La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una iniciativa que prohíbe otorgar indultos a personas condenadas por delitos corrupción, pertenecer a organizaciones terroristas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros.
La propuesta que reforma la Ley Especial de Ocursos de Gracia, obtuvo 77 votos a favor de 84 congresistas en el Pleno, dominado por el oficialista Nuevas Ideas y sus aliados.
El texto establece que “no pueden acceder a la gracia de indulto las personas condenadas en sentencia firme, por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, además de personas que se hayan determinado que pertenecen a "organizaciones terroristas" o "agrupaciones criminales" y “funcionarios públicos que cometan algún delito valiéndose de su cargo”.
Asimismo, incluye los delitos de homicidio, feminicidio, Trata de personas, abuso o violación sexual, lavado de dinero y tráfico de drogas. Las solicitudes de indulto que se encuentren en trámite podrán continuar su curso normal conforme a la legislación anterior.
El diputado opositor del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright se mostró a favor de la medida, pero recordó las denuncias por falta de independencia judicial en El Salvador. “En nuestro país se ha desmantelado todo el sistema judicial que ha perdido su independencia. Las presiones a las cuales son sometidos los magistrados son grandes y por lo tanto, los fallos van de acorde a esas presiones y a las solicitudes que les hace el gobierno o miembros del partido oficialista”, denunció.
Claudia Ortiz, diputada opositora por VAMOS, celebró que se incluyera las “desapariciones forzadas después de una detención arbitraria, casos de corrupción que vemos en funcionarios del pasado y actualmente que también tienen señalamientos”.
Estado de excepción
Ante una escalada de homicidios por parte de grupos criminales, el presidente Nayib Bukele implementó en marzo el estado de excepción en El Salvador. La medida es cuestionada por organizaciones salvadoreñas e internacionales y se denuncia que ha permitido la violación de derechos humanos y desapariciones forzadas.
El gobierno la defiende argumentando que, según sus cifras hasta mediados de agosto, ha permitido capturar hasta el momento a 50.851 supuestos pandilleros. A fines de agosto, el gobierno reconoció que murieron en cárceles 73 personas detenidas desde que se implementó el régimen de excepción. Además, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de información a las familias de los detenidos por parte del Estado.
En cuanto a los casos de corrupción que podrán ser contemplados por esta ley, el Ministerio Público de El Salvador presentó en agosto una nueva acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por participar en una presunta red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares del Estado.
Esta acusación incluye, además, al exsecretario privado de Sánchez, Manuel Melgar, el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, Antonio Revelo Vega, la extesorera institucional de la presidencia, Daysi Armida Díaz, el ex jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, Carlos Ernesto Guerrero y otras personas del gobierno del Sánchez así como también del exjefe de Estado Mauricio Funes (2009-2014).
