar. También a los que dictaron una medida cautelar por las motivaciones políticas en los despidos de trabajadores de la disuelta Afsca y agregaron la desacreditación pública de la jueza de primera instancia que ordenó al Ejecutivo a convocar a la paritaria nacional docente. Todos derechos resguardos en los convenios de la OIT. 

Pero también sumaron a la ampliación de la denuncia la afirmación del secretario de Empleo, Miguel Ponte, que dijo que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”. Las del ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que justificó los miles de despidos de trabajadores estatales al afirmar que no iban “a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis” y  que “hasta ahora estuvimos acomodando la basura”. Las expresiones del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, al sostener que el aumento de las suspensiones de trabajadores por parte de sus empleadores eran “una buena noticia”. Y, por último, las declaraciones del propio Macri en contra de la reducción de la jornada laboral, definiéndola como “un costo” que pagan todos los argentinos y que “hay que trabajar los sábados y domingos”. A eso le sumaron la autorización que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concedió a MacDonald’s para contratar a 5 mil jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo inferior al salario mínimo vital y móvil. 

“Es mentira que la justicia laboral favorece siempre a los trabajadores. En los últimos diez años, hubo 21 fallos plenarios de la Cámara Nacional del Trabajo, donde los trabajadores perdimos 11 a 5: 10 fueron a favor de los empleadores, 5 a favor de los trabajadores, 1 que dividió el fallo para ambos y otros 4 que no estaban referidos a contratos laborales”, reseñó Recalde ante los periodistas. 

La ampliación de la denuncia ante la OIT también lleva la firma de casi 50 entidades, que van desde la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales de distintas provincias, colegios y asociaciones de abogados de todo el país, las centrales de trabajadores como la CGT y CTA, corrientes internas y sindicatos, además de cámaras como Apymes y Cgera.