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El Ministerio de Desarrollo Social dio de baja los planes Potenciar Trabajo de 40 mil jóvenes que cobran la beca Progresar, por “incompatibilidad'' de estas prestaciones. Los movimientos sociales, que el lunes habían denunciado la medida con una conferencia de prensa, hicieron protestas frente a las sedes de Anses, para reclamar que el gobierno modifique las resoluciones que declaran incompatibles estos dos Programas. La medida implica un ahorro de $1.300 millones mensuales para el Estado nacional, y avanzó en el marco del recorte de partidas pedido por el ministro de Economía Sergio Massa y las auditorías a los planes sociales.
En Libres del Sur contaron que el sábado, día de cobro de los Potenciar, muchos trabajadores de este programa se encontraron con que no tenían depositado el salario Social correspondiente a las tareas realizadas en el mes de agosto. La coordinadora territorial de la organización, Silvia Saravia, señaló que los jóvenes que estudian y trabajan con el Plan Potenciar fueron dados de baja sin previo aviso.
"El gobierno ajusta a los que peor la vienen pasando, parece que no tienen empatía con los más pobres. El FMI manda, y el gobierno ejecuta su plan de equilibrio fiscal a cualquier costo", opinó. “El castigo recae ahora en aquellos y aquellas que con mucho esfuerzo trabajan y estudian. Es un mensaje nefasto".
La jornada de protesta fue convocada por Libres del Sur junto a la Coordinadora por el Cambio Social y el MST Teresa Vive. Hubo marchas a las delegaciones de Anses en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, los manifestantes concentraron en la esquina de Córdoba y 9 de Julio para ir a la sede central del organismo.
El ajuste es un gesto político, una señal de que el gobierno tiene la decisión de controlar los planes sociales. En términos de ahorro real, no será significativo. La beca Progresar es de 7.400 pesos —está destinada a que los estudiantes permanezcan escolarizados—, mientras que el Potenciar es un salario complementario de 24 mil pesos para trabajadores de la economía popular que se desempeñan en cooperativas, emprendimientos o hacen tareas sociocomunitarias. A quienes fueron dados de baja les conviene renunciar a la beca y mantener el Potenciar, y una vez que lo hagan el ahorro se reducirá a un tercio. Sin dudas habrá más protestas para revertir la decisión, con un argumento legítimo: se está perjudicando a quienes estudian y trabajan.
La medida pega en un sector de gran fragilidad social. Según demostró una investigación del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) realizada con apoyo de la Unicef, la inversión pública en adolescentes y jóvenes de los sectores populares se redujo en un 20 por ciento en los últimos diez años. La investigación coordinada por Adriana Clemente se centró en el Conurbano, pero refleja una realidad nacional: las políticas de promoción de derechos para los adolescentes de los sectores populares son prácticamente inexistentes. La tendencia es que el Estado llega cuando los chicos ya tienen conflictos con la ley o cuando han sido vulnerados.
Por otra parte, entre 2015 a 2019 se redujo la cantidad de adolescentes que terminan el secundario, una tendencia que la pandemia agravó. La idea de que ahora se queden sin la beca de estudios puede ser efectiva en términos de discurso político, pero difícilmente lo sea en términos de resultados sociales.
En el ministerio de Desarrollo Social confirmaron que las bajas fueron 40 mil —aunque hablaron de “suspensiones”— , y detallaron que el único ingreso compatible con el Progresar Trabajo es la Asignación Universal por Hijo. Allí explicaron que para recuperar el cobro del Potenciar, los estudiantes deberán primero darse de baja de la beca.
Desde la puerta de la Anses, la referenta del FOL Damaris Rolón dijo que están impulsando dos reclamos en paralelo. “Por un lado, le pedimos a la ANSES que reciba a les estudiantes sin turno, de manera urgente, para que puedan darse de baja y recuperar el cobro del Potenciar. Si no los atienden sin demora van a perder no sólo el cobro de agosto sino también el de septiembre. Al mismo tiempo vamos a insistir ante Desarrollo Social para que revierta su decisión. Por ahora nos contestaron que no tiene solución porque es una incompatibilidad administrativa de origen, pero lo cierto es que no venían haciendo estos cruces, es algo nuevo”.
“Estas bajas son muy graves porque afectan a la población que más dificultades tiene para ingresar al mercado laboral. Se supone que son a quienes el gobierno más quiere ayudar, porque son jóvenes que estudian y trabajan. No tiene sentido que le quiten el apoyo a quienes están haciendo ese esfuerzo”.
