Un defensor oficial, Luis Alonso Martínez, hizo un enorme esfuerzo este martes por no denostar demasiado a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Esquivó los epítetos porque unos y otros son funcionarios públicos de estructuras que son como parientes. Aún así, en su defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, el distrito de Santa Cruz, el abogado acusó a los fiscales de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.

Pocas veces se vio que un funcionario le pegara tan duro a otros funcionarios, casi pares. La base de su alegato es que las licitaciones las hizo la Provincia de Santa Cruz, también las adjudicaciones y el control de las obras y que su misión, como delegado de Vialidad Nacional, era enviar la documentación a Buenos Aires y hacer una mínima supervisión. “Ese papel lo cumplió Collareda, como quedó demostrado por la auditoría que ordenó la administración ya en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Esa auditoría concluyó que ‘no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse’. Es decir, Collareda, lo que tenía que hacer, lo hizo", remató Martínez.

El defensor oficial recurrió a lo que corresponde: lo que dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas —o sea, no sólo la construcción—, los talleres, el mantenimiento de los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz. Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial. En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional. Para supervisar todo —argumentó el defensor—  sólo había tres inspectores. “Por esa razón, las obras las hizo Vialidad Provincial. No había ninguna estructura nacional para la construcción de las rutas. Todo se hizo por convenio. Santa Cruz licitaba, adjudicaba, controlaba y yo recibía la documentación”, explicó Martínez.

Por lo tanto, Collareda no participó en la redacción de los pliegos ni en ponerle valor a las obras ni en resolver sobre plazos ni en realizar el control ni en certificar lo hecho ni en que se pagaran los tramos o las obras que se iban terminando. Su tarea —que ni siquiera estaba bien especificada— consistía en recibir la documentación de Vialidad Provincial y remitirla a Vialidad en Buenos Aires. “¿Cómo pudo haber Collareda perjudicado al erario público con esas tareas?”, se preguntó Martínez.

El defensor fue repitiendo numerosos testimonios según los cuales Collareda no tenía ningún favoritismo con Lázaro Báez, que no había relación personal y que el trato a su gestor era como el trato a los demás gestores de las constructoras. En 2013 se hizo una auditoría de cómo funcionaban los distritos. Se hizo respecto de Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Chaco y Formosa. La conclusión fue que había cosas por mejorar, pero que todas las delegaciones hacían el mismo trabajo y que hubiera sido bueno que tuvieran más personal para supervisar mejor las obras. Pero no se trató de cuestionamientos de fondo y, sobre todo, no fueron cuestionamientos a Vialidad en los distritos, sino al centro, en Buenos Aires.

También fue impactante la lectura del testimonio de Leandro García, que fue titular de Vialidad Nacional en Tierra del Fuego, y el macrismo lo designó como interventor en Vialidad Nacional de Santa Cruz. García declaró que “no vio nada anómalo. Todo era como en el resto de los distritos”.

Pero lo decisivo fue la auditoría hecha en 2016, ordenada por el macrismo, que fue categórica en sus conclusiones. En lo central, afirma que “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que nos fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”.

“Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad. El pedido de 6 años de la Fiscalía es un ensañamiento contra mi asistido. Es escandaloso e inaceptable”, dijo el abogado. En base a los testimonios y las auditorías, Martínez pidió la absolución de Collareda tras casi tres horas de alegato. Tal vez su intervención quedó algo debilitada porque planteó que, en caso de una condena, la misma sea a una pena baja y en suspenso, porque el pedido de los fiscales —6 años de prisión— carecía de todo fundamento. Pero es posible que esos pedidos sean una especie de costumbre de los defensores oficiales, una forma de no aplastar tanto a lo fiscales. Todos funcionarios públicos, al fin. 

Seguí leyendo