Después de dos años y a pesar de maniobras dilatorias, el Consejo de la Magistratura tratará mañana las denuncias en contra de Javier Anzoátegui y José María Rizzi, jueces integrantes del Tribunal Oral en los Criminal y Correccional N°8 de la Ciudad de Buenos Aires. En octubre de 2020, organismos públicos y organizaciones sociales pidieron su juicio político porque habían denunciado a funcionarios y organismos que garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente. “A pesar de los avances en el proceso para lograr la remoción de los jueces, el consejero (Pablo) Tonelli, como presidente de la Comisión de Acusación, intenta poner trabas en el tratamiento de la acusación y deshacerse del expediente, perpetrando así la impunidad de estos jueces”, dicen organizaciones feministas.

La reunión, que es pública y se transmitirá virtualmente, se desarrollará en la sala de plenario del Consejo de la Magistratura, en Libertad 731 (piso 2), a las nueve de la mañana. Organizaciones feministas, trabajadoras judiciales y organizaciones sociales invitan a reclamar en presencia por una justicia con perspectiva de género y feminista. Se teme una nueva dilación del tratamiento del expediente.

Antes de la feria judicial el expediente se trató en la Comisión de Disciplina del Consejo. Allí, el el consejero Pablo Tonelli, diputado del PRO que hoy preside la Comisión de Acusación, pidió que esta denuncia pasara a la Comisión de Acusación. Hubo una primera convocatoria de reunión para el jueves pasado pero en el temario del día no se incluyó el tratamiento de la acusación a los dos jueces, realizada por la diputada del Frente de Todos y consejera Vanesa Siley. Finalmente, después de una nota realizada por este diario y una carta de Amnistía Internacional dirigida al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, y al mismo Tonelli, en la que detalla la gravedad de los pronunciamientos judiciales de Rizzi y Anzoátegui, se citó a la reunión de la Comisión de Acusación para mañana y la acusación contra ambos jueces está en el temario.

En octubre de 2020, Página/12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.

La primera denuncia contra la actuación de los jueces fue de Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres y Julieta Arosteguy, docente de Salud y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quilmes, luego le siguieron otras: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, gremio de judiciales SITRAJU, Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del fiscal César Troncoso.

Para que avance el proceso se debe aprobar en esa comisión el pedido de acusación, realizado por Siley. Luego, pasaría al plenario del Consejo, para que Rizzi y Anzoátegui reciban la acusación y se puedan defender. Recién en esa instancia, el plenario del Consejo debería votar si corresponde o no la apertura de un juicio político, otra sanción o nada.