El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habría rechazado la propuesta que le realizó su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de liberar a 14 presos políticos a cambio de reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).

Según informó El Confidencial, esta decisión habría surgido luego de que el gobierno de Petro decidiera no participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se condenó la presunta violación a los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega. El encuentro fue el 12 de agosto, cinco días después de que asumiera el gobierno de Petro.

Ante las primeras críticas por la ausencia, el embajador designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, explicó que aún no se habían presentado todas las credenciales para posesionar a los cargos diplomáticos. Sin embargo, la cadena Caracol informó que hubo una decisión deliberada de que no hubiera representación de Colombia en ese encuentro de la OEA. Así lo reconoció, en su respuesta a un pedido de informes, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, quien agregó que la decisión "fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconoció días después en un comunicado que "la ausencia de Colombia (...) se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas".

El canciller manifestó en el documento que existían en ese entonces conversaciones para "una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua", de la que no da más detalles, y que "la ventana de oportunidad" para que esta se concretara "coincidió con la votación de ese día" en la OEA.

"Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado", explicó Leyva. 

El canciller aseguró que el gobierno de Petro "promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior", pero a la vez señaló que "Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional".

¿Cuál es el conflicto entre ambos países?

El caso tiene como origen una decisión de la CIJ de noviembre de 2012, que estableció cambios en los límites marítimos entre ambos países. Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar territorial 40% mayor a la que tenía, en una zona rica en recursos petroleros y pesqueros.

A raíz de esto, Colombia declaró en setiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos "como archipiélago y no como territorios inconexos", dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó que le exigiera a Colombia la derogación de leyes "incompatibles con la sentencia" de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que operan en las aguas en litigio.

Bogotá respondió que Managua no ha probado que buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral "es legal según el derecho internacional".

Por otro lado, Colombia introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas, de las cuales dos fueron admitidas por la CIJ. En la primera se aseguró que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

Validación de denuncias

En abril, Nicaragua celebró que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) validara las denuncias que realizó sobre la violación de su “soberanía y jurisdicción” por parte de Colombia que, con buques de pesca, interfirió en las actividades de investigación científica que llevaban los nicaragüenses en aguas de la capital, Managua.

“El día de hoy la Corte ha dictado sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento en la que da la razón a Nicaragua al confirmar que Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua”, indicó para ese entonces el gobierno de Ortega a través de un comunicado.

El tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sentenció que Colombia intervino no solo en las actividades de pesca de Nicaragua, sino también en la investigación científica, marina y las operaciones navales en una zona económica exclusiva para dichas actividades. Asimismo, añadió que pretendió implementar nuevas medidas para la conservación de los recursos naturales, medioambientales y marinos de Nicaragua, y emitir un Derecho Presidencial que desconocía una sentencia de la CIJ,

Según el gobierno nicaragüense, la Corte le impuso a Colombia “cesar su conducta ilegal en todos los aspectos mencionados y reformar su legislación de conformidad al derecho internacional consuetudinario, en particular las provisiones del Derecho Presidencial 1946 y sus reformas, de tal forma que las mismas no abarquen áreas pertenecientes a Nicaragua ni tampoco se arrojen facultades incompatibles con el derecho internacional”.