El primero de julio se quedaron sin trabajo en el complejo nuclear de Zárate 672 empleados de la construcción, 220 supervisores y administrativos y unos 250 de maestranza, gastronomía, transporte y seguridad privada, denuncia la Uocra-Zárate. En su mayor parte, se trata de contratos que no fueron renovados por Nucleoeléctrica Argentina (Casa) y la CNEA a tres empresas tercerizadas a cargo de las obras vinculadas al proyecto Carem-25 y a la cuarta central nuclear. El Gobierno nacional, en cambio, asegura que hay sólo 141 contratos que no fueron renovados. Las obras en cuestión son las que fueron adjudicadas a Techint, que todavía no  desembarcó en el Carem,  y las de la cuarta central que financiará China (se espera que el ingreso del dinero demore como mínimo varios meses). Esto se suma al deterioro de las condiciones de trabajo en empresas privadas del rubro industrial, especialmente químico y petroquímico, lo que define una situación socio-económica muy complicada en la zona de Zárate-Campana.

“Se ha desinvertido en el Plan Nuclear. El Gobierno desfinancia obras que permitían ofrecer algún tipo de ayuda al problema energético y eso tiene además un impacto muy negativo en el empleo. En Zárate, la situación es crítica desde el año pasado, cuando soportamos fuertes bajas en la ocupación a raíz de la falta de inversión del Estado y también de las obras privadas. ¿Quién va a tomar a trabajadores si la plata rinde mucho más en el sistema financiero? Esto impacta sobre el comercio, muchos locales han cerrado y en la región vivimos una crisis social y un drama laboral”, dijo a este diario Julio González, secretario general de la Uocra-Zárate.

El gremio advierte  que  el Gobierno no renovó cientos de contratos de trabajadores vinculados a distintos proyectos en el parque industrial de Atucha. “La central Atucha II –tercer central– la pusimos en marcha. Había un montón de obras complementarias de la cuarta central que por estar desfinanciadas se fueron paralizando y que hoy dejan a la gente desocupada”, cuenta González. El grupo más numeroso de trabajadores que perdió su empleo está vinculado a la Uocra-Zárate. Se desempeñaban en las tareas de obra civil, como por ejemplo la construcción de la segunda etapa de un simulador, del edificio del almacén y el comedor, la pavimentación de calles, la demolición de las antiguas barracas de Atucha II, obras hidráulicas y laboratorios.

Se trata de las obras en el complejo industrial de Atucha vinculadas al proyecto Carem-25 y la unidad de gestión de la cuarta central nuclear, que consiste en las obras complementarias o primarias para la central nuclear que financiará China. El fondeo de esas obras está a cargo de la Subsecretaría de Energía Nuclear que dirige Julián Gadano. La gestión corre por dos empresas estatales, la CNEA en el caso del Carem y Nucleoeléctrica en las obras previas de la cuarta central. En abril del año pasado, las empresas estatales tercerizaron el trabajo en las firmas privadas Masa Argentina, Sadia y Henisa Sudamericana, que fueron las que contrataron al personal que hoy protesta por las cesantías. 

“Estas tres empresas tenían contrato vigente hasta el 30 de junio. Normalmente, esos contratos se renovaban. Ahora se vencen y a pesar de que las obras apenas están empezadas, no se renuevan. Se quedan sin trabajo obreros muy calificados, muchos que volvieron a Atucha con la reanudación del proyecto en 2003, otros chicos que fueron formados a lo largo de estos años. También fueron despedidos empleados que eran contratados directamente por Nasa. Gadano dice que se quedó sin presupuesto y que no hay una orden de parte de Macri de ampliar la partida. Para que ingrese el dinero de China para la cuarta central nuclear falta más de un año y Techint dijo que sólo absorbería a 70 personas una vez que empiece con las obras del Carem-25. En consecuencia, tenemos un pasivo laboral trágico”, dijo a este diario Facundo Ocampo, Concejal del FpV y asesor letrado de la Uocra.

El año pasado, la reducción de la plantilla del complejo de Atucha fue de 830 trabajadores. Además, 70 trabajadores arreglaron su desvinculación con retiros voluntarios. El Gobierno se comprometió a facilitar un subsidio de 4 mil pesos para los despedidos pero nunca cumplió, denuncian en la Uocra.