Los fiscales del juicio por jurados que comenzó hoy por el homicidio de Blas Correas (17), asesinado de un balazo en la espalda durante un control policial en agosto del 2020 en la ciudad de Córdoba, aseguraron que el hecho fue "una inadmisible masacre", que fue "uno de los mayores casos de violencia institucional de los últimos tiempos" y que "solo un milagro hizo que no murieran" los cuatro amigos que circulaban en el auto con el joven.

En los alegatos de apertura del debate presidido por el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen en los tribunales de Córdoba, los fiscales consideraron que existe "documentación probatoria contundente e irrefutable desde el punto de vista objetivo sobre la responsabilidad para la condena" de los 13 policías imputados en el hecho.

Antes del inicio del juicio por jurados, la madre de Blas afirmó que durante el debate "se va a demostrar" que hubo otros responsables en el hecho, entre ellos funcionarios políticos.

“Hoy están siendo juzgados trece policías. Pero hay más. Las responsabilidades políticas llegan hasta el gobernador (Juan Schiaretti)", sostuvo Soledad Laciar al ingresar esta mañana a los tribunales de la capital provincial.

Asimismo calificó como “deshumanizada” a la fuerza policial provincial, al sostener que “luego de asesinar (a su hijo) plantaron un arma. Confío totalmente en que la justicia va a condenar. Es la única forma de que haya un cambio” en la fuerza de seguridad, remarcó.

“Hoy están aquí sus amigos. Ellos son mis hijos. Son los que trataron de salvar a Blas mientras la policía plantaba un arma”, añadió Laciar, quien ingresó a la sala de audiencia del juicio con otro de sus hijos, Juan Segundo Correas.

El hermano de Blas manifestó que “es hora de que se haga justicia. Es también hora de que el gobierno (provincial) se haga cargo de la policía que tiene y que escuche a toda la gente que vino aquí a pedir que esto que le sucedió a mi hermano no vuelva a ocurrir”.

Con la presencia de todos los imputados, la audiencia comenzó cerca de las 10 en la sede de Tribunales II de Córdoba con la lectura de la pieza procesal de elevación a juicio.

Familiares y amigos acompañaron a los padres de Blas hasta la zona de ingreso portando consignas de “justicia” por el asesinato, pero también estuvieron los representantes de Amnistía Internacional y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los primeros en realizar el alegato de apertura fueron los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo.

El fiscal Villagra calificó al crimen de Blas como un “asesinato brutal y absurdo” y que esa “inadmisible masacre es uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”.

“Atentaron contra cinco adolescentes, matando a uno de ellos, y toda la documentación probatoria es contundente e irrefutable desde el punto de vista objetivo sobre la responsabilidad para la condena de cada uno de ellos”, afirmó al referirse a los 13 efectivos acusados.

En ese contexto el fiscal añadió que no hubo ningún motivo para disparar, porque “no hubo representación de riesgos para los policías. Los chicos no tenían ningún arma”, remarcó y, de acuerdo a los protocolos, el uso de arma es una medida extrema y deber ser el último recurso para salvaguardar vidas de terceros.

Por su parte, el fiscal Hidalgo cuestionó las políticas en materia de seguridad del gobierno provincial, al sostener que “el Estado no admite que se vulneran derechos humanos”.

“Murió Blas y solo un milagro hizo que no murieran los otros chicos que lo acompañaban”, resaltó el funcionario judicial, quien agregó que existe una “máquina tropera” que la policía utiliza para “encubrir crímenes, plantar pruebas, evadir responsabilidades, falsear información y omitir poner en conocimiento de los funcionarios” las conductas delictivas.

En tanto, el abogado Alejandro Pérez Moreno, que actúa como querellante en representación de la familia de Blas, adelantó que en los alegatos finales del juicio va a solicitar “sentencia condenatoria para los 13 imputados”.

“No vamos a quedarnos solo con las condenas, vamos a solicitar que se investiguen responsabilidades administrativas y políticas. Es necesario que todos hagamos un mea culpa, sino nada va a cambiar”, adelantó.

También expusieron los restantes letrados querellantes y defensores de los acusados para luego, a las 16, pasar a cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 9.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando Blas Correas se hallaba dentro de un Fiat Argo junto a cuatro amigos con quienes iba a ir a tomar algo a un bar.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, el joven que conducía evadió un control policial porque --según reveló luego-- se asustó porque uno de los policías le apuntó con un arma a la cabeza.

En ese momento, según la investigación, el suboficial Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, mientras que el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33) disparó en dos oportunidades.

Los peritajes determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Blas, lo que le provocó la muerte, mientras que otro de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes que estaban sentadon en el asiento delantero del Fiat Argo, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías de la zona del control policial.

En este juicio, Gómez y Alarcón llegan como coautores de homicidio calificado por abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado --cuatro hechos-- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado, cuatro hechos.

Y los restantes policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan estos últimos son 'falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público'.

Hay otra causa elevada a juicio, con tres empleados del sanatorio Aconcagua (Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) imptados por "abandono de persona" y "omisión de auxilio"; se negaron a atender a Blas cuando sus amigos lo llevaron, desangrándose, a que lo atendieran en ese centro de salud.