La "brutalidad" con que se cometieron los hechos de abuso sexual y femicidio de Rocío Vera, en Reconquista, quedó expuesta ayer en la audiencia preliminar donde Fiscalía y querellas pidieron pena de prisión perpetua para los cuatro hombres acusados. La víctima tenía 14 años y se encontraba en estado de vulnerabilidad social cuando fue atacada en una vivienda abandonada de la localidad ubicada al norte de la provincia de Santa Fe. Tras la presentación de las pruebas, la causa quedó a un paso del juicio oral y público, que esperan para la primera mitad del año que viene.

La madrugada del 12 de julio de 2020, los hechos comenzaron en una casa que los vecinos de la zona identificaron como "aguantadero", donde la víctima fue "golpeada y forzada”. Un grupo de hombres de entre 21 y 30 años fueron imputados tres días después y quedaron en prisión preventiva. Juan Godoy, Leonardo Godoy, Brian Altamirano y Pascual Fagundes están acusado por la violencia y sometimientos cometidos contra la adolescente y como coautores del femicidio. Además, hay dos adolescentes con causa en la Justicia de Menores.  

Tras el calvario de aquella noche, el cuerpo de la joven fue encontrado en la tarde del día siguiente en un descampado. Rocío tenía 14 años y estaba embarazada de ocho semanas. La acusación es por los delitos de femicidio, es decir, la muerte violenta agravada por mediar violencia de género; además de los agravantes por haber actuado con alevosía, por la intervención de menores de edad y por ser críminis causae, en concurso real con abuso sexual.

La abogada Carolina Walker, querellante en representación de tres asociaciones civiles, -Juanito Laguna, Democracia Directa y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos- y por una de las hermanas de Rocío, señaló que la parte acusadora coincide en la teoría de los hechos, mientras que la defensa realizó diferentes planteos que serán analizados por la jueza Claudia Bressan en un plazo de cinco días, para luego dar lugar a la elevación de la causa a juicio. La letrada habló de la "brutalidad" con la que se cometió el ataque contra la adolescente.

Por su parte, el querellante del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) Valentín Hereñú, en representación de la madre, planteó que para la familia resulta "movilizante" cada instancia, y que esperan con expectativa el momento del juicio en el que se prevé que haya unos 50 testigos.

Cuando imputó los hechos, el fiscal Aldo Gerosa relató que “la víctima fue convencida de concurrir al lugar y, cuando ingresó, los imputados –junto a dos menores de edad– le dijeron que la iban a violar”, a lo que “la niña se negó, comenzó a gritar e intentó resistirse, pero comenzó a ser golpeada y forzada”. Al mismo tiempo, indicó en su acusación que todos los varones "se pusieron de acuerdo para llevarla a un pastizal lindero", donde continuó el ataque y donde perdió la vida por "traumatismo de cráneo, golpes, heridas y fracturas”, tras agonizar en el lugar.