El Colectivo de Discapacidad volvió a movilizarse este miércoles a la Plaza Congreso para reclamar contra el atraso en los pagos de las prestaciones de salud del sector tras más de una semana de acampe en Plaza de Mayo. Dentro del Congreso, por la mañana se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados en la que los representantes del sector presentaron los reclamos que vienen levantando en la Carpa Blanca montada frente a Casa Rosada. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informaron, en cambio, sostienen que los pagos "ya se encuentran regularizados".
La columna del Colectivo partió temprano a la mañana desde Plaza de Mayo, para arribar al cruce de las avenidas Rivadavia y Callao a las 9, horario en que inició la reunión de comisión en la Sala I del Anexo de la Cámara Baja. "Por cada prestación que no se paga hay derechos que se vulneran", decía uno de los carteles de los manifestantes". "En la comisión se presentó una nota con nuestros reclamos. Al día de hoy no tenemos respuestas, el martes fue la última reunión con la gente de AFIP, ANDIS y la SSS y no se llegó a ningún acuerdo ni hay noticias de la liberación de los pagos", dijo a Página/12 Lautaro Taborda, maestro de apoyo y prestador de salud en discapacidad, quien indicó que la asamblea decidió "mantener la carpa hasta que haya una respuesta favorable".
Del lado de ANDIS y la SSS, sin embargo, aseguran que la situación es diferente. En un comunicado, indicaron que "las transferencias de la AFIP a Obras Sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente". El martes ya habían informado la constitución de una mesa de trabajo "junto a prestadores del sector de discapacidad para resolver todas aquellas situaciones específicas de pagos" a la que invitaron a los prestadores independientes y a los gobiernos provinciales.
Consultados por este diario, diversos prestadores y prestadoras aseguraron, en cambio, que hasta el momento no llegaron a sus bolsillos los pagos adeudados que, según denuncian, en algunos casos corresponden a los meses de mayo y junio. "Necesitamos que se restablezca la cadena de pagos y que se pague lo adeudado", señaló Leandro, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs, que por la tarde también realizó una caravana por Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y las sedes de AFIP y la SSS.
En la reunión de comisión, Marcela Kriskovich, representante de Prestadores de Discapacidad Unidos también indicó que el sector sigue sin recibir los pagos que reclaman y advirtió que "hoy no están funcionando la mayoría de las prestaciones a nivel nacional". "La carpa blanca que hoy tenemos en la Plaza de Mayo ha logrado visibilizar y poner en agenda pública la discapacidad, porque las personas con discapacidad son sujetos de derechos", añadió Kriskovich.
Además de la restitución de la cadena de pagos, el Colectivo agregó otros reclamos en la nota presentada ante la comisión. "Hay demoras en las autorizaciones de tratamientos y falta de cobertura de prestaciones y equipamiento", alertaron las familias, mientras que los y las prestadoras sumaron que "cobramos 3 o 4 meses después de la prestación y los aumentos no se corresponden con la realidad del país". "La mayoría somos trabajadores monotributistas. Yo eventualmente estoy dentro de una fundación que me deriva el trabajo pero no hace más que eso, el principal problema con nuestro trabajo es que estamos a la deriva", contó a este diario Taborda.
Desde ANDIS y la SSS aseguraron, por su parte, que "la discapacidad en su conjunto es una prioridad del Gobierno nacional, prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones". Además, sostuvieron que "esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios haya tenido un aumento acumulado de 320 por ciento desde el 2019". La semana pasada, el Ministerio de Economía negó que haya o vaya a haber recortes presupuestarios en el sector.
Durante la reunión en la Cámara de Diputados, representantes de diversos sectores también manifestaron otras problemáticas más allá de las prestaciones. Pedro Crespi, director ejecutivo de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) informó que "el 95 por ciento de las personas con Síndrome de Down no trabajan" y reclamó que se trabaje sobre esa realidad. Además, pidió detalles del proyecto de una nueva Ley de Discapacidad en la que se encuentra trabajando el Ejecutivo.
Por el lado de la Red de Padres de TGD, Verónica Vera advirtió que algunas obras sociales tienen la intención de "llevar el trastorno del autismo a condición, con la intención de sacar derechos a personas con TEA", por lo que planteó que "no se debe permitir que CEOS y millonarios manejen la salud pública". Ana Donis, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad recordó la medida del Gobierno de Mauricio Macri, que dio de baja a miles de pensiones contributivas. En este sentido, reclamó que el Congreso avance con la sanción de una ley de apoyo, otra de asignación económica, una ley de cuidados y una de prestaciones básicas para personas con discapacidad.