La provincia de Buenos Aires todavía no adhirió a las modificaciones de la ley de Riesgos de Trabajo. Los tres intentos del oficialismo en la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense para lograr el dictamen que permita elevar el debate al recinto fracasaron por falta de quórum. La medida estableció una instancia médico-administrativa obligatoria que tapona el inicio de cualquier acción judicial para terminar con las demandas judiciales. El rechazo a la adhesión cuenta con el inédito respaldo de los distintos sindicatos judiciales enrolados en la CGT y la CTA, el colegio de abogados bonaerense y agrupaciones de letrados laboralistas que hoy realizarán un foro en el anexo de la Cámara alta provincial para expresar su rechazo a los cambios.
Durante el primer encuentro, esos actores emitieron un documento advirtiendo que la adhesión sería “jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los derechos humanos”. Contra la nueva ley de Riesgos del Trabajo que las aseguradoras exigen poner en marcha, las agrupaciones y sindicatos señalaron que las Comisiones Médicas “no constituyen órganos imparciales e independientes, sus integrantes carecen de estabilidad laboral y de la competencia jurídica necesaria para resolver conflictos de intereses y derechos por lo tanto la función que se le asigna resulta claramente inconstitucional”.
