Tras el anunció del envío del proyecto para modificar la Ley de Aborto vigente, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España denunció que la legislación "no contempla expresamente" la "objeción a la conciencia" de estos profesionales al momento de la entrega de la pastilla del día después.
La organización que nuclea a estos especialistas remarcó a través de un comunicado: "La redacción actual no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la pastilla del día después (PDD), aunque está amparada por el Tribunal Constitucional".
Y añadió: "Debe evitarse la judicialización (de la objeción) y en el trámite parlamentario, consideramos que el texto de la futura ley debe incluirla, para una mayor seguridad jurídica de los farmacéuticos y mayores garantías para los ciudadanos para asegurar siempre su acceso a la PDD"
La objeción de conciencia se nombró en el artículo 19 bis del texto, que fue aprobado el martes pasado por el Gobierno español y que será enviado al Parlamento. En esta línea, se precisó que los profesionales sanitarios "directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo" podrán ejercer este recurso, sin especificar sobre los farmacéuticos y la entrega de la pastilla anticonceptiva de emergencia.
Por otro lado, el proyecto de legislación indicó en el artículo 7 sección 5 sobre la anticoncepción de urgencia que "se considerarán adecuadas las existencias de los métodos anticonceptivos de urgencia que garanticen la normal prestación del servicio en función de la demanda de cada oficina de farmacia".
De esta manera, el Gobierno español expresó que la existencia de la pastilla del día después será "obligatoria" y que se darán multas "de entre 90.000 a 1.000.000 euros" por no tenerlas.
"La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias", apuntó el proyecto de ley.
De que se tratan las nuevas actualizaciones
El gobierno comandado por Pedro Sánchez anunció la semana pasada la presentación de un proyecto de modificación de la ley del aborto. El principal objetivo es garantizarlo en la salud pública y que las mujeres de 16 y 17 años no necesiten ya el consentimiento de los padres para interrumpir el embarazo voluntariamente.
También regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las bajas laborales temporales por menstruaciones dolorosas costeadas desde el primer día por la Seguridad Social.
La propuesta legislativa pasa ahora al Parlamento, que puede enmendarla antes de que su aprobación sea definitiva.
La novedad fue comunicada por la ministra de Igualdad, Irene Motero, quien argumentó que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo "forma parte de un derecho fundamental, el de la salud" y que se intentará que la sanidad pública sea "la red de referencia" para el aborto voluntario.
Ente otros detalles del proyecto, se desea que las clínicas de aborto estén lo más cerca posible de su domicilio habitual y se eliminan los tres días de reflexión que existen actualmente antes de la interrupción. Es decir, las personas gestantes se podrán tomar el tiempo que necesiten para decidir.
Asimismo, también contempla la atención durante el posparto y un acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.
