“A nadie se le cruza por la cabeza que un hombre con HIV tenga que decirlo todo el tiempo, todos los días, y eso es lo que pasa en el transporte público con las personas con discapacidad”, aseguró a Página/12 Varina Suleiman, abogada y profesora de la UBA. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó hoy al Estado entregar una tarjeta SUBE a un hombre con discapacidad para que pueda viajar y no sea maltratado y discriminado al presentar el certificado de discapacidad.

La sentencia cautelar se da en el marco de una acción de amparo colectivo, que inició en 2019 E.A., que tiene retraso mental y epilepsia, por el cual es beneficiario de la gratuidad del transporte terrestre a partir de la Ley 22.431.

Para poder acceder al beneficio debe presentar ante choferes y trabajadores de transporte el Certificado de Discapacidad. "Muchas veces los choferes y pasajeros del colectivo lo discriminan al ver que tiene una discapacidad", sostuvo Suleiman que lleva adelante el caso. "Los choferes no lo quieren llevar y para aquellos que es menos evidente la discapacidad le piden que la demuestre y no le creen", agregó.

Además, al no tener acceso a una SUBE ante un siniestro las personas con discapacidad a diferencia de los demás pasajeros deben presentar infinidad de papeles, testigos, cámaras que demuestren que estuvieron al momento del hecho. La tarjeta magnética simplifica este tipo de situaciones, ya que posee un registro de los viajes, que al ser presentado permite acelerar los juicios para cobrar el seguro de transporte.

La cautelar que fue aprobada en primera instancia y confirmada por la Cámara se basó en la Ley 24.901, que establece la inclusión de todas las personas con discapacidad y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.

La misma ordena al Estado Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, que le otorgue a E.A. la SUBE y el seguro de viaje correspondiente, por el plazo de seis meses o hasta que salga la sentencia definitiva, que le permita acceder a la misma junto con las demás personas beneficiarias.

Si en la sentencia definitiva E.A. gana el juicio, podrían obtener la tarjeta magnética todos aquellos que sean beneficiarios hoy por hoy del derecho a viajar.

Es importante aclarar que los jubilados, las empleadas domésticas, los beneficiarios de la AUH e incluso los estudiantes tienen acceso a una tarifa diferencial y acceden con la SUBE sin tener que mostrar ningún papel adicional.

El hecho de no tener la SUBE, cuenta E.A., lo imposibilita de entrar por ejemplo al baño en aquellas estaciones que para poder entrar necesitan que se apoye la tarjeta. "Si en el subte no está la persona que maneja el molinete tienen que quedarse a un costado esperando sin poder pasar", dice Suleiman. Y añade que: "Tienen que pasar por una puerta al costado. No pueden pasar como cualquier otro. Están creando un gueto, como en los '60, con las personas negras en Estados Unidos que viajaban aparte".

Aquellas personas que tienen una discapacidad que no es visible a simple vista, aseguró la letrada, sufren mayor discriminación. "Muchas veces se asocia la discapacidad con querer ser ventajero o vivo, y estamos hablando de un derecho", remarcó.

“Todos deberían viajar en igualdad de condiciones, porque el derecho está pero se ejerce de distinta manera”, señaló la abogada. "Es un colectivo que siempre es abordado por la lástima y no por el derecho. La SUBE no es caridad, es un derecho, que deberían ponerlos en igualdad de condiciones, no al contrario”. Concluyó.

Con la ley nacional 22.431 que establece la gratuidad del servicio para las personas con discapacidad se inició en 2019 una acción de amparo colectivo para que no sea necesario tener que presentar dicho certificado.

El hombre desde el 2015 viene luchando para obtener una SUBE y tuvo que pasar varias peripecias hasta llegar a esa instancia.

En mayo de 2016 ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se abrió el expediente 13896983, cuyas actuaciones fueron remitidas a la Jefatura de Gobierno, que a su vez envió el trámite a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). En septiembre de 2016, el damnificado también hizo lo propio ante la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).

En febrero de 2018 la CNRT le informó que había resuelto que no era competente para atender su solicitud. Cuando E.A. le reclamó al Ministerio de Transporte , no le dieron una respuesta y se acercó a la cátedra de Práctica Profesional de la UBA, a cargo de Suleiman, con su reclamo buscando ayuda, y así poder iniciar el recurso judicial. En 2019 la cátedra le otorgó el patrocinio gratuito.

Informe: Mercedes Chamli.